Jesús Eduardo Martín Jáuregui

*Comisión de la Verdad de Oaxaca.

El 29 de octubre de 2006 a las 8.30 de la mañana en un restaurante que ya no existe en avenida Universidad frente al Campestre, que se llamaba algo así como los Antojos de la Abuela habíamos quedado de encontrarnos para desayunar el entonces subsecretario de Gobernación señor Felipe González González y el antes de entonces, entonces y después de entonces líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes señor Alfredo González, con una encomienda de la asociación Aguascalientes Gran Visión. Don Felipe llegó unos minutos tarde y Don Alfredo nunca llegó. Don Felipe me comentó que llegaba muy desvelado porque la noche anterior había sido llamado de urgencia a una reunión del gabinete de seguridad nacional que se había prolongado hasta bien entrada la noche y casi de madrugada había regresado a Aguascalientes.

Antier 29 de febrero, la Comisión de la Verdad de Oaxaca dio a conocer el resumen ejecutivo con la presencia de tres de sus principales integrantes Marina Patricia Jiménez, Alejandro Solalinde Guerra (sí. quien está usted pensando, desocupado lector), y Diego Enrique Osorno. La comisión fue creada por decreto 2056 del Congreso de Oaxaca y desempeñó su quehacer entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, gastándose 18’173,000.00 pesos, que según dicen es lo que se gasta el gobierno federal en los medios de comunicación cada tres días. La finalidad de la Comisión fue investigar y en su momento dar a conocer la “verdad” del conflicto social en Oaxaca en 2006 que inició con un movimiento magisterial apoyado por grupos y personas de la sociedad civil que tenían el objetivo común de lograr la destitución del entonces gobernador, de infausta memoria, Ulises Ruíz.

En 2006 en Oaxaca el descontento estalló con la ocupación de la plaza principal de la capital, que luego se extendió a la toma de edificios públicos, bloqueo de carreteras, barricadas en las calles de la ciudad, paros en las escuelas, manifestaciones y todo tipo de expresiones de descontento lidereadas por los organismos sindicales magisteriales. La respuesta del gobierno estatal en un principio, reforzado después con el apoyo del gobierno federal fue violenta buscando controlar la inconformidad. El informe de la Comisión consigna varios operativos que en su concepto constituyeron violaciones graves a la legalidad, quebrantando el principio de presunción de inocencia, la garantía del debido proceso y otras muchas garantías, hoy derechos fundamentales.

El informe habla de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura sistemática y generalizada, agresiones a periodistas, y otras muchas acciones que hacen presumir violaciones a los derechos humanos en un grado tal que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. La COV dió a conocer que el informe completo será presentado en la Alameda Central de la ciudad de Oaxaca el próximo mes de abril. Las conclusiones establecen que a partir de ese 2006 se dió una escalada de violencia por parte de la autoridad que ha desembocado en lo que ahora consideran una crisis nacional de derechos humanos, que habría tenido su culminación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el pasado septiembre de 2014.

Hay una parte en el informe de la Comisión en que hace referencia al testimonio que rindió el (ex) Presidente Fox y Sra. Fox, aunque a decir verdad no se aclara si fue la pareja presidencial o sólo media pareja presidencial. ¡Cómo se extraña al vocero presidencial que nos podría aclarar estas incógnitas!. El L.A.E. Fox manifestó que la noche del 28 de octubre de 2006 para amanecer el 29 se tomó una decisión que implicó acabar con “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (rebus sic stantibus), ya que después del terrible 2 de octubre ningún presidente había querido utilizar el ejército como lo hizo en aquella infausta ocasión el presidente Díaz Ordaz.

La decisión que aquella madrugada tomó el presidente Fox, (Es claro que dado el sistema presidencialista mexicano, no obstante la reunión de un gabinete especializado en seguridad nacional la resolución es de una sola persona) fue una decisión que matizó o por mejor decir, ocultó la intervención del ejército. Las fuerzas militares del ejército y la marina, en un número que se ha estimado en varios miles de efectivos, entraron en la ciudad de Oaxaca con uniformes de la Policía Federal. El Ejército, su Estado Mayor, se encontraba reacio a participar en acciones que se estimaban propias de la policía y no de las fuerzas armadas. Por otra parte, era evidente que existía una preocupación generalizada de que la intervención militar en funciones policíacas pudieran provocar una desestabilización y eventualmente un fortalecimiento de los liderazgos militares que evidenciaran la incapacidad de los mandos civiles para mantener el orden. Afortunadamente, lo he consignado en otras ocasiones, el ejército emanado de la revolución con una conformación eminentemente popular ha dado repetidas pruebas de su lealtad a las instituciones civiles.

La declaración del (ex)presidente Fox es sorprendente (parece que el L.A.E. Fox nunca deja de sorprender), pero aceptar haberse valido de un subterfugio para esconder la actuación de las fuerzas armadas, constituye indudablemente una responsabilidad que, pudiera ligarse a los resultados que la Comisión de la Verdad de Oaxaca consignan como violatorios de derechos fundamentales, y si mucho apuran, constitutivos de delitos que por su naturaleza son imprescriptibles. Más aún el L.A.E. Fox afirma que inicialmente la SEDENA fue renuente a participar en las acciones de Oaxaca, pero finalmente la decisión presidencial se impuso.

Los corolarios a la difusión del informe de la COV son impredecibles. Dicen que decía el genial (así le dicen, no se por qué) mimo Mario Moreno Cantinflas: “En México no pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa, no pasa nada”. Los resultados serán cuestionados seguramente desde la integración de la Comisión, su pertinencia, su atingencia, su representatividad, su imparcialidad, su metodología, su probidad, etc.. En otros países revelaciones como las que ahora conoceremos, en otro contexto por supuesto pero con alguna similaridad, no han servido para lograr una mayor cohesión nacional, no han logrado la superación de prácticas antidemocráticas y antihumanas, y no han conseguido una mejoría de las condiciones de gobernabilidad ni de transparencia de la función pública. El reto que ojalá asumiéramos los mexicanos es involucrarnos en la cosa pública de tal suerte que la hagamos realmente “pública”, y que logremos transformar nuestra incipiente democracia participativa en una sólida, fuerte y transparente democracia deliberativa. Ojalá que la difusión del informe de la COV y otros de naturaleza similar sirvieran para apuntalar ese reto.

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