La corrupción frena la economía y causa pobreza y desigualdad

Por Jesús Álvarez Gutiérrez

Durante meses hemos discutido en este espacio cuáles son los principales frenos a nuestra economía, condenada a crecer a un ritmo raquítico de dos por ciento anual en las primeras dos décadas del presente siglo, apenas arriba del aumento demográfico.

Independientemente de que nuestra economía se ha mostrado demasiado vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales, debemos también reconocer que hay obstáculos internos para el crecimiento. Estos últimos se pueden agrupar en tres categorías: primera, los monopolios y cuellos de botella en sectores estratégicos como el financiero, el energético y las comunicaciones y telecomunicaciones; segunda, la bajísima productividad laboral derivada de un sistema educativo, cultural y científico de escasa calidad y pertinencia para la creatividad, la innovación y el emprendimiento; tercera, la ausencia de un estado de Derecho, ausencia que se hace visible en altos niveles de corrupción, impunidad e inseguridad.

De alguna manera los obstáculos referidos a las dos primeras categorías están siendo atendidos por las llamadas reformas estructurales. Desgraciadamente en los temas relacionados con la corrupción no ha habido avances similares sino retrocesos notables; en lugar de contenerse, la corrupción se ha agudizado con la alternancia partidista; tampoco la creación de infinidad de organismos públicos con autonomía constitucional parece haber servido para fortalecer las instituciones y el estado de Derecho. En una escala de 0 a 100 donde cero es totalmente corrupto, nuestro país alcanza una calificación cercana a 35 puntos (Corruption Perceptions Index, Transparencia Internacional). México ocupa en 2016 el lugar 95 entre 168 países evaluados, es el último de los miembros de la OCDE e incluso está debajo de la media en América Latina. Entre las instituciones más corruptas, la población mexicana ubica la policía, los partidos políticos y los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, en ese orden.

José Alfredo Coutiño, director para América Latina de la consultoría especializada Moody’s Analytics –una de las empresas líderes en asesoría a inversionistas, análisis de riesgos y calificación de bonos gubernamentales–, advirtió en días pasados que la disparidad del ingreso en México no se debe propiamente al capitalismo salvaje o la globalización económica, sino a “la existencia de privilegios y la forma en que el gobierno asigna los contratos a grupos privados” (*). Estos son los factores que aceleran la acumulación de riqueza en pocas manos y dejan fuera al resto. No deja de resultar paradójico, subraya el periódico nacional La Jornada en un reciente editorial, que la señal de alerta provenga, no de la izquierda, sino de una de las consultoras claves para la operación del neoliberalismo financiero.

Falta de transparencia, abuso de poder, otorgamiento de privilegios y, sobre todo, obstáculos a una competencia más libre y justa son las razones del lento crecimiento económico y la concentración del ingreso, señala Coutiño.

La desigualdad económica se puede ver en el floreciente ambiente de negocios de una clase empresarial y burócrata bien pagada y con privilegios, mientras la mayor parte de la población, los mexicanos comunes, resisten jornadas laborales desde muy temprano en la mañana hasta ya bien entrada la noche para poder afrontar al menos el gasto diario de la familia.

“Éste es el México dual donde la disparidad de ingresos entre privilegiados y desfavorecidos puede alcanzar decenas de veces, y no precisamente porque los primeros sean más productivos que los segundos, como se esperaría que fuera en un sistema de competencia justa, sino porque pertenecen a la élite político-empresarial”. “Al frente de empresas privadas e instituciones públicas es fácil encontrar directivos ineptos, llegados a sus cargos por recomendación o compadrazgo”.

“El otorgamiento de los contratos públicos a grandes corporaciones a través de privilegios y ventajas, elimina a los demás postores, y con ello la posibilidad de una asignación eficiente del gasto público. Los procesos de privatización, por su parte, tampoco han resultado exitosos porque el gobierno permite la concentración de esa industria en pocas manos. En este sentido, la desigualdad social se debe precisamente a la actuación de las autoridades”, remata Coutiño.

La promoción de una educación masiva y de baja calidad contribuye a los bajos salarios generalizados; la población escolarizada termina refugiada en el mercado informal, o bien se acomoda en sectores totalmente ajenos a su profesión. De manera transitoria, la pobreza extrema se puede reducir en las estadísticas a través de transferencias públicas que elevan el ingreso familiar por encima de la línea de pobreza a lo largo de un periodo de gobierno, o, peor aún, a través de inducir respuestas tipo “mi familia come sano, variado y suficiente” en las encuestas de Coneval. Pero el mercado interno se encuentra deprimido y desarticulado –factor que impide y seguirá impidiendo tasas mínimamente satisfactorias de crecimiento económico.

El tipo de organización de la desigualdad descrito por Coutiño ayuda a comprender la disfuncionalidad económica en que se encuentra sumida la nación y la aparente incapacidad de la clase política y empresarial para detonar una reactivación económica al ritmo que el país requiere al menos para evitar que empeoren las condiciones de vida de la población en general.

(*) El texto completo de Coutiño se encuentra en : “Income Inequality and the Role of Government: The Case of Mexico”, publicado en el Journal of Emerging Markets, Vol 20, Spring/Fall 2016.

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