La posibilidad de que la reserva natural de la Mezquitera La Pona al oriente de la ciudad de Aguascalientes sea fraccionada por desarrolladores inmobiliarios, quedó anulada tras la entrada en vigor de adecuaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, afirmó el ambientalista Gerardo Ortega de León.
Manifestó que los incendios generados dentro del predio de más de 30 hectáreas, sujeto a solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo con la finalidad de urbanizar poco más de 7 hectáreas, eran un atenuante para que la delegación federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazara el proyecto, pero no era un hecho definitorio.
Explicó que tras las reformas de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el artículo 117, se garantiza que el predio no sea modificado por los próximos veinte años, al eliminarse texto discrecional que permitía que autoridades pudieran obviar el plazo establecido para la recuperación del predio tras sufrir un incendio.
Detalló que el texto anterior planteaba la posibilidad de que peritajes elaborados por la Comisión Nacional Forestal pudieran avalar cambio de uso de suelo en predios incendiados, si de acuerdo a su evaluación se consideraba que el daño generado en el predio se había eliminado por completo.
Consideró que antes de la modificación de la Ley, se podía generar corrupción a través de funcionarios que emitieran dictámenes en los que se evitaba la espera por 20 años, bajo el argumento de que el predio siniestrado ya estaba recuperado aunque no fuese cierto.
Asimismo, enfatizó que el artículo 163 en su fracción 22 establece una adición en la que se considera que los terrenos forestales sólo podrán utilizarse para la restauración o manejo forestal sustentable.
Descartó que los propietarios puedan recurrir al amparo, ya que el marco legal debe respetarse aun cuando se haya aprobado esta ley de manera retroactiva a la solicitud de manifestación de impacto ambiental, puesto que aún no se ha emitido un acto de autoridad, y éste deberá acatar el marco legal vigente a partir del primero de mayo pasado.