En algún momento de la historia alguien urdió como aprovecharse de los demás y ante el éxito que obtuvo otros siguieron su ejemplo, mismo que llega hasta estos días con toda clase de vividores, sablistas, abusadores, enredadores, parlanchines y en general, una calaña de individuos, de los cuales muchos de ellos ya no andan en andrajos ni con cara compungida para obtener un apoyo, sino que visten bien, se dicen profesionistas y con un lenguaje que va de acuerdo con la persona que buscan embabucar.

Dentro de toda esa gama hay una que permanece intacta a través de las décadas y es la de los “coyotes” que pululan en torno al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), a los cuales el delegado estatal Mario Antonio Guevara Palomino les ha declarado la guerra.

Aseguró que a partir del día 25 de este mes haría las primeras denuncias en contra de quienes exigen hasta el 20% del monto del crédito para llevar a cabo el trámite, cuando es totalmente gratuito y no se requiere de intermediario.

Consideró ilegal que además de estafar a los acreditados utilicen el logotipo del Infonavit y se anuncien en los periódicos, que tengan oficinas cerca del organismo para hacer más creíble su calidad de comisionistas y que inclusive ofrezcan gestionar respuesta a otro tipo de problemas.

Habrá que esperar el resultado de esta acción que se propone Mario Antonio Guevara, porque en ninguna parte del país se ha logrado erradicar ese tipo de actitudes, que en otros tiempos se daban en los sindicatos. Hubo líderes que amasaron fortunas al exigir una cantidad que iba de 10 mil a los 30 mil pesos (a precios actuales) para adjudicar la casa. Fue una etapa en que los sindicatos tuvieron manga ancha ya que ningún trabajador podía obtener el crédito si no llevaba la firma del dirigente, aún cuando tuviera los derechos suficientes, principalmente antigüedad en la empresa, obligándolo a recurrir a él, pero esto no era todo porque había “gestores” allegados al mismo secretario general que pedían su propia “mochada” por franquear la entrada a la oficina y era de 500 a 1,000 pesos.

Se aprovechaban de la necesidad que tenía la familia obrera por el bien patrimonial, mismo que tardaba hasta seis meses en adjudicarlo, pero en 1989 se redujo a dos meses y medio el proceso de presentación y aprobación de las solicitudes, lo cual no se le informaba al peticionario haciéndole creer que podía agilizarse el trámite si daba algo extra.

Fue un secreto a voces que se tomaba como algo normal, ya que nadie escuchaba a los pocos que se atrevían a protestar, rebeldía que se castigaba con la famosa cláusula de exclusión, que en primer lugar se simulaba un juicio en el sindicato para expulsarlos de sus filas y luego solicitaban al patrón el despido, en virtud que sólo podían estar quienes estuvieran afiliados.

Gracias al Infonavit, en esa época varios dirigentes cambiaron su status de vida comprando residencias y ranchos, cambio que les aseguró ser hoy hombres respetables, con negocios y membresías en clubes deportivos.

El negocio se les acabó en 1993, según se destaca en la Historia del Instituto, cuando el entones director general del Infonavit, José Francisco Ruiz Massieu, determina que se publique las reglas para el otorgamiento de crédito con las tablas de puntuación que relacionan edad y salario, y la definición de montos máximos de crédito, así como las tasas de interés, con lo cual cualquier trabajador sabía sus posibilidades y de esta forma dejaba de estar sujeto a lo que dijera el líder sindical, además que todos los trámites ya no tenía que hacerlos en el sindicato sino directamente en las oficinas del Instituto.

El punto anterior se reforzó en 1996 al publicarse las reformas a la ley del Infonavit, fijándose el procedimiento para la inscripción, a través de un proceso de selección, tomándose en cuenta los bimestres aportados, el ahorro voluntario, el salario diario integrado, la edad y el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR, además que desde entonces se publica la convocatoria en los periódicos de mayor circulación, los períodos de entrega de carta de asignación de crédito, y el monto máximo del crédito.

Guevara Palomino subrayó que dentro de las denuncias de carácter penal que interpondrá es por el delito federal al darle mal uso al logotipo del Infonavit, con la promesa o compromiso de arreglar los asuntos que tenga el trabajador y por lo cual cobran una comisión, lo que debe tipificarse como un fraude ya que no tienen autorización para hacerlo. No se requiere de terceras personas para conocer su situación, sea para solicitar un crédito, por tener varios meses sin pagar o el aplazamiento del pago por pérdida del empleo, entre otros, basta con que se conecten por internet a la página del Instituto, o que pidan una cita con un asesor en la delegación estatal.

Aunque es un acto legal el que se propone Mario Guevara, está claro que no será una tarea fácil, ya que se enfrentará a grupos de “cuello blanco” que litigarán en los juzgados para evitar que les cierren la fuente de ingresos, que como señala el funcionario es una estafa la que cometen y que debe terminar.

DESAFÍA A DELINCUENTES

La campaña que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las gasolineras, para que despachen litros completos, ha encontrado una férrea resistencia de algunos propietarios que se consideran arremetidos, pero el problema es más agudo de lo que podría suponerse ya que en varios estados enfrenta a auténticos malhechores.

La titular de este organismo, Lorena Martínez Rodríguez, reconoció que se convierte en una labor de alto riesgo cuando los concesionarios utilizan “matones” para que amedrenten a los verificadores, lo que ha llevado a que se levanten actas en el Ministerio Público y que se hagan acompañar por elementos de seguridad pública o del Ejército.

En la entrevista que concedió a El Universal, en su edición del pasado 25 de agosto, la funcionaria destacó que también se han encontrado con que la tecnología es utilizada por los delincuentes, al aplicar un software que modifica la medición. Alteran el modelo prototipo, utilizando el software para ocultar datos de cuántos litros venden, encontrándose en el reciente recorrido, a 221 expendios, que más de la mitad lo tienen. De las 527 verificaciones, 225 serán sancionadas, lo que significa el 48%, es decir, casi la mitad presentó irregularidades.

Parte de los operativos se llevan a cabo durante la noche por el factor sorpresa, y en algunos lugares los verificadores “son recibidos por personal no muy amable, hasta dos, tres perfiles de matones, que los han invitado a retirarse”, ante ello y para no poner en riesgo la seguridad ni la vida de los enviados de la Profeco, “regresamos y pedimos apoyo a la fuerza pública y en muchos casos hasta por el Ejército, para realizar labores de verificación”, explicó Lorena Martínez.

Pues vaya reto el que tiene la Procuraduría del Consumidor para hacer cumplir la ley, porque esas personas “no muy amables”, como las define la titular, están acostumbrados a intimidar y que en un momento determinado pueden pasar a la agresión física, lo que no constituye dar marcha atrás o un paso de costado para que siga el robo que algunas gasolineras hacen a los clientes, por el contrario, con el apoyo de la fuerza pública se mantendrán las inspecciones, afirmó.