Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, el pasado lunes y en una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) le entregó al Presidente de la República el informe que contiene los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas del ejercicio académico, institucional y ciudadano denominado “Justicia Cotidiana”.

Este trabajo fue encomendado por el propio presidente Peña Nieto en noviembre pasado y fue financiado con recursos del propio CIDE, consistiendo en la organización de una serie de foros de consulta ciudadana en donde participaron diversos centros académicos, instituciones públicas y representantes de la sociedad civil, todos ellos coordinados por el mismo CIDE. Entre las universidades que intervinieron en este loable esfuerzo destacan la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y orgullosamente nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Según el propio estudio, por “justicia cotidiana” se entiende “las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática”. Dentro de dicho concepto, están incluidas diversas vertientes de lo que conocemos como justicia, como serían las materias civil, familiar, mercantil, administrativa, laboral y la llamada “de proximidad”, esta última vinculada a la atención de los problemas originados por la misma convivencia social, particularmente en las comunidades, vecindarios y ciudades. Del análisis quedó excluida la justicia penal por no ser, del todo, “cotidiana” (sólo 13% de los asuntos jurisdiccionales tramitados en las entidades federativas, según datos del INEGI, 2014).

La lógica central del documento se reduce a que “un sistema de impartición de justicia que funciona bien permite que las personas recobren la confianza tanto interpersonal como en las instituciones, al encontrar respuestas adecuadas a sus problemas y facilitando su salida de la informalidad y la marginación jurídica”. En cambio, “una justicia lenta e ineficiente crea un entorno de incertidumbre que afecta negativamente las condiciones de crecimiento y bienestar”.

En total, se llevaron a cabo siete foros temáticos, entre enero y febrero de este año, en los que participaron tanto ciudadanos, aportando testimonios de sus experiencias personales, como grupos interdisciplinarios de expertos en la materia, quienes analizaron y deliberaron acerca de diversas problemáticas. Adicionalmente, se efectuaron otros ocho foros especializados (entre enero y marzo), en los que intervinieron jueces y magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados de la República. Asimismo y de forma simultánea, la ciudadanía en general pudo aportar a la consulta por medio de una plataforma interactiva a la que se ingresaba a través de una página web. Finalmente, se hizo la consulta directa a múltiples organismos nacionales e internacionales, como lo fue el caso de la CNDH y la OCDE.

En resumidas cuentas, el informe contiene una serie de conclusiones y propuestas, las cuales deberán ser analizadas y, en la mayoría de los casos, consideradas por los tres órdenes de gobierno para su implementación. En lo que corresponde a las conclusiones, comparto con Usted las principales:

  1. Los procesos jurisdiccionales son largos, costosos y poco flexibles.
  2. Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado de la misma contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos.
  3. Se percibe a la justicia como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social.
  4. Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto.
  5. Las personas que enfrentan un conflicto frecuentemente no saben a dónde acudir y cómo obtener los servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

De la plena identificación de la problemática a atacar, se desprenden un conjunto de propuestas, ubicadas en dos grandes apartados. El primero de ellos, son 20 propuestas para generar un plan de acción que permita mejorar, en el corto y mediano plazos, el acceso a la justicia en nuestro país y comenzar a ofrecer una “justicia cotidiana” efectiva. Algunas de estas propuestas le corresponde su estudio al Ejecutivo Federal, otras, a los demás Poderes de la Unión, otras a los Estados de la República y otras tantas implican un debate mucho más profundo para tomar decisiones en el corto plazo.

El otro bloque de propuestas, siete en concreto, tienen que ver con el armado de una agenda para contar un gobierno judicial eficaz y que garantice que los poderes judiciales sean independientes, que los jueces sean autónomos y capaces, que se provean a los tribunales de las condiciones materiales necesarias para proporcionar servicios de calidad y que se cuente con mecanismos de supervisión y control de la labor jurisdiccional.

Por cuestiones de tiempo y espacio, me es imposible la reproducción de toda esta gama de propuestas. Sin embargo, si Usted es un estudioso del Derecho o simplemente, como un buen ciudadano, le interesa que mejore la calidad de la justicia que se imparte en México, lo invito a que se interiorice en el contenido de este informe, el cual lo puede consultar íntegramente a través de la página web www.justiciacotidiana.mx

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

 

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