La renovación de los contratos colectivos entre la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) y los representantes empresariales tiene que ser en un marco de sensatez de ambas partes, para que los acuerdos realmente beneficien al sector obrero y al mismo tiempo impulsen la productividad.

Como se acostumbra cada vez que se acerca la firma de los convenios, los líderes obreros adelantan que exigirán un aumento económico que asegure elevar las condiciones de vida de sus compañeros, en lo que seguramente pocos estarán en contra ante el encarecimiento de los productos y servicios, pero tienen que considerar las condiciones financieras en que están los negocios para evitar desajustes que luego se reflejen con un ajuste a la nómina.

El secretario general de la FTA, José Alfredo González González, afirmó que solicitarán un incremento salarial del 10% y un 2% en prestaciones, lo que significaría el triple de lo que consiguieron otras agrupaciones a final del año pasado, por lo que se observa que las pláticas no serán fluidas ya que la patronal no se distingue por su magnanimidad.

El dirigente proyecta optimismo, a partir de los primeros resultados que la filial cetemista obtuvo, como fue el caso con los operadores del transporte urbano, “las perspectivas que nos dieron en estas primeras revisiones son buenas, vamos a tener buenos resultados al final de las negociaciones que se dan a fines de febrero o principios de marzo”.

Funda lo anterior en que la situación económica de las empresas es estable, aún con todos los bemoles que se han presentado, por lo que existe un escenario para concretar los acuerdos que sea favorable a los trabajadores y que al mismo tiempo sirva como incentivo ante el compromiso que tienen con la productividad, que es un renglón en que están conscientes del papel que juegan.

Desde otro contexto y siendo realistas, el incremento a los precios de combustible y electricidad podrían frenar las aspiraciones de la FTA, ya que hoy las empresas enfrentan una situación no prevista en diciembre, por lo que en términos generales el alza salarial podría quedar entre el 5 y 6%, que de cualquier manera sería superior a lo que han obtenido otras agrupaciones.

También está el pacto que el lunes suscribieron las máximas autoridades del país y  sectores social y empresarial, en el que se comprometieron a impulsar programas que atiendan la economía familiar, tan golpeada cada vez que suben los costos de los productos energéticos.

Es factible que aquí también se firme una alianza similar, considerando las expectativas y exigencias locales, en la que empresarios, obreros, campesinos, sector popular y clase patronal, junto con el gobierno del estado y los ayuntamientos cierren filas. No hay otra forma de enfrentar los problemas que trabajar unidos y esto será posible en la medida en que cada quien acceda a participar de manera decidida.

Lo más importante de todo es que los precios de la canasta básica no suban y en lo que tienen que ser muy participativos los comerciantes de mayoreo y menudeo y de las tiendas de barrio, porque si aumentan los costos, así sea cincuenta centavos o un peso a cada producto, se generará un efecto en cascada que evitará mitigar el momento.

SAT EL MÁS REQUERIDO

Está claro que si hay algo que más incomode a los ciudadanos es el pago de impuestos, al considerar que el gobierno se queda con una parte de su ingreso, sin embargo es un paso obligado para todo aquel que tenga una beneficio económico, pero al mismo tiempo hace uso de las herramientas legales que le permita recuperar algo de ese cobro.

Esto se vio reflejado a lo largo de 2016 en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que recibió 620 asuntos, de los cuales más de 500 fueron en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La reclamación de devolución de impuestos fue la principal demanda lo cual representó 132 millones de pesos a favor del público, lo que demuestra que cada vez son más las personas que se interiorizan de lo que señala la ley y de qué manera puede favorecerle.

El delegado de la Prodecon, José Antonio Guerra Caparrós, subrayó que es un método que en ocasiones termina en una recomendación pública, sin embargo el propósito es abreviar o eliminar los problemas, ya que por lo general va en provecho del reclamante quien espera una justicia pronta y franca.

El primer paso que se da en esa dependencia es la asesoría, a la que recurrieron más de 3,200 contribuyentes, orientación que les ha permitido conocer en qué condiciones está su caso y si procede la queja que tienen, atención que para Guerra Caparrós es una satisfacción, ya que de acuerdo a su tamaño como entidad federativa Aguascalientes ocupa el primer lugar en afluencia de personas físicas y morales.

El siguiente punto es que la misma Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece el servicio de representación legal, por lo que de manera gratuita se convierten en abogados de los demandantes, con el único limitante de que el adeudo o el crédito histórico, sin incluir multas, recargos o actualizaciones, no superen los 799 mil pesos.

En caso de que el crédito histórico supera los 799 mil pesos se ofrece el recurso de la queja, que aún cuando no se les puede apoyar con la representación legal gratuita, sí reciben explicaciones para que sepan los pasos que deben dar y puedan alcanzar una solución.

Asimismo se tuvieron 19 acuerdos conclusivos tramitados por los contribuyentes, figura jurídica que cada vez es más aprovechada por contadores y abogados, que tienen una vía de solución a los asuntos fiscales, no obstante es un número reducido por lo que los empresarios necesitan conocer más esta figura, ya que aún cuando ha habido acercamientos con ellos y con las asociaciones y especialistas fiscales, la petición de este procedimiento no es el esperado.

El funcionario consideró que la decisión  de acudir a los acuerdos conclusivos “debe permear primero en los asesores de los contribuyentes, para que les digan que antes de que les emitan un crédito fiscal derivado de la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o las revisiones electrónicas, y que derivaría en un litigio que duraría dos años, se puede recurrir a un acuerdo conclusivo que permite pactar dentro de la ley con la autoridad, utilizando la Prodecon como intermediario”.

Es fundamental entender que esta figura representa un abanico de oportunidades y la población causante tiene que comprender el potencial que hay para resolver sus problemas fiscales, para ello hay que acudir a las oficinas de ese organismo, en que los especialistas decidirán cuál es el mejor camino que tiene el ciudadano para darle salida a la exigencia del SAT.

ACTUALIZACIÓN VITAL

Dentro de los propósitos del año que tengan los profesionistas está en seguir preparándose, de estar al día en los avances que hay, porque de conformarse con tener el diploma no les augura mayor presencia en un medio tan competido. Nadie debe sentirse ajeno a ello, aún aquellos que tienen maestrías o doctorados, ya que la ciencia avanza a pasos acelerados. En el caso de los doctores, que son los más cercanos a la gente, hay un número muy elevado de médicos generales y de medicina familiar, que están obligados a capacitarse y actualizarse de manera permanente, ya que de ello dependerá resolver los problemas de salud del paciente y evitarle complicaciones, lo mismo que los especialistas, que tienen una gran responsabilidad ya que en ellos descansa la confianza de las personas en recuperar su salud.