Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

En los últimos años han venido creándose organismos del gobierno federal a los cuales la Constitución les ha dado autonomía. De tal forma que a los tres poderes se han agregado alrededor de 15 instituciones autónomas, sin contar a las universidades públicas. La mayoría no son de nueva creación, sino que se montaron en órganos ya existentes que dependían del Poder Ejecutivo y se les ha dado mucho más recursos. Sus órganos de gobierno, ya con plena autonomía, han tenido la posibilidad de contratar más personal, mejorar los sueldos y prestaciones para ellos y sus colaboradores y han podido usar los recursos a su cargo con menos restricciones. Esto se debe en parte a que antes los fiscalizaba la Secretaría de la Función Pública a través de sus órganos internos de control (OIC) y con la autonomía ha dejado de hacerlo.

No está mal que tengan más personal y ganen más, después de todo hay un mercado laboral muy competido y riesgos de corrupción muy elevados, pero desafortunadamente la autonomía y las mejores condiciones para sus funcionarios no han mejorado significativamente los resultados que estos organismos le dan a la sociedad ni se han reflejado en beneficios tangibles para la población. Inclusive la percepción es que los resultados de algunos de ellos han sido más pobres que cuando no eran autónomos, tenían menos empleados, peores sueldos y menores recursos a su disposición.

Pero no es que los organismos autónomos hayan actuado de manera contraria a las normas. Sus órganos de gobierno han actuado conforme a lo que consideran son los mejores intereses de quienes laboran en dichas instituciones para alcanzar su mandato. Al final de cuentas sus presidentes informan directamente al Congreso de sus actividades y la Cámara de Diputados les autoriza sus presupuestos, sus sueldos y prestaciones. Quien realmente no ha sido meticuloso en revisar la actuación de estos organismos y sus evaluaciones han sido solo rituales sin profundidad, es el propio Congreso Federal. En publicaciones anteriores mencionaba cómo el Congreso no ha sido un verdadero contrapeso al poder Ejecutivo y la historia se repite con los organismos con autonomía constitucional ahora que se han multiplicado y crecido sin mayor control.

La llamada reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo de 2015 le dio atribuciones a la Cámara de Diputados para “designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”. El mandato para nombrar a estos titulares de OIC ya existía en la propia Constitución para organismos tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha sido omisa durante más de dos años para nombrar titulares de estos OIC’s.

Ante el crecimiento de los presupuestos, el número de personal que allí labora, la mejora de sueldos y prestaciones y el gasto en consultorías, vehículos y otros aspectos que podrían ser superfluos, es necesaria una mayor vigilancia por parte del Poder Legislativo a estos organismos. Por ejemplo, notas periodísticas (http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=677627&v=2&po=4) dan cuenta de este fenómeno para el presupuesto 2016.

Para implementar la facultad que se le dio a la Cámara de Diputados de nombrar titulares de OIC’s en organismos autónomos, en algunos casos requiere que se modifiquen leyes secundarias. Por ejemplo, en el caso del INEGI, en donde su actual normatividad prevé que el contralor será nombrado por su junta de gobierno, deberá ser modificada para que dicho nombramiento venga de la Cámara de Diputados. Otro caso es la PGR, que una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados deberá nombrar al titular del OIC. Por cierto, en este caso se podría aprovechar para unificar en una sola instancia fiscalizadora al OIC y a la Visitaduría General con el consiguiente ahorro de recursos.

Algunos de los organismos autónomos presentan riesgos de corrupción importantes no tanto por cómo manejen sus presupuestos, sino por las decisiones que toman. Por ejemplo, el presupuesto de la COFECE no llega a los $500 millones de pesos al año pero cada decisión que toman sus comisionados puede afectar intereses económicos cuyo impacto se mide en miles de millones de dólares.

Para lograr una rendición de cuentas adecuada de estos organismos autónomos, es necesario que la Cámara de Senadores profundice en el análisis del desempeño que han tenido y ver si están cumpliendo realmente con su cometido. La Cámara de Diputados, por su parte, deberá nombrar a la brevedad posible a los titulares de los OIC para que la auxilien en la fiscalización de estos organismos. Estas designaciones deberán realizarse mediante un proceso de selección que privilegie la experiencia, la preparación y la probidad de los candidatos. Que se sometan los candidatos a un proceso exhaustivo de control de confianza donde se verifique su situación socioeconómica, se les someta a polígrafo, se apliquen pruebas psicológicas y se haga una revisión de sus antecedentes profesionales.

Ya que el Congreso ha creado tantos organismos autónomos nuevos, ahora es necesario y urgente que el propio Congreso exija rendición de cuentas, prevenga actos de corrupción y fiscalice adecuadamente el gasto de estos organismos autónomos.

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