Ángel Charles
Agencia Reforma

MONTERREY, NL 6-Nov .- En tan sólo 3 días, Valentín Moreno González, ex empleado de la empresa Concordia Ferma, propiedad de la Secretaria de Infraestructura y Transporte de Coahuila, María Esther Monsiváis, se convirtió en un próspero “empresario”, al que la Administración de Rubén Moreira le pagó este año al menos 24 millones 250 mil pesos.
En su paso por Concordia Ferma, propiedad de la funcionaria y su esposo, Fernando Martínez Garza, Moreno González tuvo un salario base de cotización de apenas 125 pesos diarios.
Registros del IMSS a los que Grupo REFORMA tuvo acceso establecen que el empleado laboró con la funcionaria entre el 10 de agosto del 2012 y el 31 de mayo del 2014.
Tres días después, el 3 de junio del 2014, Moreno creó la empresa Riviera Álamo, junto al chofer José Santos Javier Garza Lizcano, en una operación similar a la que comúnmente realizan los prestanombres.
Riviera Álamo, con domicilio en Saltillo, es una firma “fantasma” a la que el Gobierno coahuilense le ha dado millones de pesos sin licitación.
La empresa no está dentro del Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado, que le ha adjudicado todos los contratos de este año a través de asignaciones directas.
A pesar de facturar millones al Gobierno de Rubén Moreira, Moreno González, uno de los “propietarios”, tiene domicilio en la calle Camboya 515, de la Colonia Nuevo Amanecer, en Apodaca, un sector popular de la zona metropolitana de Monterrey.
Al acudir al sitio, una mujer que se identificó como su mamá, pero que se negó a dar su nombre, dijo que su hijo tenía dos años de haber dejado ese domicilio y que vivía en Saltillo.
“Desconozco a qué se dedique allá, no tengo conocimiento de que tenga una empresa”, comentó escuetamente la mujer.
En el caso de Garza Lizcano, según los registros del IMSS, éste era chofer de la ruta urbana 124 antes de convertirse en “empresario” en Saltillo.
Éste también tiene su domicilio en un sector popular: la calle Manuel Rivera Anaya 240, de la Colonia Pedregal de Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
“Nunca hemos sabido que tenga negocio, menos en Saltillo”, dijo uno de sus vecinos, que admitió conocerlo desde hace varios años.
El giro principal de la empresa fantasma Riviera Álamo es la construcción y urbanización, pero también la tramitación de servicios y certificados, la realización de convenios, la consultoría en maniobras portuarias y aeroportuarias y servicios aduanales y hasta la producción de granos y forrajes.
Sin embargo, los contratos asignados sin licitación por el Gobierno de Coahuila son por conceptos que van desde cobijas térmicas, hasta al menos 6 mil 100 paquetes de electrodomésticos y 700 mil “bolos” infantiles (bolsas de dulces).
Este año, la Administración de Moreira le ha pagado a Riviera Álamo al menos seis facturas por un total de 24 millones 250 mil pesos.
El pasado 18 de octubre, al acudir a aclarar los pagos a las empresas “fantasma” ante el Congreso de Coahuila, el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos, dijo que las compañías estaban dadas de alta ante el SAT.
Cuando los Diputados le preguntaron si había constancia de que se hubieran recibido los materiales facturados dijo que sí, pero no mostró fotos ni videos ni constancias de entrega-recepción ni nombres de quién entregó y quién recibió las mercancías.
El funcionario se comprometió ante los Diputados a presentar “en un futuro” las pruebas de las adquisiciones.