César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 18-Ago.- La Policía Federal (PF) presentó informes falsos sobre el desarrollo del operativo en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, además de que manipuló la escena en la que murieron 42 civiles, 22 de ellos ejecutados.
Así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al presentar la recomendación 4VG/2016, en la que señala que, además, la PF torturó a dos detenidos y trató con falta de respeto y dignidad los cadáveres.
La versión oficial afirma que, pasadas la 8:00 horas, los elementos de la PF fueron agredidos desde una camioneta, a la cual persiguieron hasta el rancho Del Sol, donde se estrelló antes de que se desatara un enfrentamiento armado.
Sin embargo, la CNDH estableció que, en realidad, entre la 6:00 y las 7:00 horas un grupo de 41 agentes ingresaron sigilosamente al predio, sometieron a los guardias e iniciaron el operativo dentro del rancho.
Los cuerpos –hallados sin camisa, descalzos o en ropa interior– son considerados por la Comisión como evidencia indiciaria de que las personas se encontraban dormidas cuando inició el operativo, originado porque la administradora del rancho denunció que integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación habían tomado las instalaciones.
Luego de que un PF fuera abatido, los agentes pidieron refuerzos, por lo que 54 federales llegaron a pie y cinco más en un helicóptero artillado, concluyendo el operativo entre las 9:00 y 9:45 horas.
Sin embargo, la Policía Federal permitió el ingreso de los elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán hasta las 14:00 horas.
Durante ese lapso, los agentes federales movieron 7 cadáveres de su posición original, sembraron armas a 16 cuerpos y cambiaron cargadores por otros con balas de mayor calibre.
Una de las inconsistencias exhibidas por el Ombudsman Luis Raúl González Pérez señala que un cuerpo tenía un orificio de salida de varios centímetros cerca de la ingle, pero lo hallaron con pantalones que no estaban ni rotos ni manchados de sangre.
El informe establece que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 civiles; es decir, que les disparó en situaciones de clara ventaja. Cuando corrían por una zona abierta, fueron impactados por la espada o estaban sometidos de rodillas al ser ultimados.
Afirma que una de las personas ejecutadas extrajudicialmente fue quemada aún con vida.
En el caso de otros cuatro civiles agrega si no fueron ejecutados extrajudicialmente, su muerte está relacionada con el uso desproporcional de la fuerza, como los 4 mil disparos lanzados desde el helicóptero contra una bodega.
Por todas las irregularidades en la que incurrió la corporación policiaca, el Ombudsman adelantó que presentará una denuncia penal en contra de agentes que participaron en el operativo y contra los mandos que toleraron estas acciones.