Los investigadores de instituciones de educación superior o de cualquier organismo, ya podrán cobrar regalías por trabajos de su autoría, hasta después de un año de haber concluido la relación laboral con la universidad u organismo respectivo en que trabajen o estén comisionados.

Entraron en vigor las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que les dan tales beneficios.

Se establece que los servidores públicos deben abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar, recibir por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente inferior al que tenga el bien de que se trata en el mercado ordinario, o cualquier donación o empleo, cargo o comisión, para sí o tercera persona y que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Pero esta prevención es aplicable hasta por un año después de que el interesado se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Los investigadores de instituciones de educación, los centros o entidades de administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social y recibir beneficios.

Incluso, está prevista la transferencia de conocimientos, participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución.

En lo sucesivo, los investigadores se beneficiarán de su trabajo, un año después de que hayan dejado el organismo en que laboraban o estaban comisionados; de esta manera se evitan caer en conflicto de intereses y en la inherente responsabilidad.