Las leyes en materia electoral incluyen artículos que señalan lo que se puede o no se puede hacer durante los procesos electivos, como una forma de darle orden a todas las actividades que desarrollen partidos políticos, candidatos, ciudadanos y autoridades en general, sin embargo, lo que para unos es prohibido en otros está permitido.

El Libro Cuarto, Título Primero, del Código Electoral del Estado, está dedicado a las faltas electorales y su sanción y quienes son sujetos de responsabilidades y sanciones, en este renglón son casi todos los que participan directa o indirectamente, ya que se incluye a partidos y asociaciones políticas; los aspirantes, precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular; los ciudadanos, dirigentes, y afiliados a los partidos políticos o cualquier persona física o moral; los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales; las autoridades o los servidores públicos federales, estatales y municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público; y los consejeros y trabajadores del Instituto Estatal Electoral, inclusive los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, los notarios públicos y los demás sujetos obligados en los términos de este reglamento.

Para quienes fabricaron el Código, todos son culpables hasta que demuestren lo contrario, por lo que basta una denuncia para iniciar una investigación y en su caso aplicar el procedimiento sancionador. En trece puntos compendiaron las infracciones que según ellos podría haber y que de encontrar alguna responsabilidad pueden recibir como castigo una amonestación pública, o multas de diez hasta diez mil días de salario mínimo vigente en el estado, en el caso de los partidos recibirán penalidades económicas y puede llegarse a la cancelación del registro estatal como partido político.

De manera particular llama la atención el artículo 248 que señala las infracciones que cometen las autoridades o los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de órganos autónomos y cualquier otro ente público. El párrafo tercero menciona sobre el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el Artículo 89 Constitucional, “cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos electorales” y en el párrafo anterior refiere la prohibición de difundir por cualquier medio la propaganda gubernamental. “Dentro del período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive”, permitiéndose sólo la que se refiere a servicios educativos, de salud y de protección civil en caso de emergencia.

Los legisladores imponen un sujetador bucal y la inmovilización pública general a cada uno de los funcionarios, desde el gobernador y los presidentes municipales hasta el último de sus colaboradores, lo que supondría que no podrán opinar ni actuar, dejando al libre juego a partidos y candidatos.

Hasta ahí todo va más o menos bien, pero ¿acaso los diputados locales y regidores y los diputados federales y senadores no son empleados públicos?, ¿por qué a ellos sí se les permite operar en las campañas e inclusive convertirse en voceros o defensores de sus partidos o candidatos?

Al igual que los demás empleados públicos, la totalidad de legisladores reciben un salario o “dieta” de los impuestos que pagan los ciudadanos, por lo que deben estar sujetos a las mismas obligaciones, inclusive a aquéllos les impiden el uso de vehículos oficiales y en cambio los miembros de los congresos federal y estatal y de los cabildos pueden hacerlo libremente, llegándose el caso que desatienden sus obligaciones por estar en las campañas. Senadores y diputados federales organizan viajes en grupo político para “vigilar” los procesos de cada estado, sin que se les descuente las inasistencias, algo que lógicamente se haría si trabajaran en el sector privado.

Ninguno se oculta para hablar en los actos proselitistas o en las conferencias de prensa, no obstante que sea día laborable y que por obligación deberían estar en las respectivas cámaras, lo que determina la incongruencia de la ley, que sin embargo es permitido porque quienes las aprueban, resuelven y condenan son ellos mismos, por consiguiente se reservan el derecho de excluirse de cualquier falta y sanción. Bajo este criterio, la igualdad y transparencia es según el cristal con que se mire.

REGAÑO A LA CARTA

Mientras que en 12 estados del país están en pleno ajetreo político por la elección de gobernador que tendrá lugar el 5 de junio, sigue creciendo el número de aspirantes a la Presidencia, a pesar de que el cambio será hasta 2018, pero al igual que ocurrió en los dos procesos anteriores están presentes los “madrugadores”.

Al frente avanza Andrés Manuel López Obrador, que con su característica mordacidad atrae los reflectores, por lo que así como provoca a tirios y troyanos responde, asegurándose con ello estar en la mayoría de medios de comunicación, que no obstante ser de los políticos más mencionados, no vacila en calificarlos de estar “vendidos” y al servicio de la “mafia del poder”.

Más allá de esos puntos de vista, ha encontrado una nueva veta, al exigir a varios partidos y sus dirigentes que frenen sus “aceleramientos”, por considerar que lo que dice y hace son actos anticipados de campaña, pero socarronamente sostiene que sólo hace uso de un derecho que le asiste como ciudadano y más hoy que está al frente de un partido.

Mientras que a AMLO le reclaman que salga del ruedo político, otros que tienen el mismo propósito actúan sin ningún reclamo. Margarita Zavala de Calderón recorre el país para hablar de política, de derechos políticos y partidos y aunque elude aceptar abiertamente que se encamina a la candidatura, todos sus actos apuntan en ese sentido.

En la reciente visita a Aguascalientes, al ser cuestionada sobre el interés que tiene de regresar a Los Pinos, ahora como titular, se concretó a citar que se encuentra trabajando en una intensa gira por la República para impulsar la transparencia y el combate a la corrupción, asegurando que es respetuosa de los tiempos electorales, lo que no obsta para esté muy cerca de la sociedad.

Lo que hace la esposa del ex presidente Felipe Calderón no es por encomienda de su partido ni que sea legisladora federal o local, por lo que todo es a título personal, fijándose de sembrar la idea que podría ser candidata “independiente”, como lo demuestra la declaración que hizo en esta ciudad, que “la desconfianza en los partidos políticos pone en riesgo a la democracia”, por lo que se ha propuesto devolverle a México “la dignidad y la confianza en la política” y en este sentido “estoy trabajando en los temas de acercamiento ciudadano desde la asociación” que ella encabeza.

A López Obrador se le han ido a la yugular por actos adelantados, en cambio la señora Zavala se placea por el país sin problema alguno, lo que no tarda en imitar Ivonne Ortega, ex secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ex gobernadora de Yucatán y actual diputada federal, quien consideró que “sería interesante” competir contra Margarita Zavala.

QUE LE HAGAN LA TAREA

Cualquier calificativo podrán recibir los líderes del PRD, pero calificarlos de tontos nadie podrá hacerlo, tan es así que no obstante la negativa de la Procuraduría General de la República para revisar la lista de sus candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, con base en cuestiones jurídicas, insisten en que lo haga, bajo el argumento que quieren estar totalmente seguros que no tienen nexos con el crimen organizado. La intención es clara, si la PGR lo hiciera y en algún momento de la campaña o en ejercicio de la función pública saliera algún “travieso”, tendrían la excusa que la dependencia federal no hizo bien su trabajo y con ello quedarían a salvo de críticas, pero todo indica que si quieren evitarlo tendrán que hacerlo por sí mismos y no endosarle esa responsabilidad a los demás.