Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, terminó el maratón Guadalupe Reyes y es momento de volver a la normalidad en nuestras vidas y, con ello, también a la regularidad en la emisión de esta columna, esperando gozar, por un año más, de su lectura y acompañamiento, así como del intercambio de ideas y opiniones. Aprovecho estas líneas para enviarle a Usted y sus seres queridos un afectuoso abrazo acompañado de mis mejores deseos para este año 2016 que apenas comienza, sobre todo, mucha salud, armonía, amor, felicidad y prosperidad.

En esta primera colaboración editorial del año, quisiera comentar con Usted el tema de la “justicia constitucional local”, el cual recientemente he estado estudiando con motivo de una investigación útil para un proceso interno en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Empecemos por afirmar que un principio fundamental de toda Constitución Política es el de la supremacía, colocando a este ordenamiento por encima del resto del sistema jurídico nacional y de la actuación de cualquier tipo de autoridad. Sin embargo, para que esa supremacía constitucional sea efectiva y se salvaguarde su permanente vigencia, resulta necesario que la propia Constitución Federal establezca una serie de mecanismos o instrumentos que velen por la protección de la misma, como lo son, en el caso de nuestro país, el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

¿Pero qué acontece en el caso de las Constituciones Locales?, ¿también son supremas?, ¿quién las protege y permiten mantener su regularidad? La respuesta a todas estas interrogantes sólo nos la puede dar la denominada “justicia constitucional local”.

Partamos de dos reflexiones que hace el jurista mexicano Luis Efrén Ríos Vega, en su ensayo publicado en el libro “Constitucionalismo local”, cuya compilación corrió a cargo del maestro David Cienfuegos Salgado. Al respecto, Ríos Vega nos dice que “Si los Estados son libres para darse su Constitución y sus Leyes, deben ser libres también para darse su propia justicia constitucional que defienda la regularidad constitucional en su régimen interior”.

Asimismo, afirma que “Los Estados no han asumido plenamente el rol que les corresponde en la defensa de la Constitución. Los tribunales locales también pueden contribuir al desarrollo democrático del país por medio de la protección constitucional, no sólo es tarea del Poder Judicial Federal”.

De ahí pues que se deben identificar las características y los presupuestos de la “justicia constitucional local”, a efecto de identificar una definición de la misma y sus alcances como medio de control constitucional en las Entidades Federativas.

En cuanto a las características, debemos resaltar tres de ellas, a decir del mismo autor ya mencionado, siendo las siguientes: Es una garantía de control jurisdiccional de la supremacía constitucional local y dicha función debe depositarse en los órganos jurisdiccionales estatales, su objeto es dirimir, de manera definitiva e inatacable, los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito interior de un Estado de la República y su finalidad es mantener la regularidad y vigencia constitucional de una Entidad Federativa.

En cuanto a los presupuestos, en palabras del autor César Iván Astudillo Reyes, en su ensayo titulado “La justicia constitucional local en México: Presupuestos, sistemas y problemas”, hay que considerar a tres de manera particular, los cuales son el institucional, consistente en el principio de autonomía estatal como fundamento de validez para la existencia de varios ordenamientos jurídicos dentro de un sistema jurídico nacional, el formal que tiene que ver con los principios de supremacía y rigidez constitucional como condición necesaria para el encuadramiento racional y efectivo del constitucionalismo local, y finalmente el político, entendido como el pluralismo democrático y la convergencia de fuerzas políticas y sociales como punto de equilibrio.

Este tema de la “justicia constitucional local” es relativamente reciente y no ha sido lo suficientemente explorado por todas las Legislaturas Estatales. Los Estados de la República pioneros en implementar este sistema en sus Constituciones son Veracruz (año 2000), Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala (2001), Chiapas (2002), Quintana Roo (2003), Nuevo León y Estado de México (2004). A partir de ellos, otras Entidades Federativas han empezado a implementar modelos similares, sin que Aguascalientes haya decidido entrar en el debate de este tema ni mucho menos su adaptación en el texto de nuestra norma fundamental.

Por el momento, debo dejar la escritura hasta este punto, pero el próximo sábado seguiré ampliando la información y los comentarios sobre este interesante tema. Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

Correo electrónico: carlosromo38@hotmail.com

Twitter: @josecarlos_romo