Mejorar la atención médica en los servicios de salud pública es un anhelo de muchos años que no se materializa por falta de recursos económicos, lo que nuevamente ocupa el interés general ante el impulso que da el gobierno federal a la universalidad, lo que significa que cualquier persona debe ser atendida en un hospital público a pesar de no ser derechohabiente.

En principio es lo deseable, para que en una situación apremiante se reciba al paciente en el nosocomio más cercano, sin embargo la realidad es cruda al hacerse justo cuando las finanzas del país pasan por momentos muy críticos.

Para José Alfredo González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, este esquema “no representa un beneficio real”, ya que se saturaría más los establecimientos de salud, por lo que si se quiere hacer algo que realmente vaya en beneficio colectivo debe participar el sector privado con inversiones.

Es un planteamiento que otras veces ha hecho el máximo dirigente obrero del estado, al pronunciarse por la subrogación de los medicamentos y las intervenciones quirúrgicas, por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene insuficiencia de instalaciones, equipamiento y personal.

El proyecto de la universalidad, dijo hace dos años la ex secretaria de Salud, Mercedes Juan, es autenticar el acceso efectivo y con calidad a toda persona, independientemente de su condición social o estatus laboral, a los servicios de salud, ya sean federales o estatales, buscándose la mejor cobertura y la presencia de una entidad fiscalizadora de la calidad del servicio, que se encargue de vigilar el acceso a los servicios de salud y que haga exigibles para los usuarios las garantías explícitas, con facultades para las instituciones para prestar servicios o pagar el direccionamiento del paciente a un proveedor alterno.

Al refrendar ese propósito, el presidente Enrique Peña Nieto señaló el 29 de marzo del año en curso que gozar de una vida plena y una salud duradera no puede ser derecho de unos cuantos, por lo que  a partir de los acelerados avances en las tecnologías, se debe revisar las políticas de atención a los principales problemas de salud del país, y evaluar los resultados alcanzados, así como plantear ajustes necesarios para avanzar en la prevención.

José Alfredo González sostiene que es “nada más una posibilidad del paciente para tener una segunda opinión, pero realmente yo no le veo una solución. Si dentro de esa universalidad se metiera también la iniciativa privada, a la mejor salimos del hoyo, pero el hecho de que sea entre las mismas instituciones del sector público no representa un beneficio real, (porque) se saturarían aún más”.

Puso como ejemplo lo que se vive en varios municipios del estado, donde hay instalaciones del Seguro Social y no obstante que existe un convenio con la Secretaría de Salud para que por las noches, en que están cerradas las clínicas, se les dé atención, “a cada rato los batean; va algún derechohabiente y le dicen que como es del Seguro no lo pueden atender. Si en este pequeño caso se da, definitivamente no es la solución la universalidad”, apuntó.

Sostuvo que la fórmula está en incrementar las instituciones de salud pública, porque mientras no crezca la capacidad instalada y no aumente el personal médico, de enfermería y administrativo “no va a haber una solución, ni atención digna y sobre todo humana”.

En las actuales condiciones hay una situación difícil, al carecer de instalaciones y personal suficiente para atender a una población creciente, particularmente “en traumatología es un cuello de botella”, lo mismo que en otras áreas de medicina especializada, asimismo en el tercer nivel “es peor, porque ir a Guadalajara o a León, es un penar por parte de los pacientes y de los familiares, porque se están hasta semanas con una ayuda mísera de viáticos y un tratamiento muy deficiente”.

En caso de que progresara la propuesta del líder cetemista tendría que analizarse su conveniencia, porque el sector privado invierte para obtener una ganancia y ésta tiene que salir de algún lado, sea que la subvencione el gobierno o con aportación de los derechohabientes.

DELITOS SIN CASTIGO

Durante los dos meses que duraron las campañas electorales hubo un sinnúmero de violaciones al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, sin que alguna autoridad local o federal reconviniera a los infractores.

En cualquier lugar de la entidad hubo personas con playeras, cachuchas, sombrillas y bolsas para mandado, entre otros, que identificaba el partido que se las regaló, a pesar que el citado reglamento impedía que se hiciera. El octavo párrafo del artículo 162 cita: “Está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o persona alguna, la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediano o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, sea por sí o interpósita persona. Dichas conductas serán sancionadas por la LGIPE, y este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto”.

El siguiente artículo, el 163, dispone que no se puede fijar propaganda electoral en el equipamiento urbano, ni obstaculizar de forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, pero fue una práctica común ver manteados en los cruceros, colocados sobre los señalamientos o que brigadas actuaran a orilla de banqueta impidiendo el libre paso a los peatones. En cuanto a no fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, hubo quien se saltó a la torera esta disposición al ceder a un particular un lugar y automáticamente de ser oficial, con lo que dejaba que esa persona autorizara el uso electoral.

La famosa prohibición para publicar encuestas o sondeos de opinión que no estuvieran avaladas por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Estatal Electoral encontró refugio en las redes sociales, de manera que hubo una “guerrita” de encuestas patito sin que se hiciera algo al respecto, bajo el supuesto que las redes no están reglamentadas.

A raíz de lo comentado a nivel nacional sobre la intervención de las iglesias en las pasadas elecciones, y de lo cual no ha habido sanción alguna, es importante mencionar que la ley no les permite participar en cuestiones políticas.

El artículo 241, inciso octavo, determina que los ministros del culto, asociaciones, iglesias, o agrupaciones de cualquier religión “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este artículo” y las infracciones son: “I. La inducción a la abstención, o a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados para el culto público, en locales de uso público o en los medios de comunicación. II Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular, y III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código”.

Asimismo, el Artículo 130 de la Constitución Política de la República, dispone que “los ministros del culto nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno, no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”, de igual manera “las publicaciones de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título, o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas”, como tampoco podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

Interesante será seguir de cerca la respuesta de las autoridades y de los aludidos, que hasta el momento siguen con voto de silencio.