La reforma al Código Penal del Estado, para que se indemnice a los que sean encarcelados injustamente, es un paso muy importante al definir el derecho que le asiste a los ciudadanos de exigir la reparación del daño causado, sin embargo debería de haber un castigo mayor al que acusó falsamente y el que dictó sentencia sin contar con los elementos suficientes.

El famoso “usted disculpe”, con el que comúnmente salía el encausado, dejó de ser válido al modificarse el artículo 201, el cual señala que si el procesado sale en libertad al no haberse acreditado culpa alguna y se dicte el sobreseimiento de la causa, o se resuelve su total inocencia, debe ser desagraviado social y económicamente, sea porque así lo determine la autoridad judicial, o en cumplimiento de la acción del amparo.

Aunque no existe documentalmente el número de expedientes que acrediten cuántas personas han dejado la prisión, luego de que pudieron demostrar que no cometieron el delito del que se les acusó, en los casos que se han ventilado públicamente nunca ha habido una sanción al acusador, no obstante que quedó confirmado el dolo con que actuó, como tampoco se sabe de un juzgador que fuera llamado a cuentas por haber decretado un castigo sin contar con pruebas contundentes, que muchas provocó que el procesado pasara años tras las rejas.

Para terminar con estas “lagunas” legales, que eran aprovechadas para venganza entre particulares o el cobro de cuentas en la administración pública y el medio político, se incluyó en la enmienda que las indemnización se pagará del Fondo creado para tal efecto y posteriormente, por la vía civil, se podrá exigir la cantidad erogada a los particulares que hubieran contribuido al error judicial, en tanto, si los implicados son burócratas deberán reembolsar lo que corresponda, aplicándose la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con lo anterior se podrán acabar las famosas “vendettas” vecinales y entre funcionarios o compañeros de trabajo, que urdían una intriga en contra de aquel que estorbaba a sus planes, ya que en lo sucesivo de acusador pasará a acusado y tendrá que pagar los costos del juicio.

La indemnización será válida mediante escrito presentado ante el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), luego de que cause estado la sentencia. El STJE solicitará al juez que le remita el expediente y fijará el importe de la indemnización que se regirá bajo las siguientes normas. Si la persona estaba desempleada al momento de su aprehensión, se le dará un día de salario mínimo por cada día, hasta que concluya la privación; si se trata de un trabajador, deberá pagarse con el salario que dejó de percibir, además de sus prestaciones laborales que no haya recibido durante su encarcelamiento. En caso de que no sea un asalariado, pero desarrollaba alguna actividad por cuenta propia, deberá recibir el promedio de sus ingresos.

La misma reforma prevé que en caso del fallecimiento del titular del derecho a recibir indemnización, éste pasará a su cónyuge, concubina, concubinario, hijos y demás herederos, con lo que se busca que la reparación del daño sea efectiva aún después de la muerte

Lo único que no se incluyó fue una punición a los jueces que determinan la pena que debe compurgar el que, presuntamente, cometió un delito, y que después tribunales superiores fallan que no hubo culpabilidad por lo que ordenan la libertad absoluta, de lo que hay varios ejemplos en el medio político, que prácticamente acaban con la fama del perjudicado y de su familia.

Es una primera acción en el cumplimiento de que todos los ciudadanos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, a lo que ahora se agrega que aún cuando alguien ha sido procesado y sentenciado puede resultar que no era culpable y es entonces cuando el denunciante pasa al banquillo de los acusados.

CAUTELA AL COMPRAR

Las condiciones económicas que registra el país, asociadas a la incertidumbre que hay sobre las medidas que adopte el próximo gobierno de Estados Unidos, obliga a ser moderado en las compras a crédito que se hagan en las promociones del Buen Fin.

A partir de la medianoche de este viernes y hasta el lunes próximo todo tipo de negocios ofertarán sus productos a precios inferiores y con pagos a meses sin intereses, que sin duda resulta atractivo ya que se puede hacer uso de la tarjeta de crédito.

Especialistas recuerdan que los meses sin intereses tienen limitaciones, principalmente que al incumplir con los pagos mensuales generará más deuda, e inclusive la exigencia que se haga la liquidación total. También destacan que las tasas de interés de las tarjetas de crédito subirán de inmediato con el ajuste que realice el Banco de México a la tasa líder del mercado.

Se debe tener presente que la tasa de interés en tarjetas son variables, y si sube la tasa de referencia que utilizan los bancos para los costos que aplican, el crédito va a ser más caro. Otro peligro que existe es rebasar la capacidad que tiene el comprador al valorar las ofertas, por lo que antes de adquirir un producto debe considerar con qué cuenta para hacer los pagos que vendrán en los próximos meses.

Prudencia antes de comprar es lo que debe haber en este período, en que el comercio trata de captar el mayor número de clientes con precios llamativos, pero al hacerlo es porque el adquiriente ya consideró cuál es su ingreso y si le permite hacer los pagos en la fecha prevista.

SILENCIO SINDICAL

En la pugna que mantienen los concesionarios del transporte urbano y el gobierno del estado hay una ausencia total de los líderes sindicales, no obstante el daño que resienten miles de trabajadores que junto con su familia utilizan este medio, lo cual debería atraer su atención.

Mientras que los camioneros se declaran en “quiebra técnica” para forzar a que se les autorice un aumento de 3 pesos y que pase de 6 a 9 pesos, los supuestos representantes de los obreros se han abstenido de emitir una declaración, lo que permite considerar que desconocen lo que sucede en la ciudad, o avalan la suspensión parcial del servicio.

Tampoco los estudiosos del derecho han emitido una opinión sobre la “quiebra técnica” que adujo Alejandro Arriaga Ramírez, presidente de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), como razón principal para exigir el incremento.

Que se sepa los concesionarios no han solicitado la quiebra técnica, porque si este fuera el caso automáticamente ATUSA queda inhabilitado para administrar el servicio y en su lugar entraría un síndico o interventor judicial, para que con los bienes que poseen liquidar a los acreedores. No es suficiente que se declare la quiebra, sino que debe sujetarse a lo que dispone la Ley de Concursos Mercantiles y al menos hasta el momento el directivo no ha mostrado un documento que demuestre haberlo hecho, lo único conseguido es descansar casi 300 camiones y afectar a más de 300,000 personas.

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REGRESA MUÑOZ VÁZQUEZ

Quienes daban por acabado a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez deben darse de topes contra la pared, porque el ex procurador de Aguascalientes ya le gustó entrar y salir de las áreas federales. De aquí se fue a la PGR y luego llegó a Colima hace año y medio como Procurador, para más tarde ser designado Fiscal Estatal, cargo al que renunció la semana pasada al ser nombrado como subprocurador en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.