Luis Muñoz Fernández.

El Diccionario de la Real Academia define la contumacia como la tenacidad y dureza en mantener un error. Ignorancia y contumacia constituyen un obstáculo prácticamente insalvable a la hora de intentar un debate público informado sobre una serie de temas que consideramos espinosos en una sociedad como la nuestra: el consumo de drogas, el aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario, por citar solamente algunos.

 La dupla ignorancia y contumacia explica las más recientes declaraciones que sobre la iniciativa de despenalización del consumo personal de las drogas, en especial de la mariguana, han vertido en muestro medio connotados líderes de opinión, referentes morales e incluso de responsables de atender este tema, personajes estos últimos que supondríamos al tanto de lo que se está discutiendo en el mundo y debidamente informados sobre las claras evidencias científicas publicadas en la literatura internacional. Pero, a juzgar por lo que expresan públicamente, no parece ser así.

De lo declarado se puede concluir en un primer momento que existe una confusión entre lo que significa despenalizar y lo que implica liberar sin más, e incluso promover, el consumo de drogas, como si se pretendiese repartirlas en las tiendas de conveniencia. Asimismo, parece no entenderse que la despenalización no es la única medida que se propone, sino que forma parte de lo que se ha llamado “el nuevo paradigma”, cuyas directrices son: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública (lo que incluye, entre otras cosas, la asistencia sanitaria de los consumidores), reducir el consumo mediante acciones de información y prevención (especialmente dirigidas a los jóvenes) y focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Si la mayoría de los aguascalentenses deseamos transitar hacia un Estado Constitucional de Derecho, liberal y democrático, lo que, salvo aisladas (aunque a veces poderosas) excepciones, no parece estar en discusión, ya no podemos como sociedad fijar una postura, decidir una política pública y, mucho menos, legislar mediante manotazos en la mesa y oscuros acuerdos de conciliábulo. El instrumento moderno para dirimir los diferentes puntos de vista sobre un asunto que nos afecta a todos es el debate público informado. Es aquí donde la bioética laica y el derecho forman una mancuerna que se opone de manera eficaz a la ignorancia y la contumacia.

Frente al nuevo paradigma sobre el consumo de drogas, tema central de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU que se acaba de celebrar en Nueva York del 19 al 21 de abril de 2016, en donde se expresó sin ambages que la criminalización de los consumidores ha sido un rotundo fracaso, conviene analizar serena y racionalmente los argumentos que hasta ahora parecían justificar la penalización de la posesión de drogas para el consumo personal.

Este análisis lo ha hecho ya con el rigor y la claridad meridiana que lo caracterizan Rodolfo Vázquez Cardozo, doctor en filosofía, licenciado en derecho, profesor visitante en las Universidades de Oxford y Génova, profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro el Colegio de Bioética, A.C. El doctor Vázquez publicó en 2009 un documento titulado “¿Es éticamente justificable penalizar la posesión de drogas para consumo personal?”, mismo que trataremos de resumir en los párrafos siguientes (y en El Observatorio de la semana próxima) para arrojar luz sobre este asunto tan controvertido.

Cuatro han sido los argumentos que se han esgrimido para la justificar la criminalización de la posesión de drogas para consumo personal. El primero es el argumento perfeccionista [las negritas son mías], que hace énfasis en la autodegradación moral (el “vicio”) en el que caen los que consumen drogas. Aquí, el acto de consumir drogas se considera en sí mismo inmoral, mas allá de sus efectos dañinos, ya sean biológicos o mentales.

El argumento se acompaña con el concepto de que, actuando en consecuencia, el ordenamiento jurídico debe promover entre los ciudadanos planes de vida moralmente buenos y caracteres cívicos virtuosos. Para un ciudadano liberal, ese objetivo del sistema jurídico no es legítimo ya que entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida y los ideales de virtud que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias. De acuerdo a la ética laica, el bien de una persona está dado por los fines que ella misma se propone y no por algún modelo de organización social globalizador impuesto dogmáticamente, que abarque todos los aspectos de su vida.

 Aceptando la diferencia existente entre las dos dimensiones de la moral: la autorreferente o privada y la intersubjetiva o pública, es muy claro que la vinculación entre derecho y moral sólo debe limitarse a las reglas morales relativas a la segunda dimensión (la moral pública), prohibiendo las acciones que perjudican el bienestar de terceros u ordenando la realización de aquellas acciones que promuevan los intereses ajenos. Por tanto, los planes de vida personales, donde está incluido el consumo de sustancias (drogas legales e ilegales), y los ideales de virtud deben quedar librados a la autonomía de los individuos y en todo caso ser materia de discusión y persuasión en el entorno social.

El argumento paternalista tiene como objetivo preservar la salud física y mental de la persona. Se ejerce una acción paternal por parte del Estado cuando éste, a través de la normatividad jurídica, intenta evitar que un individuo se haga daño a sí mismo. El enfoque liberal no impide la intervención paternalista, incluso coactiva, en la autonomía de los individuos siempre que tal intervención cumpla con dos condiciones necesarias y, en su conjunto, suficientes: que se compruebe la incompetencia del individuo y que se intervenga por el solo interés del individuo y no de un tercero, por ejemplo, para evitarle un daño. Sólo cuando se cumplen ambas condiciones se puede hablar de un paternalismo justificado.

De acuerdo con lo anterior, la circunstancia de que haya individuos que incurren en el consumo de drogas por inmadurez, compulsión, ignorancia, incapacidad mental o debilidad de voluntad justifica que en su propio beneficio se regule el acceso a las mismas, se castigue severamente el crimen organizado y se encaren medidas eficaces y eficientes para informar y prevenir o, en su caso, rehabilitar desde la perspectiva de la salud pública a los que se hallen en un estado adictivo. Y agrega el doctor Vázquez: pero entendámonos bien, todo ello es deseable siempre que las medidas se realicen sin criminalización, sin programas de rehabilitación o prevención forzadas y sin diferenciaciones injustificadas por razón de edad, tipo racial o de clase social (y de sexo, yo agregaría). No hacerlo así crea subculturas sociales aceptables y “decentes”, versus las no aceptables o “indecentes”.

Al contrario, un individuo que conoce las situaciones relevantes en las que tiene que actuar, puede llevar a cabo sus propias decisiones; sus facultades mentales no se encuentran reducidas; no actúa bajo compulsión; evalúa razonablemente las relaciones medio-fin en sus decisiones; pero decide asumir riesgos al punto de poner en serio riesgo su vida, no puede ser obligado por el Estado a realizar o dejar de realizar la acción, o simplemente, ponerle un número límite de veces para llevarla a cabo. En tales situaciones, como ha ocurrido con frecuencia desde que se adoptó la política prohibicionista contra las drogas, estaríamos en presencia de un paternalismo injustificado. Con el mismo argumento habría que prohibir el alpinismo, el automovilismo –y en general todos los deportes y actividades de alto riego– así como el intento de suicidio.

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