Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, la semana pasada comenté con Usted las características, presupuestos y bondades de contar con un modelo de justicia constitucional a nivel local e hice mención de los Estados de la República que han marcado la pauta en este tema.

Debo señalar que este modelo de protección a las Constituciones Locales se desdobla y ejerce mediante un sistema mixto, al contar tanto con un sistema de (auto) control difuso y un sistema de control concentrado.

En el primer caso, estamos hablando de que todo Magistrado o Juez del Poder Judicial Estatal, en el ámbito de su competencia jurisdiccional, podrá desaplicar una norma que esté en desacuerdo con el principio de supremacía constitucional, es decir, que sea contraria al texto y espíritu de la Constitución Política del Estado.

En el segundo caso, nos referimos a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se erige como Tribunal Constitucional Local para conocer de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de protección de derechos humanos.

Respecto al sistema de control concentrado, los casos más avanzados y exitosos son los del Estado de Coahuila, en lo referente a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y el de Veracruz, en lo que corresponde a los juicios de protección de los derechos humanos.

En el caso de Coahuila de Zaragoza (denominación oficial de este Estado), su Constitución Local, en el artículo 158, prevé que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de Tribunal Constitucional Local, conoce de las controversias constitucionales locales (con excepción de las que se refieren a la materia jurisdiccional electoral), que se presenten entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los Municipios, las entidades paraestatales y paramunicipales y los organismos públicos autónomos.

Asimismo, dicho numeral constitucional también prevé que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia debe resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma o acuerdo de carácter general y la Constitución Estatal, debiendo ser promovidas por el titular del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el 10% (al menos) de los integrantes del Poder Legislativo o de un Ayuntamiento, los organismos públicos autónomos y los partidos políticos nacionales y estatales.

Por otro lado, en el caso de Veracruz de Ignacio de la Llave (misma aclaración), el artículo 64 de su Constitución señala que el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por tres Magistrados, que será competente para conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos, por actos o normas de carácter general que conculquen (quebranten o vayan en contra de) derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve. Esto quiere decir que la Constitución veracruzana cuenta con una robusta parte dogmática que reconoce, en favor de quienes habitan en dicho Estado, un catálogo de derechos humanos adicionales a los ya consagrados en la Constitución Federal.

Por su parte, Veracruz cuenta con una Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos, mediante la cual se regulan los aspectos procedimentales de este mecanismo de protección constitucional. En dicho ordenamiento, se determina que este juicio es sumario y de una sola instancia, regido por los principios de legalidad y de suplencia de la queja a favor de la parte agraviada, y procede contra cualquier acto, hecho u omisión de la autoridad que violente los derechos humanos de las personas físicas o morales.

Dicho juicio debe ser promovido por quien o quienes reciban un agravio personal y directo, por el acto de autoridad violatorio de los derechos humanos, mientras que las sentencias dictadas por la Sala Constitucional no admiten recurso alguno y deberán ser cumplidas dentro de un término no mayor a 48 horas, contadas a partir del día siguiente a aquel en el cual surtió sus efectos la notificación a las autoridades responsables.

Sin duda alguna, los ejemplos anteriormente expuestos dan muestra de que un modelo de justicia constitucional local es operante y conveniente para cualquier Estado de la República, en la búsqueda permanente de proteger y preservar la vigencia y observancia de su propia Constitución Local. Ojalá que en Aguascalientes empecemos a estudiar con mayor detalle e interés este tema, considero que es el momento oportuno para dar un paso adelante en esta materia, como así lo han hecho otras Entidades Federativas.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

 

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