Prof. Flaviano Jiménez Jiménez
En las campañas políticas que actualmente se llevan a cabo para renovar a la Cámara de Diputados, de nivel federal, únicamente el Partido Nueva Alianza (PANAL) se ha pronunciado abiertamente por el mejoramiento de la educación y especialmente en favor de la escuela pública. Los demás partidos políticos se han concretado a estigmatizarse entre ellos, como si la descalificación, el agravio, el denuesto o la injuria fuera el quid para solucionar los graves problemas que padece la sociedad. En el mejor de los casos, estos partidos se refieren ambiguamente a la seguridad, al empleo y al salario, pero sin decir específicamente a qué se comprometen, ni cómo concretarían sus confusos planteamientos.
¿Por qué es importante, en las actuales circunstancias y del futuro, destacar y pronunciarse a favor de la escuela pública? Porque hay grupos ideológicos y de poder fáctico que presionan a los legisladores y a las autoridades para privatizar la educación (con miras de hacer negocios). Prueba de ello, estos grupos han logrado que, a partir de las últimas reformas, ya no se mencione la escuela pública en el texto del Artículo Tercero Constitucional. Se alude el derecho a la educación de calidad, el desarrollo integral del ser humano, la educación basada en el progreso científico, los derechos humanos, la educación de carácter nacional, la educación como promotora de una sana convivencia, entre otros aspectos; pero expresamente la escuela pública no aparece en la redacción actual del Artículo Tercero.
¿Qué pasaría si los grupos de poder logran sus propósitos y convencen a los legisladores para privatizar la educación? Simple y llanamente millones de niños, adolescentes y jóvenes se quedarían sin estudios; porque está demostrado que de cada 100 únicamente seis o siete familias estarían en condiciones de pagar estudios a sus hijos en escuelas privadas; el resto no estaría en posibilidades de sostener los estudios de sus descendientes aun cuando se les apoyara con bonos o becas. En tal virtud, es absolutamente necesaria la permanencia de la escuela pública para asegurar sus servicios a la población desprotegida. Hubo tiempos en que los gobiernos hacían grandes esfuerzos para instalar escuelas públicas, conforme el espíritu del Constituyente de l917, y de esta forma atender toda la demanda educativa; sin embargo, en las últimas décadas gradual y progresivamente se fue dejando que los particulares se encargaran de atender gran parte de la demanda educativa, de manera que hoy cuentan con una cantidad considerable de planteles en todos los niveles. Los siguientes datos dan una idea más clara de sus avances cuantitativos: en el país existen 274 normales públicas y 210 privadas; esto es, el 44% de las instituciones formadoras de docentes está en manos de particulares, cuando es responsabilidad de los gobiernos del Estado Mexicano formar maestros para el sistema educativo. Y en el caso concreto de Aguascalientes, según los últimos datos publicados por el Instituto de Educación, en educación superior funcionan 17 instituciones públicas y 21 particulares; es decir, el 55% son privadas. En educación media superior (bachillerato) 125 planteles son públicos y 112 privados; esto es, el 47% de las instituciones está en poder de los particulares; lo que indica que el Estado tan sólo dispone con un 53% de planteles públicos para atender a todos los egresados de secundaria, por lo que miles de estudiantes se ven obligados a pagar sus colegiaturas en las preparatorias particulares, a pesar de que la educación media superior constitucionalmente ya es obligatoria y gratuita. En relación con la educación básica, la situación es como sigue: entre jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, suman mil 430 escuelas públicas y las privadas ascienden a 288, que representan cerca del 17% del total de escuelas básicas existentes.
De conformidad con los datos expuestos, en la educación superior y media superior, hay una presencia importante de escuelas privadas; y en la educación básica abarcan el 17% del total de planteles. Este último porcentaje, de la Entidad, es similar en todo el país, por lo que las presiones de privatización, se han centrado precisamente en la educación básica. Años atrás, los grupos ideológicos y de poder protestaron airadamente y se opusieron a los textos gratuitos de primaria, quemando toneladas de estos libros. El gran negocio de vender libros a los escolares se les fue de las manos, por eso orquestaron protestas y se opusieron a la entrega gratuita de los libros. Hoy, estos mismos grupos han venido orquestando, de manera sistemática, agresiva campaña en contra de los maestros y de la escuela pública, con el fin de justificar su desaparición y abonar a la privatización educativa.
Ante este orden de cosas y las calumnias, los candidatos a las diputaciones del Partido Nueva Alianza han salido al frente para defender la permanencia de la escuela pública y, con ésta, asegurar el derecho a la educación gratuita de niños, adolescentes y jóvenes, provenientes de las familias de escasos recursos. Los maestros harán lo propio, mejorando su enseñanza; y los padres de familia otro tanto, apoyando a sus hijos en su mejor formación. ¿Qué harán los demás candidatos cuando sean diputados? Sobre el particular se les piden dos cosas: que apoyen a la escuela pública y que aprueben presupuesto suficiente para que ésta otorgue educación de calidad.