Los cambios que está teniendo el sistema de justicia laboral, terminarán con el manejo discrecional y político de que son objeto las juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, afirmó Juventino Romero de la Torre, presidente de la comisión laboral de la Coparmex, quien explicó que al pasar del Poder Ejecutivo al Judicial, se acabará con el “manoseo” que en ocasiones se le da al tema laboral por estas instancias de arbitraje laboral.
Consideró que al pasar a manos del Poder Judicial, tanto la junta federal como las estatales a los poderes judiciales locales, “se acabará con el manoseo de que han sido objeto estas instancias de impartición de justicia laboral”.
En la práctica, se ha dejado de llevar el tripartidismo en las juntas de conciliación, y es que la ley ordena que estas juntas deberán estar integradas por tres representaciones, una, la del Poder Ejecutivo, otra a cargo de la parte de los trabajadores y la tercera es la representación empresarial.
Es una realidad que en los hechos, el presidente de la junta, quien es el que representa al Gobierno, tiene un ingreso muy distinto al que tienen los representantes del capital y del trabajo, muchos representantes del capital y del trabajo, laboran menos tiempo que el presidente, van a las juntas una o dos veces por semana, o van cuatro horas solamente, entonces, este tripartidismo ya cambió porque no se ejerce como debería.
Explicó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje depende de la Secretaría del Trabajo, es decir, del Ejecutivo Federal, en el caso de las juntas locales dependen del gobernador, “el gobernador es quien designa normalmente al presidente de la junta, y con este cambio ya no tendrían injerencia”.
Al concluir la sesión mensual de la comisión laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Romero de la Torre afirmó que se estima que para el 2018, entre en plena vigencia este trascendental cambio, ya que ahora, tras la aprobación en el Senado la semana pasada, pasará a la Cámara de Diputados y de ahí a los congresos de los estados para su aprobación. Posterior a ello, dijo, hay un transitorio en donde se establece un año de implementación, que deberá ser todo el 2017, para que al siguiente año esté ya operando esta transición.
Dijo que demandará de un presupuesto importante el pasar la justicia laboral al Poder Judicial debido principalmente a que se tiene que desarrollar infraestructura y equipamiento especializado, empleando tecnologías de información para mejorar verdaderamente la impartición de justicia laboral.
Todavía en la reforma no define si va a haber juzgados o tribunales, y si van a ser tribunales, tampoco se conoce si serán unitarios o colegiados, sin embargo, como quiera que se presente la modificación, será muy positivo que ahora quede en manos de jueces la justicia laboral en el país, dijo.