Juan Sergio Villalobos Cárdenas
 Maestro en Derecho

Hay noticias que cimbran: Tres mujeres sorprenden en el interior de su casa a ladrón, le dan muerte; un pasajero da muerte a ladrones que asaltan a los pasajeros de un transporte público; habitantes de cierto poblado detienen y linchan a ladrón… la lista de sucesos como éstos es amplia y estremece porque la constante es la misma: el ciudadano ha tomado la justicia en sus propias manos.

Hace más de diez años un abogado defendía ante un sínodo su tesis para obtener el grado de maestría. El fundamento filosófico de ese trabajo recepcional establecía que la justicia no es en realidad un fin sino un proceso continuo y constante cuya finalidad es lograr la restitución del equilibrio de principios jurídicos fundamentales que debe existir entre los diversos entes que participan en la sociedad y que reciben el nombre genérico de justiciables (individuos, empresas e incluso órganos de la administración pública). ¿Y qué son esos principios jurídicos fundamentales?, según el autor de la tesis, aquellos que permiten el pleno desarrollo de las capacidades y aptitudes humanas (la vida, la libertad, la educación, etc.)

Podemos estar o no de acuerdo con esto, pues muchas y muy diversas han sido las definiciones y conceptualizaciones que se han hecho de la justicia a lo largo de la historia, pero una cosa es cierta: el proceso de restitución de equilibrios jurídicos -o justicia como genéricamente se le llama- no corresponde a los justiciables instrumentarlo, sino al Estado mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza derechos tales como tener armas en nuestros domicilios para poder defender nuestras propiedades y posesiones, así como nuestra integridad personal y de nuestras familias (artículo 10); también podemos -y debemos si se encuentra en nuestras posibilidades- detener a quién está cometiendo un delito (Artículo 16). Pero no podemos hacer justicia por propia mano pues existe prohibición expresa del artículo 17 de la Carta Magna. No podemos ser jueces y verdugos. Entender y observar esto es garantizar nuestra subsistencia misma como sociedad y como Nación. Hacer justicia por propia mano es un sofisma porque eso no puede ser justicia, es una justicia falsa, es en realidad una venganza, casi siempre libada con sangre.

Pero, ¿acaso no tengo derecho a defenderme si soy atacado? Sí, es un derecho de toda persona defenderse y tal derecho debe respetarse. El artículo 27 del Código Penal del Estado contempla como causa de justificación de una conducta punible el actuar en legítima defensa tanto de bienes propios como ajenos. Pero la misma ley señala que repeler un ataque debe estar en proporción con la amenaza. La muerte del atacante debe ser siempre la última y la menos deseada de todas las opciones posibles, y debe tener como presupuesto que la propia vida esté en peligro, que no haya absolutamente otra alternativa para salvaguardar la vida o la integridad propia de la persona o familia y este ataque debe ser además real, inminente y actual. Matar o linchar a un ladrón capturado no es, ni remotamente, legítima defensa.

Y es en este punto donde se revela otra variable que es importante plantear. ¿Qué hace un pueblo que se siente defraudado por el sistema de impartición de justicia de su país?; ¿cómo aliviar el hartazgo de todo un pueblo que advierte con impotencia como ciertos politiquillos hacen pillerías y se evaden como por arte de magia de la acción de la justicia?, ¿o como atemperar la frustración de quién después de una extenuante jornada laboral aborda un transporte público en el que es despojado de lo poco que ha ganado y debe llegar a casa con las manos vacías? Si la seguridad es un anhelo no cristalizado; si se le ha vedado el derecho de hacerse justicia por propia mano, ¿Qué le queda al gobernado? Cuando el pueblo comienza a tomar la justicia en sus propias manos es tiempo que el Estado mexicano haga una profunda reflexión autocrítica y acepte que existen fallas institucionales cuya solución ya no es posible postergar más. No basta crear todo un nuevo sistema de justicia penal (que dicho sea de paso sólo ofrece respuestas sancionadoras y restitutorias para el crimen ya cometido), es necesario hacer una reforma integral y profunda del entramado social y del sistema político-jurídico. La injustica o rompimiento de equilibrios jurídicos fundamentales también se da hacia y en perjuicio de quienes delinquen. ¿Ya se les dio educación?, ¿tienen oportunidades de empleo bien remunerado? El Estado mexicano es el único responsable de otorgar a estas personas todas aquellas oportunidades educativas, laborales y culturales. Y hago énfasis en la educación. Los valores cívicos como la honestidad, el respeto a la ley, el respeto al derecho del otro, el trabajo y la solidaridad inculcados desde la infancia es lo que permitirá mantener a los jóvenes en el trabajo honesto y en el respeto a las leyes y apartarlos de la delincuencia en todas sus facetas y variantes. En tanto el Estado mexicano entiende esto, los ciudadanos tienen que seguir lidiando y defendiéndose día a día de la inseguridad y la delincuencia. En tanto el Estado mexicano se da por aludido de estas urgencias, los ciudadanos se manchan las manos con la sangre de los delincuentes. Que desgracia para una sociedad vivir en constante ruptura de los equilibrios de los principios jurídico fundamentales.