El gobierno capitalino integra un abultado expediente con quinientas demandas judiciales en contra de la empresa Proactiva CAASA, con lo cual se construye el instrumento jurídico para que en su momento le sea retirada la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado sin necesidad de pagar la indemnización por la cantidad de 800 millones de pesos.
Al informar que una diversidad de demandas han sido presentadas ante el Juzgado de Distrito por incumplimiento de contrato, por la falta de agua, por el mal servicio, por no arreglar los baches o reparaciones de fugas, el presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo indicó que un expediente importante será el fallo que se emita el próximo 25 de noviembre respecto al cobro tarifario injustificado durante diez años por más 70 millones de pesos.
Luego informó que CAASA no ha cumplido al 100% con el decálogo comprometido, faltan tres puntos y uno de ellos se refiere a la toma de la lectura mensual del consumo de agua, entre otras.
En este momento, detalló que se preparan muchos expedientes y en los próximos días se entregarán ante el juez, quien determinará si son o no procedentes. La empresa concesionaria se está defendiendo, es un estira y afloja, quien tendrá la última palabra es el juez y desea que conceda la razón al pueblo de Aguascalientes.
En entrevista, el alcalde capitalino dijo que primero el juez deberá resolver las diversas demandas que darán la pauta para continuar con el proceso jurídico en contra de la empresa Proactiva CAASA, quien además debería definir si quiere o no trabajar con responsabilidad y justicia hacia la ciudadanía de Aguascalientes o dejar que lleguen nuevas alternativas.
Respecto al desfase en la lectura mensual del consumo de agua, comentó que CAASA lo implementó al principio de la aceptación del decálogo, luego lo dejó y lo justificó al decir que tendrían que contratar más personal. Sin embargo, el primer edil consideró que si lo hicieran la empresa tendría menos problemas porque estarían facturando al día y serían más eficientes.
El primer edil Juan Antonio Martín del Campo se manifestó consciente que CAASA no quiere marcharse de Aguascalientes, por eso dicen: “indemnízame, dame 800 millones de pesos y ya, pues claro que no se los vamos a dar porque no los tenemos”. Por ese motivo, el Gobierno Municipal trabaja en el trámite jurídico, sostuvo.
Indicó que el compromiso de esta autoridad es bajar las tarifas y por eso se mantiene un litigio que se resolverá el día 25 de noviembre, fecha en que será la audiencia, en cuanto resuelva el juez entonces se tomarán las medidas correspondientes de qué se hará con respecto a la concesionaria.
Se espera que la empresa concesionaria tendrá que reintegrar más 70 millones de pesos a los bolsillos de los aguascalentenses, para lo cual se harían los cálculos correspondientes por cada usuario durante 10 años y se les descontaría de facturaciones de aquí hacia el futuro, concluyó.
Finalmente, el presidente municipal de Aguascalientes insistió en que la empresa concesionaria se comprometa con la ciudadanía o mejor se haga a un lado para que lleguen nuevas alternativas a favor del servicio de agua potable y alcantarillado.