Los investigadores de instituciones de educación superior, serán sujetos de responsabilidad si reciben regalías por su trabajo; los resultados de las investigaciones que lleven a cabo son propiedad de la institución en la que laboren.
A la Comisión de los Servidores Públicos del Congreso, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Segundo Párrafo a la Fracción XXXIII del Artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, presentada por el diputado Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba.
La adición que hoy conocerá el Pleno a través de la iniciativa respetiva, establece que deben abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente inferior al que tenga el bien de que se trate en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión y que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales que se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.
Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Los servidores públicos de las instituciones de educación, los Centros y las entidades de la Administración Pública del Estado a que se refiere artículo 53 de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios.
Las actividades se refieren la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda, siempre y cuando no incurran en conflicto de intereses.