José Luis Macías Alonso

 

El derecho no es lo que dice la ley, sino lo que dicen que dice la ley.

Proverbio popular de los pasillos del Palacio de Justicia.

Sorpresas da la vida, pero más las dan los hombres. Apenas hace unos días nos enteramos de la decisión que tomaron en votación dividida los Magistrados de la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en decretar la nulidad de la elección para diputado federal por el Distrito 01 del Estado de Aguascalientes, en donde el PRI, a través de su candidato Gregorio Zamarripa, obtuvo el triunfo con más de 32,000 votos.

Con asombro de propios y extraños, (hasta del mismo Magistrado Presidente Marco Antonio Zavala según sus reacciones que muestra en el video de la sesión), los Magistrados Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, exponiendo una argumentación llena de contradicciones propia del síndrome de la chimoltrufia (como digo una cosa digo la otra), determinaron revocar la declaración de validez de una elección que ya había sido contada y recontada, voto por voto, casilla por casilla, en razón de que el candidato triunfador arribó al centro de votación que le correspondía en compañía del Gobernador del Estado.

¿Cómo llegaron a esta conclusión jurídica? El camino utilizado fue igual de tenebroso que su resultado.

Primer acto. Aunque no me lo pidas, yo te lo doy. Ni los propios abogados del Partido Acción Nacional, al momento de interponer la demanda del juicio de inconformidad, pensaron en la posibilidad de anular todo un proceso electoral, pues éstos, únicamente solicitaron mediante nueve endebles argumentos, la nulidad de la votación de determinadas casillas donde los resultados electorales eran adversos a sus intereses y donde, bajo su apreciación, se habían cometido diversas irregularidades. No obstante esto, el primer paso dado por los magistrados, fue concluir que de lo narrado en la demanda, estaban ante hechos materia de una anulación completa de la elección.

Segundo acto. Si te faltaron pruebas, yo te las doy. Luego de situarse bajo su interpretación, en un caso de nulidad de la elección, y viendo que la demanda ni siquiera señalaba la sección electoral donde había ocurrido el hecho y no contenía los pruebas suficientes (los videos, según la jurisprudencia 4/2014, al ser pruebas técnicas, no gozan de valor probatorio pleno, es decir por sí mismos son insuficientes para acreditar hechos), optaron por investigar de forma exhaustiva los sucesos del camión donde viajaba el candidato, en todos los medios de comunicación así como en portales de difusión del Gobierno del Estado para preparar su siguiente paso.

Tercer Acto. El camión afectó la mente de más de 32,000 personas. Para que un hecho, distintos de los expresos en el artículo 41 constitucional, sea generador de una nulidad de la elección debe de transgredir los principios rectores del proceso electoral y cuando menos debe de gozar de tres elementos: que sea sustancial, que sea determinante y que sea generalizado. Éstas tres cualidades, explicadas de forma breve, significan que: 1) el hecho debe concretarse materialmente, en tiempo determinado, con consecuencias objetivas y con plena identidad de quienes la cometieron; 2) el hecho debe tener un nexo causal con el resultado electoral ya sea de forma directa o bien indirecta dada una gravedad extrema que así lo obligue y; 3) el hecho tuvo repercusiones e incidencia en todo el electorado.

Así, para la mente de éstos dos juristas, el haber estado, el diputado triunfador en compañía del Gobernador, en un camión con imagen gubernamental, durante varios minutos de la mañana del 7 de junio en un centro de votación de Jesús María fue un hecho determinante en el comportamiento electoral de todos los ciudadanos del distrito 01, incluso de los que viven por ejemplo, en las localidades de la Congoja en San José de Gracia o de la Presa de los Serna en Calvillo.

Despreciando el último criterio de la Sala Superior plasmado en la sentencia SUP-JRC-0071-2014 que señala que lo publicado en redes sociales no puede considerarse como una propaganda electoral pues exige para quien lo ve una acción volitiva considerable, éstos jurisconsultos del derecho electoral mexicano resolvieron que una publicación en twitter difundiendo la foto del Gobernador con el candidato, tuvo efectos generales dentro de todo el distrito 01, incluso en todas las localidades que carecen de acceso a internet, por ejemplo.

Concediendo que la conducta consistente en acompañar a un candidato y difundir dicha acción fuera sancionable, es notoriamente evidente que la misma por sí sola es insuficiente para determinar la anulación completa de la elección pues de forma clara se observa que la misma no reúne las tres cualidades necesarias para producir una nulidad.

Es triste ver casos como éstos donde no se ocupa ser peritos en derecho electoral para identificar que la razón fue desplazada, el derecho pervertido, la realidad distorsionada y la lógica olvidada. Hechos como éste no sólo atentan contra el estado democrático, sino que ofenden al electorado y abonan a la falta de credibilidad y desprestigio de las instituciones.

Afortunadamente, nada está dicho aún, la reivindicación de la debida impartición de justicia, el imperio de la ley y el triunfo de la razón, está ahora en manos de la Sala Superior misma que tendrá que resolver en los próximos días el recurso de reconsideración recién interpuesto por el PRI que busca modificar esta lamentable y ya célebre resolución que no huele, sino que apesta a tufos políticos más que jurídicos.

@licpepemacias