Por: Octavio Díaz García de León

@octaviodiazg

 

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue encarcelado el pasado jueves 3 de septiembre. Después de quitarle el fuero político, ordenar su arresto y presentar su renuncia, el jueves ya durmió el ex presidente en la cárcel. ¿Cómo es posible que un país con instituciones débiles, con una oligarquía que históricamente ha dominado ese país con impunidad, con una historia de dictaduras, guerras civiles, abusos a los derechos humanos, pobreza extrema y otros problemas que superan a los nuestros, tenga la posibilidad de destituir a un presidente y enjuiciarlo por corrupción?

Nuestro vecino del sur es un perfecto desconocido para la mayoría de los mexicanos. Acostumbrados como estamos a mirar al norte, Belice y Guatemala nos pasan desapercibidos.Con Guatemala compartimos una enorme frontera totalmente porosa de 960 km y una historia que nos hermana desde los tiempos prehispánicos. En Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán floreció la civilización maya; una vez lograda la independencia de España, Guatemala fue parte del Imperio Mexicano por un corto tiempo; y Chiapas era parte de ese país hasta que decidió anexarse a México. Guatemala cuenta con 15 millones de habitantes; un ingreso per cápita de $5,300 dólares (En México es de $17,300 Dlls.). País de paisajes hermosos y pobreza lacerante, tiene una joya colonial, la Antigua Guatemala, destruida por un terremoto y hoy convertida en hermoso centro turístico.

Los problemas de corrupción en Guatemala son añejos, como lo son en nuestro país. De hecho, Guatemala es vecino de México en la clasificación que hace Transparencia Internacional en esta materia ya que ocupa el lugar 115 de 175 países con una calificación de 32/100 mientras que México está en el 103 de 175 con 35 de calificación.

Pero mientras en nuestro país seguimos discutiendo una posible reforma anticorrupción (faltan todas las leyes secundarias) y que, de llevarse a cabo, sus efectos se verán quizá para el próximo sexenio, en Guatemala han sido capaces de llevar el combate a la corrupción hasta el nivel más alto del gobierno de ese país.

Gracias a una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía de esa nación, el pasado 16 de abril se puso al descubierto una enorme red de corrupción en el gobierno que lucraba con los aranceles que se cobran en las aduanas de ese país. La red de corrupción llegaba hasta el presidente Pérez Molina y primero le costó el puesto a la vicepresidenta Roxana Baldetti, luego gran parte del gabinete renunció y finalmente cayó el presidente. Todo esto fue acompañado de un enorme movimiento de protesta social pacífica, que movilizó a decenas de miles de personas de clase media, quienes manifestaron su rechazo a los enormes niveles de corrupción que alcanzó el gobierno de ese país.

¿Qué es y cómo le hace la CICIG para combatir la corrupción a tan alto nivel? La CICIG fue formada mediante un acuerdo de la ONU con el gobierno de Guatemala y recibe apoyo financiero y técnico internacional. Es un órgano internacional independiente creado en el 2007 para auxiliar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas a través del apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos de alto impacto. Está formado por un equipo humano internacional y opera dentro del marco legal y del sistema de justicia del país. El mandato de dicho organismo es investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos y sus vínculos con funcionarios del Estado; desarticularlos, perseguirlos y sancionarlos; y hacer recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de políticas públicas que ayuden a erradicarlos.

Sin embargo, ha ampliado su actuación para investigar otros casos de alto impacto, por lo que la CICIG también combate ilícitos tales como: el contrabando y la defraudación fiscal; la corrupción en el sector público; el financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales; la corrupción judicial; y el narcotráfico y lavado de dinero. Además del caso más reciente que le costó el puesto al presidente Pérez Molina, ha llevado otros casos de muy alto impacto.

México ha optado por una reforma anticorrupción que pretende fortalecer cuatro instituciones del Estado Mexicano: una secretaría de Estado dedicada al control interno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, dado el éxito que ha tenido con nuestro vecino del sur, no estaría demás considerar la incorporación en México de un cuerpo internacional formado por la ONU, similar al de Guatemala, que cuente con las capacidades técnicas de investigación, personal internacional capacitado, recursos y sobre todo autonomía e independencia de actuación para que auxilie a las autoridades mexicanas en la persecución de casos de alto impacto que pudieran involucrar a los niveles más altos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes.

Con ello se daría mayor eficacia y credibilidad a las investigaciones por tratarse de un organismo anticorrupción internacional que actúe con imparcialidad y sin conflictos de interés. Ahora que es un clamor popular en nuestro país el combate a la corrupción, vale la pena estudiar y adoptar mejores prácticas en la materia como es el caso de la CICIG en Guatemala.

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