Fernando López Gutiérrez
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La elección de gobernador en el Estado de México es un proceso determinante para la sucesión presidencial del 2018. Al ser la entidad federativa con el mayor número de electores, el bastión priista más importante en el país y el lugar de nacimiento de Enrique Peña Nieto, su dirigencia tiene una importancia estratégica, práctica y simbólica que la coloca como un objetivo prioritario para los principales partidos políticos.
No obstante el arraigo del PRI en el Estado de México, la contienda electoral del próximo año no le resultará sencilla. La mayoría de las encuestas muestran que este partido tiene ventaja en las preferencias ciudadanas; sin embargo, al comparar a los posibles candidatos, la panista Josefina Vázquez Mota supera a cualquiera de sus contrincantes potenciales en las intenciones de votantes. La posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD complica el escenario para el PRI, que ya ha dado muestras claras de que está desplegando todos los recursos a su disposición para operar y ganar en la elección mexiquense.
La manera en que la Administración Pública Federal está trabajando para captar la preferencia hacia el partido en el gobierno por parte del electorado del Estado de México es activa y descarada. El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, se ha presentado en diversos actos públicos en dicha entidad federativa para hacer entrega de despensas y recursos e insistir en las obras que el Gobierno de la República ha realizado en la entidad. En las diversas dependencias de gobierno se han establecido planes concretos para fortalecer la atención que se brinda a la población en los diversos municipios mexiquenses: basta observar las actividades de gestión, apoyo y difusión que se llevan a cabo desde las diferentes Secretarías de Estado para ratificarlo.
Aunque el PAN y el PRD han denunciado las prácticas mencionadas, no parece que éstas vayan a cesar y seguramente habrán de intensificarse, en el plano público y en la operación en tierra —casi siempre ilegítima— en la que los priistas mexiquenses son expertos. Las autoridades federales han decidido intervenir en el límite de la interpretación de lo que permite la legislación electoral y apuestan a que el INE no aplicará una sanción que ponga en riesgo su objetivo de triunfar en la elección.
En este contexto, si las autoridades electorales no toman medidas al respecto y actúan de forma estricta, el proceso electoral para el cargo de gobernador en el Estado de México podría convertirse en uno de los más sucios en la historia electoral reciente en nuestro país y en un antecedente nocivo para la legitimidad del proceso federal electoral del 2018. Con los indicios que ya se observan deberían encenderse las señales de alerta para la supervisión y el control de una elección en la que se juega tanto para la vida democrática de México.