Aguascalientes es de los estados en que históricamente el salario ha sido inferior a sus pares de otras partes de la República, lo que se promociona como un atractivo para los inversores nacionales y extranjeros, que de inicio miran este tema como un punto a favor que les anima a instalarse aquí.
De manera paralela se aprecia que tampoco hay huelgas ni problemas gremiales y, por el contrario, la mano de obra es altamente calificada, por lo que desde su arranque las empresas saben que serán lucrativas y con un horizonte muy amplio para crecer.
A través de este y otros espacios se ha mencionado la importancia de que la entidad conserve una política de fomento al empleo, al constituir una de las ventajas sociales más importantes, porque al haber trabajo y un ingreso seguro hay constancia personal, familiar y colectiva, que se traduce en nuevas metas de superación.
El siguiente paso tiene que ser la elevación de la paga para que sea efectivo aquello de la justa repartición de la riqueza, que como eslogan es adecuado para el discurso y el compromiso, pero pasan los años y no se refleja en el bolsillo de los hombres y mujeres que dejan parte de su vida en las fábricas y comercios.
En la búsqueda de ese bien extraviado, la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) solicita a la próxima administración estatal la creación de la Secretaría del Trabajo y Productividad, que serviría, según su dirigente José Alfredo González González, para que “el gobierno, empresarios y sindicatos pudieran establecer un mejor salario para los trabajadores, de acuerdo a la productividad del estado”.
Es un planteamiento que tiene más de doce años de que lo presentó, y el propósito es que “no nada más se ataque el aspecto laboral sino también que abarque el aspecto de la productividad”, sostiene JAGG, lo que sería un mecanismo idóneo para mejorar el nivel de vida de los sindicalizados.
El punto está en que los empresarios siempre se han mostrado a favor de que se eleve el ingreso de los obreros, pero a condición de que sea mayor la productividad, que se convierte en un juego de palabras, puesto que quien define si hay mayor rendimiento es el mismo patrón, y en tanto no esté satisfecho todo sigue igual.
Es común que cuando se acerca el final de año de inmediato surgen voces patronales que rechazan que el incremento a los salarios mínimos sea mayor a la inflación, por lo que en los últimos 15 años no ha rebasado el 4%, que en términos reales significa dos pesos que de nada sirven, porque antes de que entre en vigor aumentan los precios de casi todos los productos que se requieren en el hogar.
En este sentido, una encuesta que hizo en 2011 la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, el 40% de las organizaciones no implementan programas de incentivo y reconocimiento, y la aplicación de incentivos laborales está raramente ligada a la productividad de las empresas, detalla en su página electrónica el Comité Nacional de Productividad (CNP), que es un órgano consultivo del Ejecutivo Federal.
Lo que pretende la FTA es que por ley exista un esquema que permita ampliar las retribuciones de todos los trabajadores en la entidad, aunque para ello no hace falta tener una Secretaría, ya que bastaría con que cada empresa tenga una comisión mixta de productividad, en la que patrones y trabajadores determinen deberes y derechos de ambas partes, que además sea un medio efectivo y no como ocurre con las comisiones de seguridad, capacitación e higiene.
Ciertamente, el estado es “fuertemente manufacturero”, tal como señala el líder cetemista, y necesita un apoyo para alcanzar los fines planteados, sin embargo, con o sin una dependencia de ese rango se requiere que el empresariado acepte el papel que tienen sus empleados, en donde todos salgan ganando, lo que de concretarse sería un avance más importante.

CALIENTAN MOTORES

Con “tiritos”, el Partido Acción Nacional (PAN) no suelta la presa. Con o sin causa alguna, los diputados locales aprovechan la tribuna para repetir las diatribas que sus mayores lanzan en contra del gobierno federal, al que acusan de todos los males habidos y por haber.
En tres temas han fijado sus dardos. Uno es estrictamente particular y se refiere a la impugnación que presentó la coalición encabezada por el PRI en contra de la elección de gobernador, reiterando que es un asunto juzgado y que los priistas no tienen derecho a exigir la anulación, aunque se les olvida que algunas de las causales locales son las que esgrimió el candidato del PAN derrotado en Colima para que el año pasado hubiera nuevas elecciones.
También condenan la corrupción, que afirman, enviará a la cárcel a los actuales gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, pero no mencionan el caso de Sonora, en donde varios de los funcionarios de la pasada administración son procesados y se cierra el cerco en torno al ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías, a quien un juez ordenó el embargo de manera precautoria de tres propiedades, derivado de tres averiguaciones previas por enriquecimiento inaplicable, tráfico de influencias, corrupción y otros delitos (El Financiero, 18/VII/2016).
Sostienen que el nivel de inseguridad que se registra en varias partes del país es síntoma de debilidad del gobierno, pero dejan entre los renglones que quien empezó la guerra contra el narcotráfico fue el ex presidente panista Felipe Calderón, y fue él quien sacó a los militares a las calles para combatir al crimen organizado, lo que en su sexenio dejó alrededor de 120 mil muertos, por lo que hoy se vive una secuela que es difícil de parar por el poder que desde entonces adquirieron los cárteles.
Algo parecido ocurre con la CNTE, que en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón le permitieron conservar el control de la educación en los estados donde tienen presencia y ahora que han elevado el tono de la rebeldía acusan al gobierno de Enrique Peña Nieto de ser omiso en sus obligaciones, cuando bien harían con enumerar qué fue lo que se hizo en los dos sexenios anteriores para acabar con este problema que creció, justamente, con ellos, e incluso, socarronamente callan que el actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo llegó al cargo como candidato del PAN, PRD, Convergencia (Movimiento Ciudadano) y Partido del Trabajo, sin que lograra reducir la disidencia magisterial.
De ninguna manera se trata de silenciar los problemas que enfrenta el país -porque hacerlo sería tornarse en cómplice-, pero tampoco es aceptable que las propias responsabilidades se endosen a otros o se metan bajo la alfombra. Lo honesto es reconocer la parte de responsabilidad que corresponda y contribuir a encontrar las soluciones que se precisen, no querer sacar provecho político con fines futuristas.

RECHAZA A AMLO

Para Pedro Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), es “poco creíble” la declaración 3de3 que presentó Andrés Manuel López Obrador, en función que no transparentó nada. Lo que informó fue que no tiene bienes porque todo heredó en vida, “cuando lo correcto debió de haber sido que detallara qué, cuándo y de dónde obtuvo los bienes de la herencia que dijo haber entregado a sus hijos”. Al igual que el dirigente local, casi todos los partidos políticos le han atizado al tabasqueño, que por tercera vez aspira a la Presidencia de la República y que, si hay un poco de lógica, es precisamente lo que pretende nuevamente con esta estrategia el también presidente de Morena, puesto que todo lo que se diga de él y la defensa que haga de su declaración es noticia, aplicando el viejo dicho “hablen bien o mal de mí, pero hablen, porque quiere decir que existo”.