Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

Hace un año, la periodista Carmen Aristegui, entonces conductora de uno de los programas de noticias por la radio de mayor audiencia y su equipo de reporteros de investigación, publicaron el reportaje acerca de la casa que estaba construyendo la Sra. Angélica Rivera, esposa del presidente Peña, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Cd. de México. Dos aspectos llamaban la atención: un avalúo que estimaba el costo de la mansión en unos 7 millones de dólares y el hecho de que fuera construida por Grupo HIGA, contratista de los gobiernos del Estado de México y el federal; esta empresa, junto con otros socios, acababa de ganar uno de los contratos más grandes de este sexenio, el tren México-Querétaro con un costo de 58 mil millones de pesos.

Los reporteros que realizaron aquella investigación publicaron recientemente un libro describiendo cómo llevaron a cabo dicha investigación y sus hallazgos. Parte del éxito de esta investigación fue gracias a las leyes de transparencia.

Se podría pensar que este reportaje no tuvo mayores consecuencias pero no es así. Los periodistas fueron despedidos y la conductora Carmen Aristegui perdió su programa en la radio; la construcción del tren México-Querétaro fue cancelada y ya no se construirá este sexenio; la primera dama tuvo que vender la famosa “casa blanca”; el presidente Peña nombró Secretario de la Función Pública, Secretaría que tenía dos años acéfala, para pedirle que investigara este caso y la adquisición de otra casa ubicada en Malinalco, hecha por el ahora Secretario de Hacienda, ambas casas ligadas al mismo contratista, Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; asimismo, después de dos años de estar detenidas, el presidente impulsó las reformas constitucionales anticorrupción. El reportaje afectó la imagen del presidente quien se vio cuestionado por la prensa nacional e internacional y las redes sociales explotaron con comentarios negativos. El reportaje, pues, tuvo consecuencias importantes.

Pero un sector de la opinión pública, esperaba algo más, incluso pedían la destitución del presidente, como si esto fuera posible. Y es que de acuerdo al Art. 108 constitucional, al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Así que no había materia para juzgar al presidente por este asunto. Sin embargo, el propio presidente Peña pidió que el caso fuera investigado por la Secretaria de la Función Pública. Al concluir la misma, el Secretario Andrade determinó que no hubo falta alguna. Los resultados de la investigación están a la vista de todos (http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes).

Si consideramos que México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo (http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/03/24/10-cifras-sobre-la-violencia-contra-periodistas-en-2014), cualquier periodismo de investigación puede adquirir dimensiones heroicas. No me refiero al caso de la periodista Aristegui y su equipo, quienes por su visibilidad gozaban de una protección que no tienen tantos otros que han sido agredidos y hasta asesinados en estados y municipios donde realizaban sus labores. Pero aun para una periodista con la visibilidad de Aristegui, este reportaje le costó perder su noticiero en la radio y a sus reporteros, su empleo.

El periodismo de investigación es muy necesario en cualquier democracia, ya que es un elemento de la rendición de cuentas. Uno de los casos emblemáticos del periodismo de investigación fue el caso Watergate que llevó a que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, renunciara. Las investigaciones de los reporteros del Washington Post, Woodward y Bernstein, no fueron propiamente los que hicieron renunciar al presidente: su reportaje detonó un proceso institucional el cual ocasionó la caída de Nixon. Por una parte, se nombró a un fiscal especial para investigar el caso, en la fiscalía general de aquel país perteneciente al poder ejecutivo. Tan independiente resultó, que Nixon lo destituyó en medio de un gran escándalo. El juez encargado de investigar a los ladrones que irrumpieron en las oficinas del partido demócrata en el complejo Watergate, profundizó en el caso sin importar a qué personajes tocara. La Cámara de Senadores estableció una comisión investigadora que empezó a citar e interrogar a los más altos funcionarios de aquella administración y sus audiencias fueron televisadas. La Suprema Corte de Justicia obligó a entregar grabaciones incriminatorias que había hecho Nixon. La Cámara de Representantes preparó los primeros artículos para proceder a la destitución del presidente; de no haber renunciado Nixon, la Cámara de Senadores lo hubiera condenado a la cárcel. Como podemos apreciar, la renuncia de Nixon no se dio gracias a un trabajo de investigación periodístico bien hecho, sino a que las instituciones de ese país funcionaron; a que el balance de poderes es genuino y permitió hacer la investigación a pesar de la oposición del presidente Nixon.

En México no tenemos las leyes adecuadas ni una división de poderes lo suficientemente fuerte como para realizar investigaciones al más alto nivel del gobierno si fuera necesario. Tuvo que ser el propio presidente Peña quien ordenara a uno de sus colaboradores el investigar sobre los posibles casos de conflicto de interés. Quienes podían realizar una investigación independiente, los poderes Legislativo y el Judicial, no lo hicieron.

Es necesario que haya periodismo de investigación serio para que avance la democracia y el combate contra la corrupción y la delincuencia. Pero mientras no haya una clara división de poderes e instituciones independientes y fuertes, no habrá un caso como Watergate en México.

_______________________________________________________________

http://octaviodiazgl.blogspot.mx/   http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/   Correo: odiazgl@gmail.com