Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 2-May.- La Procuraduría General de la República (PGR) no está dispuesta a corregir o atraer las investigaciones irregulares sobre casos de desaparición forzada que se registre en los estados del país.
Así lo reveló un documento del Senado, en el que se detallan las razones por las que quedó frenada la aprobación de la nueva Ley contra la Desaparición Forzada.
Según el documento, la PGR consideró que su papel debe ser sólo como un ente coordinador del sistema, para establecer los lineamientos de búsqueda y los criterios de capacitación.
“Ante el cuestionamiento si la PGR podría corregir o atraer las malas investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la PGR respondió que no era su función, sino absoluta responsabilidad de las entidades federativas”, señaló el informe.
La PGR sostuvo que “no puede entrometerse” en las competencias de los gobiernos locales y se pronunció por mantener la redacción de la iniciativa presidencial, en la que se plantea que el Sistema Nacional de Búsqueda es un conjunto de procesos y no una instancia que coordina los trabajos.
En el documento del Senado se refirió que los equipos técnicos de los legisladores que trabajan en la elaboración del dictamen, consideraron que es necesario garantizar que las búsquedas sean coordinadas por un ente de carácter nacional.
“Un ente coordinado por la PGR, que ayudara a garantizar la efectividad de la búsqueda, particularmente cuando hay fallas u omisiones en las acciones que emprenden las autoridades locales”, señaló el reporte en el que se advierte que “no hubo acuerdo”.
Por otro lado, también se advierte que tanto la PGR como la Secretaría de Gobernación consideraron que la naturaleza del Consejo Nacional Ciudadano, contemplado en la ley, debe quedar acotada.
El Gobierno federal, según refirió, plantea que la instancia sea sólo un órgano que emita recomendaciones.
En contraste, desde el Senado se advierte que el Consejo puede ser un mecanismo de control ciudadano de las políticas públicas y de las investigaciones de las autoridades para la búsqueda y localización de personas.
“Aunque muchas de las atribuciones son respuesta concreta a las solicitudes de las personas organizaciones, no se alcanzó consenso”, indica.
En el documento se confirma que tampoco hubo avance en el diálogo con el Gobierno federal para establecer en la nueva Ley dos conceptos: “persona desaparecida” y “persona no localizada”.
Según el informe, la PGR planteó que exista una distinción entre ambos conceptos, ya que de lo contrario “existiría una sobrecarga de trabajo en las procuradurías”.