El veto que busca el presidente Enrique Peña Nieto a dos artículos de la llamada Ley 3de3 “no es suficiente debido a que no se trataba de dejar al margen a los empresarios de este ejercicio de transparencia, sino hacerlo obligatorio a los funcionarios públicos”, aseguró Sergio López Valdivia, vicepresidente de la comisión anticorrupción de la Coparmex.

Indicó que la intención presidencial obedece a un momento estratégico en el que el presidente de la República intenta parchar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero que sólo eliminará la obligatoriedad para que proveedores del gobierno hagan pública su declaración 3de3.

Los empresarios no buscan evitar la transparencia, lo que la ciudadanía pidió en la iniciativa original fue que los funcionarios públicos estuvieran obligados a presentarla, cosa que al parecer no va a cambiar, dado que no existe voluntad para combatir la corrupción, señaló el empresario.

En la víspera, el presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, por lo que la regresó al Senado para su análisis y modificación.

A ese respecto, López Valdivia afirmó que lo que necesita México en estos momentos es consolidar verdaderamente un sistema que ataje los hechos de corrupción, ya que a los mexicanos “nos cuesta mucho dinero las prácticas de corrupción, algo así como un billón 360 mil millones de pesos cada año”.

Es una cantidad estratosférica, pero las mediciones de organismos e instituciones que estudian el fenómeno de la corrupción en México, han señalado ese costo, y que desafortunadamente todos los mexicanos pagamos.

Dijo que la Coparmex local y nacional, mantendrá firme su postura para insistir en que los funcionarios públicos se les obligue a publicar su declaración 3de3, dado que son ellos los que manejan el recurso público y son a ellos a los que se les debe vigilar estrechamente.

Si bien la corrupción hace partícipe también a los particulares, es un hecho que quien tiene en sus manos la responsabilidad y el poder de ejercer los recursos, son a quienes se debe obligar para hacer públicas sus declaraciones de impuestos, patrimoniales, de impuestos y de intereses.

La acción que emprendió el presidente de México es muy concreta, porque va dirigida a algunos artículos del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no se vislumbran cambios importantes más allá de dejar fuera de este esquema, el obligar a empresarios y a beneficiarios de programas gubernamentales, a presentar estas declaraciones.

“Era un hecho el veto, dada la inoperancia e ineficacia de la ley como quedó planteada; de un momento a otro tenía que cambiarse y fue positivo que se hiciera antes de su entrada en vigor”, dijo el empresario, quien reiteró su insatisfacción por cómo se está proyectando el sistema de leyes que buscan poner un freno a los actos corruptos.

Finalmente, dijo que seguirán muy de cerca el proceso legislativo iniciado por el mandatario de la nación, y la apuesta de los empresarios y de los mexicanos en general, es a que quienes tengan en sus manos la administración del gasto de recursos públicos, estén sujetos a una normatividad más transparente y que inhiba la corrupción, dijo.