Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

En una manifestación inédita en nuestro país, ya van 634,143 personas que se unieron para protestar de una manera pacífica y propositiva contra la corrupción, impulsando con su firma una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como “Ley 3de3”. Esta iniciativa de Ley, por primera vez tipifica actos de corrupción, establece sanciones contra los mismos y propone que todo servidor público y persona que maneje dinero del erario haga públicas sus declaraciones de situación patrimonial, conflicto de interés y la de impuestos, entre otras disposiciones novedosas. De aprobarse esta Ley, deberán modificarse la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las equivalentes en los estados, todas ellas, leyes que complementan al Título Cuarto de nuestra Constitución.

En la elaboración de la iniciativa de Ley 3de3 participaron expertos de diversas organizaciones civiles e instituciones académicas. Entre ellos, Juan Pardinas y Max Kaiser del IMCO, Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Lourdes Morales y Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros (http://ley3de3.mx/es/quienes-somos/). Además, muchos de ellos también fueron grandes impulsores de la reforma constitucional anticorrupción promulgada el 28 de mayo del año pasado que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero esta propuesta de Ley no es la única que está a discusión estos días. Se estima que, para completar la reforma constitucional anticorrupción, es necesario modificar o promulgar alrededor de 20 leyes secundarias. En otro ejercicio muy novedoso, el Senado de la República ha aceptado la propuesta de que las organizaciones de la sociedad civil y los expertos participen en la elaboración de la Ley 3de3 y en las reformas constitucionales anticorrupción con criterios de parlamento abierto, con lo cual el proceso legislativo se ha enriquecido.

Se propusieron 5 mesas de trabajo en el Senado para discutir temas como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3de3, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el fortalecimiento de la fiscalización, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para revivir a la Secretaría de la Función Pública y a los Órganos Internos de Control que ya habían desaparecido. Estas mesas iniciaron trabajos a partir del pasado 11 de abril en el Senado y se pueden seguir sus discusiones (http://ley3de3.mx/es/discusion-de-las-leyes-anticorrupcion-en-el-senado/)

También, es de resaltarse el foro que organizó el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), “La Información en el Combate a la Corrupción”, organizado por el comisionado Joel Salas y que convocó a la sociedad a discutir el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. En este foro se mencionó que el acceso a la información no ha tenido impacto para disminuir la corrupción en nuestro país y se requiere una participación más activa de la sociedad para que use la información disponible, gracias a la Ley de Transparencia, en el combate a la corrupción. El INAI, aunque no es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, debe jugar un papel muy relevante en el combate a la corrupción y este foro le ha señalado el rumbo (http://eventos.inai.org.mx/comonosarreglamos/).

Ha existido por siglos en nuestro país, una cierta tolerancia por parte de la sociedad a los actos de corrupción. Inclusive existe una cierta presión social para cometerlos, como cuando el funcionario se siente obligado a recibir un regalo de un proveedor, por no ofenderlo o por no parecer como tonto ante los ojos de sus compañeros si lo rechazara. Pero la intolerancia contra la corrupción ha crecido desde hace año y medio a raíz de numerosos escándalos que han visto la luz pública y es que la corrupción permea en todos los niveles de gobierno, en los tres poderes, en los partidos políticos, en los sindicatos, entre los empresarios y de hecho invade a buena parte de la sociedad. La corrupción daña a los más pobres porque es un “impuesto” regresivo, a veces excesivo, y en general impide el desarrollo económico del país.

A través de los años el gobierno ha respondido de manera parcial a este reclamo. En respuesta a los excesos del sexenio de López Portillo, el presidente de la Madrid con su programa de “Renovación Moral de la Sociedad”, impulsó importantes iniciativas que intentaron contener la corrupción. Cuando se dio la alternancia, el presidente Fox impulsó iniciativas como la Ley Federal de Transparencia, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y la agenda de Buen Gobierno. Estas iniciativas se diluyeron en la administración del presidente Calderón ante otras prioridades. La administración del presidente Peña empezó con la promesa de una Comisión Nacional Anticorrupción que no se concretó y que apenas está tratando de remediarse.

La sociedad se ha vuelto cada vez más intolerante a la corrupción porque es un fenómeno que afecta a todos los mexicanos en su economía, en el buen desempeño del gobierno y corroe el tejido social. Ojalá que el respaldo de más de medio millón de personas a las iniciativas de los expertos se traduzca en un andamiaje legal que permita reforzar el combate a la corrupción y que en la próxima administración federal (porque quizá ya no dará tiempo en esta) se combata a fondo este fenómeno que tanto daña al país.

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