En el refuego que hay con la llevada y traída ley anticorrupción, a la que algunos ubican por encima del aparato oficial y político, hay voces prudentes que piden no poner todo el interés en un solo objetivo, ya que presentar una serie de compromisos firmados no significa una atadura para seguir horadando el erario.

Tampoco es posible que en aras de tener esa ley se haga con prisas, sin reflexionar detenidamente los pro y contra que pueda tener, principalmente que pudiera impugnarse por ser contraria a la Constitución, de ahí la importancia de hilar en fino para tener algo que tenga utilidad.

Ya lo dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro de la Serna López: el mecanismo de transparencia 3de3, que ahora buscan hacerlo ley, “no inhibe por sí mismo la corrupción”, aunque sin dejar de reconocer que es un pequeño avance en el tema de la transparencia y rendición de cuentas.

En la última semana de abril hubo toda clase de opiniones, de aquellos que exigían la aprobación de la legislación antes de que se clausurara el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y de quienes rechazaban hacerlo precipitadamente, ya que hay tiempo para zanjar los puntos que la entrampó y convocar a un período extraordinario.

Lo que no mencionan quienes pedían hacerlo sin tanto trámite es que, en la citada ley se incluía un esquema de recompensas a quien denuncie los actos de corrupción. En un artículo se cita que cualquier hombre o mujer que denuncia algo especial de su vecino, se quedaría con el 10% de lo que la autoridad decomise al presunto infractor, lo que de llegar a prosperar sería reeditar los tiempos de la Inquisición, en que bastaba la acusación de que alguien era bruja o brujo para llevarlo a la hoguera y de sus bienes le daban un tanto al delator, pero tuvieron que pasar cientos de años para demostrar que en la mayoría de los casos no había sustento alguno, sólo un afán persecutorio de tipo político-religioso o el cobro de afrentas entre particulares.

Lo que se propone es que cada persona sea un policía de su vecino o compañero de trabajo, que si compró una casa, o un coche nuevo, o viajó al extranjero, que diga de dónde obtuvo el dinero, y si pagó con un cheque cómo le hizo para hacerse de una cuenta bancaria. Algo común en países totalitarios, en donde todos los habitantes son culpables hasta que demuestren lo contrario, que  pueden ser aprehendidos, juzgados y condenados por simple sospecha.

Otro punto igual de delicado – que ha sido refutado por lo sensible – es que se haga pública la declaración de bienes de quienes están al frente de oficinas en los tres niveles de gobierno y miembros del congreso federal y local, debido a que se exponen a ser blanco de la delincuencia. Saber cuál es su ingreso y los bienes que poseen es más que suficiente para estar propensos al secuestro, tanto ellos como sus familiares, cuestión que las mismas autoridades piden no revelar.

El momento que se vive no está para que los cárteles tengan una mina inagotable, porque lo mismo atacarían al que tiene mucho como el que vive en la medianía, de ahí que lo más que podría hacerse es presentar la declaración (que por cierto tiene años de ser obligatorio aquí para los funcionarios), pero no que Juan de las Cuerdas la conozca y pueda hacer uso de la información para fines aviesos.

A simple vista no habría problema para que los exigidos firmen la ley de 3de3, la cuestión es que después ninguno meta las manos a las arcas públicas. Suscribirla “pareciera que se colocan una especie de inmunización ante la corrupción y que los problemas derivados de actos de corrupción se van a terminar, y eso no es cierto”, apuntó Pedro de la Serna.

Consideró que se requiere personas de profundas convicciones personales, de verdadera voluntad para evitar caer en casos de inmoralidad y de un elevado compromiso con la honestidad, para que México tenga una clase política y administrativa que sirva con mesura y lealtad.

PISO RESBALADIZO

En cada administración municipal de Aguascalientes se presenta proyectos de reordenamiento del comercio ambulante de la zona centro y que por regla general queda en eso, porque además de que no es fácil convencer al que ha trabajado toda la vida en la calle, se convierte en un asunto político que sólo lleva a menoscabar la imagen del alcalde en turno.

El presidente Juan Antonio Martín del Campo anunció que en el segundo semestre del año se concentrará a más de 100 vendedores en el espacio que ocupó Muebles Colonial, en la esquina de Madero e Hidalgo, para ello el sector privado se encargará de llevar a cabo el plan y el Ayuntamiento rentará el predio.

Aseguró que el propósito “es a favor de los vendedores ambulantes y para mejorar la imagen urbana del centro histórico”, lo que serían dos buenas razones para cumplir con esa intención, sólo que si esto lo hubiera hecho en 2014, cuando inició la gestión, habría tenido tiempo de convencer a los comerciantes o amortiguar las protestas, pero a estas alturas y en pleno año político, es jugarse un albur.

En sí la idea es de vieja data y donde sí se logró concretar el resultado estuvo lejos de lo esperado, basta recordar el mercado que se construyó en la esquina de Rayón y Galeana, que suplió el destruido por la tormenta del 3 de julio de 1958; fue tal el fracaso que al poco tiempo lo cerraron y después se edificó lo que hoy son las oficinas del ISSSSPEA y en la parte alta unos departamentos. Otro que también se hizo fue entre Héroe de Nacozari, José Refugio Reyes y Bartolomé de las Casas, en donde se pretendía cambiar a los tianguistas de La Purísima, pero no aceptaron reubicarse y terminó con negocios que nada tienen que ver con el ambulantaje.

Por regla general no aceptan reasentarse, porque en las actuales condiciones no pagan renta de local sino sólo la cuota municipal, además tienen a la vista la clientela que transita por el lugar, en cambio en un sitio donde estén todos juntos y fuera de la circulación peatonal les constriñe la venta, que son los argumentos que dan cada vez que tratan de quitarlos.

Obligarlos a mudarse no es un buen bosquejo y la mejor prueba está en Guadalajara, donde las actuales autoridades municipales “limpiaron” la zona centro de ambulantes, pero a más de un año siguen los problemas, con plantones continuos y que los vendedores se vuelvan “toreros”, en una clara imitación de los capitalinos, situación que es aprovechada por la oposición para echarle gasolina al fuego.

Aunque los comerciantes establecidos han insistido en que los retiren, tiene que actuarse con suma cautela para evitar que las pasiones se desborden, debiendo buscar en todo caso un mayor control, lo que se logrará mediante la armonización de intereses entre ambas partes y que al mismo tiempo no se obstruya el paso de los transeúntes.

PENSIONES SIN ALTERACIÓN

Uno de los reclamos que hubo en el desfile del Primero de Mayo fue que no cambie el régimen de pensiones y jubilaciones, luego de que por meses se ha propalado la especie que podría modificarse. Al respecto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa, señaló que no habido, ni hay, por parte del gobierno federal, ningún proyecto para cambiar el actual sistema de pensiones y jubilaciones y que su pago está totalmente garantizado para los derechohabientes, además de que seguirá utilizándose el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de las mismas, como lo establece la ley. Por su parte el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, dijo que en ningún momento se ha pensado en que Pensionissste deje de ser público, por el contrario, se trabaja permanentemente en hacerlo más eficiente, lo que ha permitido que actualmente sea la afore que menos comisión cobra. Con ello se responde a las inquietudes que tienen afiliados al IMSS y al ISSSTE sobre el futuro de las pensiones.