Luis Muñoz Fernández.

Prosigamos con el resumen del análisis del doctor Rodolfo Vázquez Cardozo sobre los argumentos que hasta ahora parecían justificar la penalización de la posesión de drogas para el consumo personal, tal como lo expone en el artículo “¿Es éticamente justificable penalizar la posesión de drogas para consumo personal?”, publicado en 2009.

Además del argumento perfeccionista y del argumento paternalista, expuestos ambos en la primera parte de este escrito, existen otros dos argumentos que se han esgrimido a favor de la penalización de la posesión de drogas para el consumo personal. Uno es el argumento de la defensa social, que consiste en el supuesto de que la acción del individuo (la posesión y el consumo de drogas) trasciende los límites de la moral privada y afecta a terceros. A propósito de la intersección entre la moral privada y la pública, el doctor Vázquez cita al destacado filósofo y jurista argentino Carlos Santiago Nino cuando dice:

Una conducta está exenta de toda interferencia estatal cuando ella es susceptible de ser valorada por el agente como relevante a su plan de vida libremente elegido y no implica un riesgo apreciable de generar causalmente perjuicios relativamente serios a intereses legítimos de terceros, no incluyéndose entre esos intereses las meras preferencias de los demás acerca del modo de vida que el agente debería adoptar.

Si el centro del argumento de la defensa social es el daño a terceros, ¿cuándo debemos considerar que el consumo de drogas causa un perjuicio a terceros? Rodolfo Vázquez identifica dos situaciones: cuando los que son consumidores habituales de drogas introducen a otros en el consumo; o bien, cuando el consumo de drogas se vincula con acciones delictivas.

En el primer supuesto la víctima del contagio puede incurrir en el consumo de drogas de manera involuntaria o voluntaria. Si lo hace voluntariamente, no se puede responsabilizar al que posee la droga para consumo personal de la adicción en la que incurre quien voluntariamente la acepta. Sólo cuando el que posee la droga para su consumo personal abusa de una persona inocente o, por diversos motivos, incompetente, ameritaría algún tipo de sanción. El doctor Vázquez es enfático señalando que una cosa es poseer drogas para consumo personal y otra muy distinta es inducir a otro individuo a su consumo.

En el segundo supuesto, también deben distinguirse dos situaciones: la primera sucede cuando el consumidor de drogas perpetra el delito totalmente sobrio, sin estar bajo el efecto de las drogas. En ese caso la acción delictiva debe adscribirse a la acción voluntaria (el robo, por ejemplo) y no al consumo de drogas o a su posesión para consumo personal. La segunda situación es cuando el delito puede adscribirse al consumo de drogas, siempre y cuando esto quede debidamente demostrado, es decir, que se pruebe que tal consumo fue la condición suficiente del delito y el sujeto pueda ser responsabilizado, probándose que se drogó para dar lugar a tal resultado delictivo, y lo haya hecho consciente de saber que lo provocaría. Son las mismas consideraciones que se aplican a un borracho involucrado en un accidente de tráfico. Debe pues demostrarse lo más objetivamente posible el nexo entre el consumo y la comisión del delito, ya que existen numerosos ejemplos de un consumo que no deviene en abuso. Piénsese en los que consumen drogas con un fin recreativo o terapéutico.

El otro y cuarto es el argumento democrático, con el que se quiere dar a entender que el adicto a las drogas es un individuo incapaz de contribuir con su trabajo y su esfuerzo al bienestar de los demás, situación que se traduce en una menor calidad de vida democrática en la sociedad. Al no contribuir al bienestar de los demás, el que consume drogas “peca” de omisión. Esto trae a colación el asunto de la adicción, punto de preocupación  fundamental porque parece implicar una dependencia contra la cual se necesita tener una fuerza de voluntad sobrehumana. No siempre parece ser así. El doctor Vázquez nos recuerda que existen miles de personas que han dejado voluntariamente de fumar o beber, o que han moderado o eliminado el consumo de drogas en circunstancias y momentos distintos de la vida.       La idea de que la adicción no puede vencerse salvo con un esfuerzo extraordinario parece no tener sustento. Es por tanto evidente que un adicto puede ser rehabilitado y que mal hacemos criminalizándolo como si fuese alguien carente de voluntad.

A todo ello hay que agregar que en una sociedad liberal, no se espera que cada uno de los individuos contribuya sustancialmente a incrementar el producto interno bruto. Si la inactividad propiciada, eventualmente, por el consumo de drogas fuera el factor decisivo para penalizar su consumo, entonces habría que penalizar toda actividad no productiva. Por ejemplo, a los vagabundos y también a los hijos improductivos de nuestra clase empresarial y política, a quienes se les llama juniors o, más recientemente, mirreyes. Bajo el mismo argumento serían delincuentes aquellos que ni estudian ni trabajan, los ninis. Por último, señala Rodolfo Vázquez, si la indolencia supone la omisión de contribuir a la subsistencia de sus dependientes inmediatos, puede responsabilizarse al individuo por tal omisión, pero cuidando de distinguir tal omisión de la acción de poseer drogas para consumo personal.

Concluye el doctor Vázquez con dos consideraciones. Si la respuesta a los argumentos en contra de penalizar la posesión de drogas para consumo personal presentadas en su artículo han sido convincentes, entonces su fuerza persuasiva debe alcanzar también para otras drogas además de la marihuana. Aunque los esfuerzos en contra de la despenalización se han centrado en esta droga por una racionalidad de tipo prudencial –La Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia señala que la marihuana es la droga más difundida en América Latina y que “la evidencia empírica indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol o el tabaco” –, las respuestas presentadas a cada uno de los argumentos contra la penalización de las drogas para consumo personal tienen un sentido general, aplicable a otras drogas, y no restrictivo.

La última consideración final de Rodolfo Vázquez tiene una importancia capital: sería un despropósito no sancionar jurídicamente la posesión de drogas para consumo personal y, al mismo tiempo, no poner las condiciones adecuadas para un acceso del consumidor a las mismas. El Estado debe regular dicho acceso y hay que reconocer que las iniciativas que se han presentado en México y en otros países del mundo han desplegado con mucha creatividad un sinnúmero de medidas que, como es natural, se desprenden de las mismas circunstancias sociales e históricas de cada comunidad. No se trata simplemente de trasladar la experiencia holandesa a la situación de México, por ejemplo.

Justo ahora, en mayo de 2016, cuando la iniciativa presidencial sobre la posesión de la marihuana para consumo personal se está discutiendo en el Congreso, esperamos con Rodolfo Vázquez que nuestros legisladores tengan un adecuado conocimiento de la realidad nacional y una buena dosis de sensatez. Tenemos motivos sobrados para desconfiar, pero es nuestra obligación contribuir al debate público informado.

El riguroso y sereno análisis de los argumentos esgrimidos para penalizar el consumo personal de las drogas hecho por el doctor Vázquez y resumido en estas páginas se constituye en el paradigma de cómo deben tratarse temas como estos. Hagamos a un lado los argumentos irracionales, carentes de sustento filosófico y científico, pues suelen esconder intereses inconfesables nimbados de santurronería.

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