Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, el pasado martes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Monterrey, Nuevo León, dictó sentencia dentro del juicio de inconformidad número 35/2015, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) y señalando como autoridad responsable al Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Aguascalientes con sede en el Municipio de Jesús María.

Recordemos que en esta demarcación electoral había sido electo, según los resultados oficiales del cómputo distrital, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gregorio Zamarripa Delgado, con un total de 32,168 votos por encima de los 31,732 sufragios obtenidos por su inmediato perseguidor, el candidato del PAN, Gerardo Salas Díaz. En el ejercicio legítimo del derecho que les asistía para impugnar dichos resultados, el PAN promovió el juicio de inconformidad buscando la anulación de los comicios efectuados en este distrito.

Lo que finalmente resolvió la Sala Regional del TEPJF fue decretar la nulidad de la elección correspondiente a este distrito 01, revocando, con ello, la constancia de mayoría que había sido otorgada al candidato del PRI y, en consecuencia, ordenar al Consejo General del INE la celebración de unos comicios extraordinarios en esta demarcación electoral, lo cual sentaría un primer precedente de esta naturaleza para nuestro Estado.

Pero aquí no acaba la historia y todavía falta mucho por escribirse, porque el PRI interpuso, el día de ayer, el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF para que revise los términos constitucionales y legales del fallo de la Sala Regional y, en su caso, lo confirme, modifique o revoque, resolución que generará una enorme expectativa e interés entre los círculos políticos locales y nacionales, teniendo como forzoso desenlace la organización de una nueva jornada electoral en el distrito 01 o la confirmación definitiva del triunfo del candidato Zamarripa Delgado. Sólo para puntualizar, la Sala Superior tendría hasta el 19 de agosto para pronunciarse al respecto y resolver el recurso intentado.

Más allá de los apasionamientos partidistas y de todas las opiniones a favor o en contra de la sentencia de la Sala Regional, lo relevante sería conocer y analizar los argumentos lógico-jurídicos que pesaron en dos de los tres Magistrados de este órgano jurisdiccional para decantarse por la nulidad de la elección, razonamientos que no compartió el Magistrado Presidente de la misma, Marco Antonio Zavala Arredondo y, ante ello, se vio obligado a emitir un voto particular del cual se desprende que este juzgador tenía en claro que la elección debía ser declarada válida.

La razón de peso por la que la Sala Regional determinó, por mayoría de votos, anular la multicitada elección fueron “las irregularidades cometidas por el Gobernador del Estado de Aguascalientes… pues vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, tutelados por el artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Federal” (cita textual).

Lo anterior, motivado por el uso de un presumible medio de transporte oficial (el camión de Gobierno del Estado coloquialmente conocido como el “Progrebús”) para transportar al mandatario estatal y su familia a emitir su voto el pasado 7 de junio, arropados por funcionarios públicos estatales, para posteriormente hacer un recorrido para acompañar a los tres candidatos a Diputados Federales del PRI a sufragar en sus respectivas casillas, particularmente al candidato Zamarripa Delgado a las inmediaciones de la casilla correspondiente a la sección 413 ubicada en el Municipio de Jesús María.

Temerariamente, la sentencia concluye afirmando que “dada la naturaleza en que se cometieron y difundieron las anomalías referidas, si bien resulta materialmente imposible definir el número de votos que pudiesen haber resultado afectados, esta Sala Regional considera que tales violaciones sí resultaron determinantes para el resultado de los comicios, tomando en cuenta que la diferencia que existió entre el primer y segundo lugar de la elección fue de tan sólo 436 votos” (cita textual).

Me parece que la forma como remataron los Magistrados de la Sala Regional su controvertida sentencia es desafortunada y carente de rigor jurídico, porque deja más interrogantes que puntos claros en la misma. En todo caso, la pregunta clave para fijar un criterio resolutorio sería la de ¿si la conducta reprochada al mandatario estatal es, en estricto sentido, ilegal y, en todo caso, si ésta verdaderamente transgredió los principios de imparcialidad y equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral democrático? Ambos elementos, sin duda, sumamente debatibles.

De ahí, pues, que me parece que la sentencia no resuelve, de ninguna manera, cuestionamientos fundamentales como los siguientes: ¿Está debidamente acreditado que el vehículo señalado fuese de propiedad estatal?, ¿en qué grado afectó la conducta multireferida a restringir la libertad del votante para ejercer su derecho al sufragio?, ¿cuántos votos pudo haberle representado a favor del partido del Gobernador del Estado?, ¿cuántas personas del distrito 01 tendrán una cuenta de twitter para haberse percatado, por este medio, de la forma de proceder del mandatario estatal y su comitiva?, ¿si la diferencia hubiese sido mayor entre el primero y el segundo lugar no hubiese sido procedente la anulación de la elección?, ¿qué pasaría si el candidato del PRI fuese el segundo lugar y no el primero o ni siquiera apareciese en los dos primeros sitios de la preferencia electoral?

No desacredito “per se” el fallo de la Sala Regional, pero sí cuestiono la falta de solidez en los argumentos que emplean dos de sus Magistrados (rayando en una ocurrencia frívola) para llegar a la determinación de anular una elección que, en caso de repetirse, generará un derroche de recursos económicos importante y que seguramente provocará mayor desánimo político entre la población que habita en aquel distrito. Me parece que los órganos jurisdiccionales electorales están para defender las decisiones tomadas por la voluntad popular y no, por el contrario, minimizar, por no decir insultar, la madurez política de toda una colectividad. Esperemos a ver cómo resuelve la Sala Superior.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

 

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