Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

El ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira, fue detenido en España acusado de lavado de dinero. Las acusaciones en su contra no son nuevas y van desde acusarlo de que subordinados suyos usaron documentos falsos para endeudar ilegalmente a su estado (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/moreira-acusaciones-e-investigaciones-en-su-contra.html) hasta asociarlo con la banda criminal de los Zetas. Pero es hasta ahora que se le ha llamado a rendir cuentas ante la justicia… española. También las autoridades de Texas tienen abiertas diversas investigaciones en su contra y de colaboradores suyos. En México no se le investiga ni persigue.

Recientemente gobernadores de todos los partidos se han visto envueltos en escándalos: los del PRD en Michoacán, los del PAN en Sonora y Aguascalientes y los del PRI en Nuevo León, Tabasco, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, entre muchos otros. De tan frecuentes, los escándalos ya no son noticia. Acusados de actos de corrupción o por comprometer el futuro de sus estados con deudas impagables y ponerlos al borde de la quiebra, los gobernadores han estado más allá del alcance de la justicia y gozan de impunidad.

De estar sometidos los gobernadores a un control férreo desde la Secretaría de Gobernación en las épocas en que gobernaba un solo partido a todo el país, cuando el Presidente de la República ponía y quitaba gobernadores como si fueran sus empleados, el rompimiento de la hegemonía del PRI desató las fuerzas centrífugas destructivas en nuestra frágil federación.

En publicaciones anteriores mencionaba que lo que ha fallado a nivel federal en el combate a la corrupción es la carencia de un Congreso y un Poder Judicial que actúen verdaderamente como contrapesos del Poder Ejecutivo y se atrevan a investigar y combatir casos de corrupción. En las entidades federativas ocurre lo mismo. El Congreso de Coahuila aprobó sin reticencias uno de los endeudamientos más escandalosos de un estado en la historia reciente del país. Pero lo mismo hizo el Congreso de Michoacán, estado que hoy en día está prácticamente en quiebra, y los congresos de Chihuahua y Campeche, por nombrar algunos. Ninguno de estos congresos ha investigado a sus gobernadores acusados de corrupción ni se han opuesto a las decisiones irresponsables de los mismos. Los congresos locales no están cumpliendo con su función. Están sometidos a consignas partidistas que se empeñan en defender a sus gobernadores sin importar el interés público. La política estatal se ha convertido en política de camarilla y conveniencias y en algunos casos, en política mafiosa.

Aunque la elección de gobernador es la que más reflectores atrae, quizá la elección más importante es la de los diputados locales. Es en los congresos estatales donde se puede hacer algo de contrapeso a los abusos de los malos gobernadores; evitar endeudamientos irresponsables e investigar actos de corrupción. Para ello se necesitan más candidatos a diputados independientes, mejores perfiles, vocación de servicio y que el votante les preste mucha más atención a esas elecciones que a la de gobernador. Incluso, a falta de una solución más efectiva, lo ideal sería votar dividido. Votar por el candidato a gobernador de un partido y por el candidato a diputado de un partido diferente al del gobernador o bien por un candidato independiente. Ojalá surjan más candidatos a diputados locales independientes como en Jalisco con el diputado Pedro Kumamoto.

En las elecciones locales de este año se elegirán 12 gobernadores, 965 alcaldes y 388 diputados locales de los cuales Aguascalientes elige gobernador, 11 alcaldes y 27 diputados locales. (http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Calendario_Electoral/). En Aguascalientes los partidos más importantes ya tienen a sus candidatos a gobernador y se trata de un duelo entre ex alcaldes de la capital. Habrá que sopesar los méritos de cada uno y sobre todo sus resultados. Pero antes que analizar sus propuestas de gobierno, habrá que ver si usaron su puesto para beneficiarse en lo personal. Analizar si en sus acciones de gobierno como presidentes municipales se beneficiaron ellos y su red de amigos y parientes con actos de corrupción y si su patrimonio personal y el de sus parientes tiene un origen legítimo. México ya no debe tolerar gobernantes corruptos.

Desafortunadamente, no existen instancias independientes e imparciales que investiguen a los candidatos. Mucho ayudaría que existiese una fiscalía internacional tal como la que existe en Guatemala y que permitió encarcelar a un presidente de ese país, para que realizara esas investigaciones.

Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad han impulsado la iniciativa de que los candidatos hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, su declaración de impuestos y su declaración de conflictos de interés, para lo cual han puesto al servicio de la comunidad una plataforma en internet. Ojalá en Aguascalientes los candidatos sí las presenten. Si bien este mecanismo tiene sus limitaciones, pues es voluntario y con base en la buena fe de los candidatos y una investigación a fondo por una instancia imparcial sería más eficaz, en este momento no hay mejores alternativas.

Idealmente sería mejor tener gobernadores que no fueran corruptos y/o irresponsables, pero si esto no se puede garantizar, por lo menos un Congreso Estatal fuerte e independiente podría actuar como contrapeso efectivo. Espero que en Aguascalientes haya buenos candidatos, que publiquen sus tres declaraciones, que los electores investiguen a fondo a sus candidatos y que voten dividido para evitar la política del encubrimiento y la complicidad.

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