“El primer acto de corrupción que comete un funcionario público,

es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”

Anónimo

Noé García Gómez

Después de la reforma electoral federal y ante los tiempos legales para realizar modificaciones a las leyes electorales locales, la segunda mitad del 2014 los diputados centraron sus baterías en una gran reforma electoral –decían ellos-, fue el 4 de julio cuando por unanimidad aprobaron las diversas modificaciones constitucionales de febrero del 2015, y hasta marzo del 2015 discutieron y aprobaron las adecuaciones a las leyes secundarias.

La mayoría de los legisladores se sintieron expertos y orgullosos en materia electoral, no importó que algunas de sus iniciativas tuvieran el tufo de ser revisadas con anticipación por parte del equipo jurídico del Ejecutivo Estatal, realizaron sendas declaraciones y boletines de prensa “lanzando cuetes” y festejando su loable trabajo, algunos diputados la calificaron con 9, como buen maestro “barco”.

A los que analizábamos (ver columna del 5 de julio 2014 http://goo.gl/zJmMlM) y describimos los posibles hierros o retrocesos nos tildaron de “aguafiestas”, subir el umbral para acceder a la asignación de representación proporcional, requisitos para el plebiscito y referéndum y lo referente a las candidaturas independientes fueron parte de algunos excesos legislativos.

El pasado 20 de enero, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF enmendaron la plana a la actual legislatura en la materia de candidaturas independientes, ya que consideró inconstitucionales diversos artículos del Código Electoral del Estado de Aguascalientes que exigen a los aspirantes a candidatos independientes a gobernador de Aguascalientes presentar los requisitos siguientes: a) las firmas de apoyo que correspondan al 5% del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal; b) la acreditación que durante los últimos seis años no han sido militantes de algún partido; c) el no haber participado en los dos procesos anteriores de selección de candidatos, y d) el domicilio de quienes respalden su nominación.

Los magistrados argumentaron que están fuera de la razonabilidad, de la necesidad, de la proporcionalidad y de la adecuación, eran inconvencionales, alejados de toda idoneidad, que atentan contra los derechos políticos y político-electorales, a los tratados tuteladores de derechos humanos y contrarios a los derechos humanos.

El magistrado Salvador Nava Gomar manifestó su preocupación por la calidad democrática de la producción normativa en Aguascalientes.

La acción legislativa es una alta responsabilidad que tiene que asumirse con seriedad, profesionalismo y ética. Una decisión regulatoria no es tarea fácil, cuando alguien escribe la norma tiene sin duda que proveer el impacto que ésta pueda tener tanto para beneficio o perjuicio de los distintos actores, y en base a esto, tomar la decisión que tenga mayor utilidad.

Los intereses partidistas, individuales o privados no pueden imponerse al beneficio colectivo, y utilizar la privilegiada posición para menguar un beneficio colectivo (negligentemente o dolosamente), eso es también un tipo de corrupción y debiera catalogarse como delito.

Una regulación que se vuelva costosa o perjudicial tendría que catalogarse como un tipo de malversación de fondos o uso inadecuado de los recursos públicos. En cambio los legisladores lo hacen pues saben que no pasará nada.

Estamos inmersos en un nuevo proceso electoral y puede ser la oportunidad para que perfiles idóneos ocupen un alto cargo de representación en el congreso del estado.

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