Fernando López Gutiérrez

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El impacto del huracán Patricia en las costas occidentales de nuestro país fue mucho menor de lo que se pronosticaba. Después de una intensa movilización preventiva y de una cobertura mediática poco antes vista, las pérdidas y daños resultado del paso del huracán fueron catalogados como menores.

Abundan quienes hoy critican las acciones llevadas a cabo por las autoridades federales y la amplia difusión de las medidas preventivas, por considerar que fueron exageradas o que tenían un fin propagandístico. Si los destrozos del huracán hubieran sido cuantiosos o lamentáramos la pérdida de vidas, estas mismas personas estarían buscando la manera de responsabilizar a las autoridades, aunque la labor preventiva se haya hecho de manera correcta.

Cuando está en juego el patrimonio o la supervivencia de la población, sobre todo de la más vulnerable, no es posible escatimar esfuerzo y voluntad para garantizar su seguridad. Por eso es justo valorar que no haya ocurrido una desgracia y reconocer la labor de quienes cumplieron con su responsabilidad, sin importar — me atrevo a decir— si sus motivos se sustentaron más en la búsqueda del reconocimiento público que en la preocupación legítima por los afectados.

La evaluación de los daños que propició Patricia en muchas comunidades de nuestro país nos permite reconocer la importancia de la labor gubernamental en la prevención de desastres. Aunque las consecuencias fueron mínimas en comparación con lo que se esperaba, hubo poblaciones que se vieron notablemente afectadas. Familias y personas que sufrieron pérdidas lamentables y que tardarán en recuperar lo que con mucho esfuerzo construyeron.

Antes de descalificar la correcta implementación de la estrategia general seguida quienes critican deberían revisar los casos concretos de las poblaciones que sufrieron daños y que han perdido su patrimonio. En muchos de estos casos la población reportó que no se atendió el ejemplo de las autoridades federales de mayor jerarquía y faltaron los avisos, la prevención y las señales de alerta.

No hay que ir muy lejos para identificar este tipo de historias. En Aguascalientes, en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, los habitantes de las inmediaciones de la Presa de San Blas fueron sorprendidos por una inundación durante la madrugada del sábado pasado. La población comenta que las compuertas de la presa fueron abiertas ante la inminencia de su desmoronamiento. Resulta claro que no se evaluaron de manera correcta los riesgos, al grado de no advertir a los lugareños sobre la necesidad de protegerse y resguardar sus bienes. Es indudable que todos ellos hubieran preferido una advertencia aunque la probabilidad de ocurrencia de un siniestro fuera menor. Por conveniencia o convicción hubiera sido deseable que la autoridad responsable de vigilar la presa exagerara en sus previsiones.

Después de la amenaza llega el momento de la reconstrucción y los damnificados requieren de todo el apoyo. Esperemos que se evalúen de manera correcta los daños ocurridos, se identifiquen las fallas que existieron y se realice una labor de reparación tan positiva como la preventiva.