Lo hecho, hecho está, podrá responder el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la redistribución territorial que llevó a cabo con miras a las elecciones locales de 2016, por lo que sea o no del agrado de sus habitantes, deberán sujetarse a lo que determinó.

A finales de junio pasado, el INE dio a conocer la nueva geografía electoral del estado, con la que supuestamente se logra un equilibrio en el número de ciudadanos, además cambió el dígito de los 18 distritos, aunque esto a los ciudadanos no les afecta, puesto que seguirán votando en el lugar de costumbre.

En algunos sitios quedó igual, pero en otros va a crear tropiezos a la hora de elegir al candidato a diputado, como es el caso del municipio de Calvillo, que de siempre tuvo diputado propio y ahora tendrá que compartirlo con San José de Gracia, que estará en su derecho de pedir que haya alternancia a la hora de nombrar al abanderado.

En efecto, Calvillo, que hasta la elección de 2013 fue el distrito 08, en lo sucesivo será el 03, pero lo fuerte viene al anexarle San José de Gracia, lo que hipotéticamente no tendría ningún problema, sin embargo, la experiencia dicta que será difícil llevar a cabo un proceso terso. Los calvillenses se habían distinguido del resto del estado por ser los únicos que de siempre estuvieron ajenos a los compartimientos comiciales, lo que permitía al interior de los partidos que la lucha se diera por quién se quedaba con la candidatura a presidente municipal y quién con la de diputado, situación que llegó a provocar fuertes problemas, ya que por regla general la inclinación era por la primera, sin embargo, el “perdedor” sabía que tres años en el Congreso podrían consolidar su proyecto para luego aspirar a la alcaldía. Varios que han ocupado ambas posiciones pueden dar fe de ello.

El cambio vendrá a partir de 2016, al ser obligados a competir con los pretendientes de San José de Gracia, que a su vez esperan que sea uno y uno, esto es, turnar cada tres años la candidatura, lo que meterá en un berenjenal a todos, porque si la nominación interna es abierta a todos los militantes, es lógico esperar que siempre triunfe el de Calvillo, al tener un número muy superior de votantes.

El segundo punto es que quien se convierta en diputado velará por los intereses de su municipio, ya que el otro lo verá como alguien ajeno, lo que crea un vacío de representación. Más de alguno dirá que esto no es posible, pero sólo quienes han vivido ese ejercicio saben de lo que se trata. Sólo a manera de ejemplo basta recordar que cuando Jesús María y Pabellón de Arteaga tenían un solo diputado, en una ocasión la diputada que era de Pabellón fue con el alcalde de Jesús María a entregarle la petición de los vecinos de una comunidad, que pedían la ampliación del panteón y la respuesta fue tajante: que lo resolviera quien recibió la solicitud, cuando el papel de ella era sólo de gestionar y de él, de solucionar, puesto que era quien tenía la obligación y los recursos financieros.

Antes de ocho meses se sabrá la respuesta de esta prueba para los calvillenses, que dependerá de cómo la digieran; en cambio, los josefinos saben cómo actuar, puesto que ha sido habitual estar agregados a otros.

Por el contrario, los que salieron ganando (por decirlo de alguna manera) son Rincón de Romos y Cosío, que ya no tendrán a San José de Gracia, además dejan de ser distrito 01 para pasar a 04. El 01 será Tepezalá y Pabellón de Arteaga, que tenía el 03; San Francisco de los Romo dejó de ser el 04 y pasa al 17; Jesús María será el 18 y que antes era el 07.

En estas condiciones, los distritos quedan como sigue: Jesús María 18, San Francisco de los Romo 17, Tepezalá y Pabellón 01, Rincón de Romos y Cosío 04, Calvillo y San José de Gracia el 03, Asientos y El Llano 02, mientras que el municipio de Aguascalientes conserva los 12 distritos aunque con cambios: el 09 en lo sucesivo será el 14; el 18 pasa a ser el 06; el 16 es ahora el 05; el 17 el 10; el 11 se convierte en 12; el 15 es el 12; el 12 es el 08 y el 14 es el 09.

Lo que sigue es que las autoridades electorales hagan una difusión muy amplia en cada distrito, que los habitantes conozcan a cuál pertenecen y qué municipios o colonias abarca, de otra manera seguirá el hábito de votar por el partido, lo que provoca que luego los diputados se hagan los desentendidos, ya que pocos vecinos saben su nombre y a qué sector representa.

TIENE QUIEN LA DEFIENDA

Los directivos de la concesionaria de agua entubada no tienen que salir a la controversia pública, a pesar de que la firma está en el centro de ella, les basta que alguien lo haga para evitarse el desgaste que genera responder a las acusaciones que tienen lugar.

A raíz de la aprobación que hizo el Congreso del Estado para que a los usuarios morosos no les suspendan el servicio, al garantizar la dotación de 200 litros diarios del vital líquido, que en términos reales es una insignificancia para las necesidades de cualquier hogar, de cualquier manera es el primer paso que da desde 1994 en que autorizó la privatización del servicio, se ha producido una serie de declaraciones sobre esta medida.

Frente a esa actitud surgió la posición del presidente de Canacintra, Jorge Gómez González, quien dejó en claro que de cualquier manera los deudores enfrentarán “acciones legales de cobro y que en su momento aplicará la empresa concesionaria, entre ellas el embargo”.

Subrayó que así como el agua es un derecho universal, la concesión es un negocio, consecuentemente, los atrasados “tendrán que establecer arreglos con la empresa para evitar problemas legales, como actualmente se viene trabajando”. Aunque dijo que aplaude “los no cortes al agua” y que “no se vale que la empresa se cobre a lo chino”, se pronunció por que se ejerza presión para cobrar a los morosos utilizando los mecanismos legales y la cobranza tradicional, asegurando que la concesión “ha traído beneficios a todos, pero falta revisar algunas fallas y actualizar los sistemas de facturación”.

Lo que Gómez González se guardó de mencionar es que desde el arribo de la compañía francomexicana hace más de 20 años, recibe anualmente un apoyo financiero de las autoridades gubernamentales, particularmente la municipal, que no es cualquier cosa, ya que representa decenas de millones de pesos que destina a obras de reparación, ampliación y mantenimiento de la red de agua potable y la red de alcantarillado, de lo que tal parece es un tema tabú, porque se menciona únicamente en el informe anual del alcalde y como parte de las actividades normales del ayuntamiento. Es la única empresa privada que recibe recursos públicos para su desempeño, lo que no obsta para que surjan quejas aquí y allá por la falta del líquido, de cobros indebidos y de drenajes obstruidos.

Lo que hizo el Congreso fue reformar la Ley de Aguas del Estado para garantizar la dotación de 200 litros diarios, aún para aquellos que adeuden tres o más meses de consumo, y la obligación de suministrar gratuitamente el líquido a escuelas y hospitales públicos. El dictamen fue aprobado por seis de los siete partidos representados, mientras que los siete diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se abstuvieron, porque a su juicio podría generarse la cultura de no pago y los ciudadanos tendrán que pagar la distribución a escuelas y hospitales; sobre este último punto es inexacto, puesto que ahora lo tendrá que absorber la empresa, en cambio si se obliga a que lo haga el gobierno saldría de los impuestos.

Por su parte, el presidente municipal, Juan Antonio Martín del Campo, expresó su temor por que la compañía recurra al amparo para evitar la aplicación del acuerdo legislativo, toda vez que observa que falta más precisión en las reformas, por lo que habrá que esperar a ver cuál es la reacción jurídica, que de primera instancia ya la dio el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación.