Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

Hace unos días, el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo (https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/) donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del Gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anticorrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración a los teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el Gobierno Federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, ésta sólo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del Gobierno Federal.

El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones sólo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de Gobierno, éstas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia sólo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente sólo le vendió al Gobierno Federal, o también a algún Gobierno Estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quién hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR, dado que es usuaria de Pegasus.

Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).En particular, el Cisen siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.

El Cisen se creó en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llegó a la Presidencia, intentó desaparecer al Cisen por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. Lo que sí ocurrió en ese sexenio, fue un desmantelamiento que lo debilitó mucho.

El Cisen sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del Cisen. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan sólo en 2015, el Cisen ejerció 4.2 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.

El Cisen es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.

El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el Cisen también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponden a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías, y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.

El mandato y atribuciones del Cisen se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizaral país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.

Para garantizar la sobrevivencia del Cisen es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se aparten de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir.

El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el Cisen no se desvíe de su mandato. No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso, sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.

 

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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