Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, el día de hoy comencé con la responsabilidad de impartir, por segunda ocasión, la materia de “Federalismo” en la Maestría en Administración Pública en el campus local de la Universidad del Valle de México. Por tal motivo, fue necesario desempolvar mis apuntes sobre dicho tema y, aprovechando tal circunstancia, quisiera compartir con Usted algunas líneas y reflexiones sobre el mismo.

Partamos de la manera en la que se integró la forma de gobierno federal en nuestro país, una vez que se obtuvo la independencia respecto de la corona española. Por principio de cuentas, en la Constitución Política de 1824, se adoptó el régimen de un gobierno republicano y representativo, dentro de un sistema federal y democrático, reconociendo una división territorial de 19 Estados y 4 territorios.

La conformación del federalismo mexicano se dio principalmente debido a la influencia norteamericana e inspirada en los debate de las cortes gaditanas que dieron como resultado la Constitución de Cádiz de 1812. En aquel momento, se vivía una sensación de repudio hacia el modelo centralista, debido a todas las experiencias de abusos y atropellos que habían recibido las provincias novohispanas por parte de la monarquía española.

La esencia de la forma de gobierno federalista radica en la existencia de entidades federativas con gobierno propio, dentro de un gobierno que las conjunta y representa, y que cuenta con atribuciones explícitas que le señala la propia Constitución General de la República. El nacimiento de un Estado Federal se da gracias a la manifestación hecha por parte de cada una de las entidades integrantes del mismo al expresar su voluntad de adherirse al llamado “pacto federal”.

Sin embargo, es el “pacto federal” el que debe plasmarse en una norma fundamental que determine el ámbito competencial de los gobiernos federal, estatal y municipal. Desde la Constitución de 1824 y hasta la fecha, se utiliza el criterio residual de las competencias entre los dos primeros órdenes de gobierno, en el entendido de que lo que no está reservado a los poderes federales se entiende otorgado a los gobiernos estatales.

La Constitución Política de 1857 da un paso adelante en este tema, decretando y definiendo, de mejor forma, las facultades de las autoridades federales, señalando rubros muy concretos. En la Carta Magna de 1917, queda definido dicho ámbito de competencia en el artículo 124, una vez más, refiriéndose al criterio residual del que ya hablamos.

Adicionalmente, nuestra Constitución vigente emplea ciertas disposiciones para definir el ámbito competencial de los gobiernos estatales y municipales, incluyendo recientemente al gobierno del Distrito Federal. Lo anterior, fundamentalmente en los artículos 115, 116 y 122 de la Ley Suprema. Sin embargo, este sistema es sumamente complejo y confuso, permitiendo situaciones controversiales y, en algunos casos, duplicidad de funciones, dando entrada a las llamadas “facultades concurrentes”.

En ese orden de ideas, el artículo 117 de la propia Constitución determina ciertas restricciones y prohibiciones para los Estados. Asimismo, el numeral 133 del mismo ordenamiento determina el sistema jerárquico de las normas jurídicas en México, previendo el llamado principio de “supremacía constitucional”.

Otro aspecto importante radica en las reformas constitucionales, en donde se sigue un procedimiento único y dificultado, toda vez que la aprobación de una iniciativa de modificación a la Constitución General de la República es facultad tanto del Congreso Federal como de las Legislaturas Estatales.

Por otro lado, una manifestación pura del “pacto federal” es la representación que tienen las entidades federativas en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Senadores, en donde se sustenta la prevalencia política del “pacto federal” a través de la función legislativa, gracias a que 96 de los 128 Senadores representan a las entidades federativas, en atención al principio de “mayoría relativa” y de “primera minoría”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la fortaleza del Estado Federal debe subsistir y ser compatible con la soberanía de los Estados y la autonomía de los Municipios. Por ello, es viable proponer una reforma integral a la Constitución Federal, con la cual se dé una reconfiguración de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno, respecto a las múltiples funciones del Estado, que incluya temas como las potestades recaudatorias y la participación en el gasto público, la prestación de los servicios públicos, las facultades legislativas y reglamentarias, entre otras. Sin duda, dicha reforma deberá ser producto de un gran consenso político y social.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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