Fernando López Gutiérrez

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La publicación de una regla por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativa al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos preparados generó un amplio debate en los últimos días. Las particularidades del texto sobre dicho tema, contenido en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, fueron motivo de confusión y críticas, al grado de propiciar una serie de acciones aclaratorias por parte de las autoridades fiscales de nuestro país.

Algunos de los grupos que protestaron por la medida señalaron que la regla en cuestión era contraria al Acuerdo de Certidumbre Tributaria, a través del cual la presente administración se comprometió desde inicios de 2014 a no modificar el marco recaudatorio vigente. Al respecto, la explicación del SAT es correcta; en efecto, no se trata de un nuevo impuesto sino de una aclaración del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que señala lo siguiente:

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

No obstante lo anterior, algunas de las opiniones en torno a los límites y efectos negativos que podría tener la medida, así como a los motivos que propiciaron la publicación de la regla hasta estos momentos del sexenio, no han sido respondidas de manera convincente.

Si durante tantos años el SAT no ha podido hacer valer la Ley en lo que respecta al impuesto mencionado, es difícil creer en sus capacidades para lograrlo por medio de una lista que, si bien detalla algunos de los alimentos sujetos de gravamen, puede estar supeditada a múltiples interpretaciones y mantener omisiones claras. Además, extraña que, después de tantos meses de iniciada la administración, apenas se haya identificado una deficiencia que según argumenta la autoridad fiscal afecta la “aplicación de precios en igualdad de condiciones y establecimientos.” Adicionalmente, en cuanto a los efectos que el cobro del impuesto podría tener en los consumidores, no existen elementos o criterios para asegurar que el IVA no será trasladado al consumidor mediante un incremento en los precios.

Todos estos aspectos requieren de mayor información para aclarar las dudas de la ciudadanía. Cuando existe evidencia precisa que sustenta las decisiones gubernamentales, incluso temas tan complejos como los fiscales, pueden generar consenso y niveles de aceptación y respaldo suficientes.