Con la bendición de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) se aplicarán las cuotas escolares que se requieran para que los planteles estén en mejores condiciones, lo que una vez más deja en claro que una cosa es lo que ordena la Constitución General de la República y otra las costumbres ancestrales.

Cada año el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) amenaza con destituir a los profesores y directores de escuelas que se confabulen con los paterfamilias para aplicar el cobro, sin embargo no hace falta que intervengan los mentores para que la tradición se mantenga.

Gema Alicia Ortiz Mascota, que se pasó el sexenio como “encargada del despacho” de la AEPF, pidió a los papás que por ahora no entreguen ninguna aportación sino hasta que se inicie el ciclo escolar y una vez que exista un acuerdo para fijar la “cuota voluntaria”.

Adelantándose a los reclamos que cada año se registran, cuando no pueden cubrir la exigencia, dijo que las mesas directivas “no pueden exigir el pago de dicha cuota, ya que es un asunto de voluntades para que los niños encuentren mejores condiciones para su educación”.

En la actual administración estatal se prometió que no habría más cuotas escolares, para ello se destinaría una suma que atendiera las necesidades de los planteles, pero al negarse el Congreso del Estado a que se fijara en la ley es algo que puede cancelarse en cualquier momento sin descrédito alguno.

El Artículo Tercero Constitucional expresa que “toda la educación que imparta el Estado será gratuita”, lo que en los hechos se convierte en letra muerta ya que aún cuando no se cobra una mensualidad, cada año se paga entre 300 y 900 pesos por padre de familia, que en muchos casos no pueden cumplir y aún cuando la encargada de la Asociación asegure que no se debe exigir se hace de una u otra manera, incluso pidiéndoles que paguen con un servicio a la escuela.

Es innegable que todos los niños y niñas tienen asegurado su lugar en el grado correspondiente, pero a la hora de inscribirlos se les recuerda a los padres que deben hacer la aportación dándoles un plazo para ello. De manera sutil se filtra quiénes no lo hicieron lo que con el paso de los meses se convierte en un estigma para los menores que de una u otra forma son señalados porque sus padres no cooperaron para la atención del plantel.

Está claro que hay eventos especiales que requieren de una contribución, como el día del niño, el de la madre, del padre, del maestro y los festejos de diciembre y de fin de ciclo, pero que no puede ir más allá de lo indispensable para convivir.

El problema de fondo con las tan llevadas y traídas cuotas es que el monto que se reúne es elevado y poco se sabe en qué se emplea, debido a que no hay un comité de vigilancia independiente de la directiva, encargado de conocer y supervisar los programas que determinaron, del material que se empleó en los trabajos, tiempo de duración y otras cuestiones, que por pequeña que sea una obra exige claridad en el gasto, por ello la resistencia de aceptar el informe de labores que rinden las agrupaciones.

Si la educación que imparta el Estado es de gracia tiene que ser sin ondulación alguna, de lo contrario es ir en contra de los intereses colectivos y revestir de legalidad una actitud que está lejos de serlo.

CHISME DIRIGIDO

A lo largo de la historia y en todos los pueblos han existido individuos que se diferencian por su negatividad, dispuestos a fomentar la cizaña, el odio, la desunión, que si no hay problemas los inventan para mantener la tensión en medio mundo.

Es una situación que no se puede erradicar por decreto o con dictar su aprehensión, sino demostrar con datos concretos que todo lo que se dice no pasa de ser una patraña y cuantas veces se mencione reiterar que es una mentira.

En los últimos meses se ha mantenido el cuchicheo que está a punto de privatizarse la educación y de unificarse los servicios de salud, lo que a decir de quienes propalan el rumor acabaría con la atención que actualmente reciben millones de mexicanos.

La delegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Laura Lorena Alba Nevarez, calificó de “mito” que la reforma educativa sea un paso para la privatización, puesto que la legislación no le quita a los profesores sus derechos laborales ni cancela la obligación del Estado de otorgar la educación básica.

Aseguró que están garantizados los derechos laborales de los docentes, mantienen su antigüedad en el servicio, la jubilación y las primas que se han recibido en años anteriores son intocables, lo mismo que las prestaciones que tenían, entre ellas la carrera magisterial que seguirá aportando los estímulos ganados.

Reiteró como engaño que los educadores que no aprueben las evaluaciones de permanencia serán despedidos, puesto que si en el remoto caso que no pasara los tres exámenes se le reubicará en una plaza administrativa. El objetivo de la evaluación, explicó, es ayudar a quienes se encuentren en esa situación, recobren la confianza en sí mismos y su capacidad en la enseñanza.

En defensa de la reforma educativa la funcionaria ratificó que tiene como gran objetivo “mejorar la calidad de la educación, para lo cual es prioritario recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, apoyar a las escuelas para que estén en mejores condiciones y puedan funcionar como deben, mejorar la selección y la formación de nuestros maestros, actualizar los planes y programas de estudio y hacer la educación más incluyente y equitativa”.

Por su parte, los titulares del sector salud en la entidad han establecido que la universalidad de los servicios tienen como meta aprovechar los recursos humanos, materiales e infraestructura que dispone cada quien en beneficio de todos, esto es, que si se necesita atender a uno o más enfermos y no se cuenta de momento con las aptitudes propias pueda hacerse uso de lo que tengan los demás.

Frente a la reacción contraria a esa determinación, se explica que no se trata de saturar algún hospital, sino hacerlo sólo en momentos especiales, como ocurre actualmente cuando se trata de estabilizar a una persona, transportándola al nosocomio más cercano y una vez que se garantiza que ha pasado la crisis se le traslada al lugar que le corresponda.

Las disposiciones de los directores del Seguro Social y del ISSSTE, Mikel Arriola y José Reyes Baeza, respectivamente, es que a nivel local se difunda que no se privatizarán los servicios. El acuerdo que hay entre ambos organismos y con la Secretaría de Salud, consiste en la configuración de un catálogo de intercambio de servicios para atender a la población con mayor oportunidad y hacerlo cuando la institución de seguridad social no cuente con esta posibilidad, pero alguna otra sí tenga la infraestructura médica para brindar la atención.

La incógnita gira en torno de lo que pretenden quienes no se cansan de propalar esos rumores y una de las respuestas estaría en su interés de generar tirantez entre los habitantes en general y en los trabajadores de la educación y de salud, incitando un clima de rechazo hacia el gobierno federal.

Ese es uno de los varios frentes que están abiertos con el propósito de minar cualquier esfuerzo que hagan las autoridades y de lo cual, nadie da la cara. Simplemente en algún momento surge el murmullo de que algo se “cocina” en contra del pueblo y luego se toma como una verdad absoluta, a pesar de que nadie tiene un elemento de prueba de que así sucederá. Como esos hay otros que tienen el mismo fin, por lo que es fundamental estar muy atentos para definir los alcances de ese tipo de comentarios, principalmente exigir al que lo señala que pruebe sus dichos, de otra manera el ciudadano se convierte en objeto de unos fines totalmente ajenos a el.