Quien actúa al margen del orden establecido se expone a recibir una sanción, lo que es, presumiblemente, un correctivo y la forma de disuadir al propio infractor y a otros para que no repitan esa actitud, sin embargo tratándose de “delitos electorales” pocas veces se aplica y cuando esto ocurre deja la sensación de que hay algo más que la medida disciplinaria.

A mediados de este mes el Organismo Público Local, OPL, (Instituto Estatal Electoral) determinó que el Ayuntamiento de Aguascalientes, encabezado por Juan Antonio Martín del Campo, violó la ley electoral al colocar propaganda de su administración cerca de la publicidad del candidato del PAN a la gubernatura, Martín Orozco Sandoval.

Lo que hicieron los consejeros fue emitir una “medida cautelar” para que la autoridad municipal retirara los dos tipos de propaganda que se ubicaban en la unidad habitacional Fidel Velázquez, en la delegación Jesús Terán.

En el fallo aluden que “lo anterior es para evitar que la citada propaganda pueda confundir o inducir al electorado e influir en la equidad que debe privar en todo proceso electoral”, lo que, naturalmente, fue aplaudido por el Partido Revolucionario Institucional, al señalar el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Abel Salgado Peña, que el gobierno de la ciudad se ha convertido en “casa de campaña de Orozco Sandoval y de la candidata panista a la alcaldía Teresa Jiménez”.

Después de lo determinado por el OPL no pasó nada, simplemente fue un palmetazo y la advertencia que si vuelve a reincidir recibirá nuevos regaños, lo que en sí es una forma complaciente de tratar a quien no respeta la legislación, tal como ocurrió hace algunos años con la esposa del candidato del PAN a diputado federal, que por cierto era originario de San José de Gracia. Se le detuvo con propaganda en Pabellón de Arteaga y fue entregada a elementos de la policía para que la trasladaran a la capital del estado a disposición de las autoridades, pero en el camino nadie supo como fue que “desapareció”, por lo que todo quedó en el escándalo que se armó ya que luego que el marido llegó a la Cámara de Diputados no se volvió a mencionar el caso.

Más atrás, un partido ya desaparecido que tenía en su logotipo el Monumento a la Revolución, utilizó una vara que llevaba en la punta una navaja para cortar tunas, con la que derribó los banderines que tenía colocados Acción Nacional en calles céntricas y avenidas de la ciudad, lo que aún cuando fue denunciado “contra quien resulte responsable” no hubo aprehensión alguna.

¿A dónde lleva todo esto?, que en todas las campañas políticas ha habido situaciones de esa naturaleza, sólo que las investigaciones y penas son de acuerdo al momento que se vive y de quién se trate, porque si es un simple empleado público se le castigará hasta con el despido, pero si es un funcionario siempre habrá una salida, una respuesta que permita eludir cualquier acción.

Que se conozca, en los últimos tiempos ningún “pesado” de Aguascalientes ha perdido su cargo ni ha sido encarcelado, tampoco se ha revocado el registro de algún candidato que violó la ley. Todo se remite a la discusión pública que ocupa titulares en los medios por algunos días, y en los últimos años amplios espacios en las redes, pero en sí no hay una justicia plena.

En estas condiciones, amable lector y lectora, no espere más de lo tradicional, y tampoco se apasione cuando exista evidencias e incluso una denuncia, que pueden tener los suficientes elementos para llevar a la cárcel al transgresor, porque siempre habrá alguna forma de sacarlo del problema, y con mayor razón si se trata del partido que gana las elecciones.

 

TARDE PERO LO HICIERON

El año pasado se planteó en este espacio la obligación que tenían los tres niveles de gobierno con los comerciantes que son afectados por las obras que llevan a cabo, proponiéndose que dentro de la inversión se destinara una parte para indemnizarlos, ya que es elevado el número que va a la quiebra por el tiempo que tardan cerradas las calles.

Se mencionó entonces que podría hacerse un cálculo de lo que pierde cada negocio para entregarle la cantidad correspondiente, con lo que tendría lo necesario para su sostenimiento y conservar los empleos, porque seguir con la situación actual es acabar con un patrimonio que difícilmente se recupera.

A lo más que se ha llegado, por parte de las autoridades municipales, es a pedir una disculpa y que piensen que las obras son para su beneficio, además de ofrecer la condonación del pago de la renovación de licencia, sólo que esto es apenas una aspirina para el grave problema que registran, y en cuanto al supuesto beneficio con que la calle luzca como nueva ya no lo verán al haber cerrado y dejar en la calle a sus trabajadores.

El problema no es privativo de la ciudad capital, ya que lo han vivido, y viven, en todos los centros urbanos del estado, por lo que se requiere tener la suficiente sensibilidad y ponerse en los zapatos de los perjudicados.

Es un propósito que replanteó la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad (Acocen), a través de su vicepresidente José Luis Robles Zamora, aunque su propuesta se encamina a crear un fondo con recursos públicos para asegurar el apoyo a los negocios que sean afectados por las obras.

También propone que exista una mejor planeación y vigilancia, porque hay obras que duran un año o más que no sólo trastornan al comercio sino al tránsito vehicular. Dijo que se observa que al principio de las obras son numerosos los trabajadores y al paso de las semanas disminuyen hasta que sólo quedan unos cuantos, o lo que es peor, que después de terminada se tenga que volver a cerrar la arteria porque el pavimento “reventó”, se olvidaron colocar el drenaje o la tubería del agua, lo que además de afectar al vecindario eleva considerablemente el costo.

Algo que no mencionó el directivo y provoca que se prolongue su terminación es que en lugar de hacerlas en tiempos de “secas” las inician cuando se aproxima la temporada de lluvias, por lo que si son días o semanas de precipitaciones es más el tiempo que tardan en concluirlas.

Aunque sea una actitud insistente, la Acocen no debe quitar el dedo del renglón y una y otra vez exigir una respuesta favorable, teniendo en cuenta que va de por medio la pertenencia de sus asociados y de otros comerciantes que pasan por las mismas circunstancias.

ROBOS DE AUTOPARTES

Si hay algo que más disgusto causa a los automovilistas es el robo de alguna pieza, ya que su costo en el mercado puede ser de varios cientos de pesos, mientras que el ladrón la vende por cualquier bagatela. Pues bien, en una entrevista que concedió a El Universal, el presidente de la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios. José Luis Muñiz, informó que marcar las autopartes ayuda parcialmente a disminuir el robo, lo que ya hacen algunas armadoras como Volkswagen, Chrysler, Honda, Ford, Nissan, General Motors y KIA, cuestión que no es obligatoria y por lo mismo no la hacen todas. La idea es que sea a las 35 piezas más robadas, para que ayude a la policía a descubrirlas en el mercado negro. Lo que se hace actualmente es grabar con arena silica o cuarzo, los últimos ocho dígitos del número de identificación del auto, que al ser único para cada unidad es fácil de reconocer a qué vehículo corresponde. Por ahora la policía hace inspecciones en los “deshuesaderos” y aplican la cuestión fiscal, exigiéndole al comerciante que acredite la propiedad, lo contrario sería si la pieza está marcada y una vez que se checa en la base de datos y encuentra con que tiene reporte de robo, se podrá decomisar el objeto para regresarlo a su dueño. Ojalá que pronto se haga obligatorio marcar todos los vehículos y de esta manera acabar con el hurto de autopartes.