Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Ahora se puede decir. Cuando en los últimos años de la administración de la pareja presidencial L.A.E. Vicente Fox y Sra. Fox se tuvo que lidiar con la desocupación de Oaxaca en manos de los contingentes, por no decirles hordas, de la CNTE, reunido el gabinete de de seguridad discutió la posibilidad de que el ejército participara abiertamente en la “reconquista” de la Antequera, prevaleció la idea de que si salía el ejército de los cuarteles, sería muy difícil, por no decir casi un trabajo de Hércules, regresarlos. Se supo. Se filtró que no todos en el estado mayor veían con simpatía que los cuerpos militares asumieran tareas policíacas. De hecho su intervención se encuentra, por decirlo suavemente, caminando por el borde externo de la legalidad. La Constitución limita claramente sus funciones en tiempos de paz y desde luego no existe la de asumir funciones policíacas. En Los Pinos se llegó a una solución salomónica, quizás santiagónica, pero no vicentina. Cuerpos del Ejército y de la Marina se disfrazarían de policías federales y así entrarían a recuperar la ciudad. Materialmente eran la milicia, formalmente se guardaron las apariencias y los cuerpos militares permanecieron acuartelados.

El presidente Calderón con una vocación militar que le quedaba grande, como le quedaba grande aquel atuendo azul zeta del Ejército, en que se hizo retratar y se difundió tan solo para ser objeto de escarnio y burla, realizó una declaración de Guerra contra el Crimen organizado, que después matizó como “combate”, y que desgastó la imagen del ejército particularmente luego de su desastrosa campaña en el estado de Michoacán, “El Michoacanazo”, que resultaba obviamente de particular interés para el Presidente. Mal parado el ejército y mal parada la institución presidencial, que tomó la decisión pasando por encima del Senado, facultado constitucionalmente para opinar en materia de declaración de guerra. El ejército habrá que decirlo ha cumplido forzadamente con una labor para la cual no se encontraba preparado y que las circunstancias le han hecho asumir con responsabilidad y patriotismo, pero…Eduardo Buscaglia, que se ha especializado en el estudio de la delincuencia organizada y su combate en América, ha señalado que ante el endurecimiento del combate y la utilización de armamento sofisticado, la delincuencia responde armándose con material bélico moderno e igualmente sofisticado, como sucedió con el lanzagranadas seguramente con detector de calor con el que se derribo el helicóptero militar hace unos días en Jalisco.

El sexenio de Calderón terminó con números rojos, rojísimos, el número de muertos, el número de desapariciones forzadas, el número de secuestros, el número de adictos, el número de cargamentos de drogas, el número de carteles, etc., etc.. El desgaste fue mayúsculo y al hacer cuentas, el déficit fue alto para el gobierno. Las conclusiones parecían relativamente obvias, el combate abierto en la forma que se planteó, sin el acompañamiento de la investigación policíaca, la que para detrimento de la inteligencia, llaman “inteligencia”, solo habían logrado pulverizar los grandes grupos delicuenciales volviendo más complicado su combate. Por otro lado resulta descorazonador que los datos oficiales se ven contradecidos por la realidad, peor para la realidad dirán algunos, pero a fin de cuentas la credibilidad de por sí menguada de la autoridad, se ve debilitada aún más.

El gobierno de la república aparentemente decidió modificar el concepto Calderoniano. La “guerra” no rindió los resultados esperados. Se imponía un replanteamiento de la política de combate al narcotráfico y a las actividades paralelas que surgen concomitantes a esa actividad delincuencial. En principio el Ejército a partir de la resolución del caso Radilla por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue señalado como violador de DH y por la resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego, por la obligada acción del Congreso de la Unión hubo de modificarse el Código de Justicia Militar, para ratificar lo que ya decía la Constitución. Las cortes marciales no pueden conocer de asuntos en los que se encuentren afectados o imbuidos “paisanos” que es el concepto que utiliza la Constitución.

El aparente cambio de enfoque permitió que se redujeran drásticamente el número de quejas en contra del Ejército por violaciones a los Derechos Humanos, al extremo de que en la segunda mitad del año pasado al presentarse el Programa Nacional de Derechos Humanos en el Palacio Nacional, el Presidente de la República felicitó al Secretario de la Defensa por esa razón. Poco duró ese nuevo enfoque. Tlatlaya y Ayotzinapa mostraron para mal, que persisten unidades en los cuerpos militares que siguen actuando al margen cuando no en contra de la Constitución. Si ya era cuestionable y confusa la actuación militar los recientes acontecimientos en el estado de Jalisco obligan a una revisión de la política del gobierno federal y la actuación del Ejército.

Nadie podrá dudar de que el inicio de la operación Jalisco enfocada contra el cartel Jalisco Nueva Generación, fue un lamentable fiasco. Lo menos que se puede considerar es que hubo filtraciones en la planeación y ejecución que permitieron que los delincuentes estuviesen preparados, para la respuesta violenta que dieron al menos en 4 estados y en los que se puso de manifiesto que su organización y logística compite con la de los cuerpos policíacos y aún los militares.

El anuncio de que el Ejército asume el mando de los operativos de combate a los grupos de delincuencia organizada en Jalisco, sorprende y preocupa. Sorprende porque regresa a una medida que ha mostrado lamentablemente que no ha sido la solución. No la fue en Chihuahua, no la fue en Tamaulipas, no la fue en Michoacán. Preocupa porque el anuncio tiene implicaciones legales y de Derechos Humanos que no son lo mejor para un país que está siendo señalado en el plano internacional como un país en que no se respetan los derechos fundamentales, se aplica de manera generalizada la tortura, tiene un alto nivel de corrupción y un altísimo nivel de impunidad.

Decretar que el Ejército se hará cargo del “mando policíaco” en Jalisco equivale a declarar un virtual “estado de sitio” que sólo podría hacerse con formalidades extremas y con la participación del Congreso de la Unión y acotado en tiempo y espacio. Las autoridades electas formalmente no pueden ser suplantadas por decisión presidencial. El regreso al Presidencialismo y al autoritarismo no será la forma de salir de los conflictos de una sociedad democrática y republicana. Ojalá las instituciones ciudadanas reclamen su autoridad y su papel. En una república no debe, no puede ser de otra forma.

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