Por: Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaEn las últimas tres décadas han ocurrido en nuestro país dos cambios notables: por un lado, la apertura del régimen político y, por otro, la apertura del modelo económico. Los rusos le llamaron “glasnot” a la primera y “perestroika” a la segunda, y ambas fueron impulsadas en corto tiempo por el Presidente Gorbachov. En México, como en otros países emergentes, fueron procesos más graduales. Sin embargo, al contrario de lo que se esperaba, los problemas de pobreza y desigualdad se han agravado, según evidencian los datos de INEGI y los estudios de Coneval.

La estructura de la sociedad que ha emergido de las crisis y las respuestas a las crisis en este período es alarmante: 60% de pobres, 20% de clase media-baja (vulnerable), 10% de clase media-media, 9% de clase media-alta y 1% de clase alta.

La proporción de la población cuyos ingresos no son suficientes siquiera para alcanzar la canasta básica sigue siendo de 53% en 2014, exactamente la misma que en 1992. En términos absolutos, el número de personas debajo de esta línea de bienestar básico ha crecido de 48 millones a 63 millones.

La explicación es que durante todo este cuarto de siglo se han mantenido los salarios artificialmente deprimidos. En la Encuesta Nacional Ingreso Gasto (ENIGH) de 2014, el 64% de los trabajadores mexicanos obtiene un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. En el otro extremo, sólo un 7% obtuvo más de seis salarios mínimos.

Esto es lo que debemos reflexionar: en gran parte de los hogares mexicanos ya trabajan el papá y la mamá, y su salario conjunto es menor, en términos reales, a lo que ganaba uno solo de ellos en 1992, lo que produce una forma de esclavitud moderna, con alto costo social.

¿Falló la democracia? ¿Fracasó el modelo neoliberal? Mi respuesta es que, en realidad, no hemos tenido oportunidad de experimentar una verdadera libertad ni en lo político ni en lo económico. La democracia quedó reducida a una partidocracia con alternancia. El debilitamiento del centro no significó un nuevo federalismo, sino el resurgimiento de cacicazgos estatales. La apertura económica sustituyó los monopolios y oligopolios públicos por monopolios y oligopolios privados (energía, bancos, comunicaciones, telecomunicaciones…). Las empresas trasnacionales, instaladas en nuestro país para la exportación, son maquiladoras de insumos importados, que basan su competitividad en los bajos salarios. Nuestro sistema educativo cierra el círculo vicioso formando empleados, no empleadores ni autoempleados.

Al emparo de la corrupción y la impunidad han crecido las fortunas de unos cuantos. Los intentos de avanzar hacia una mayor gobernanza se han estrellado contra los poderes fácticos que tienen secuestrado el proceso de toma de decisiones en la hechura de las políticas públicas.

Es cierto que los gobiernos han implementado políticas sociales focalizadas para ampliar el acceso a servicios básicos de alimentación, educación, salud y vivienda para el diez por ciento de la población más pobre (decil I). Gracias a los excedentes petroleros que hubo de 2001 a 2014, se dispersaron casi 200 mil millones de pesos anuales en programas sociales burocratizados. Las condiciones de gravísima marginación que padecen estas personas han sido también aliviadas un poco por las remesas de sus familiares (equivalentes a entre 300 y 400 mil millones de pesos al año).

Ni los gobernantes en turno, ni los empresarios, ni los partidos políticos han querido asumir una responsabilidad frente la extensión y gravedad de la pobreza en los deciles II, III, IV, V y VI, como si no les afectara, como si ignoraran que constituyen un caldo de cultivo para la inconformidad, la violencia y la inseguridad.

Lo que proponemos no es que México rompa con la lógica económica que domina el sistema global, sino impulsar paralelamente dos prioridades: primero, hacer realidad la pretendida libertad de mercado tanto en lo político como en lo económico y, segundo, implementar una política de recuperación de los salarios, empezando por el salario mínimo.

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) nos invita sacudirnos la modorra, dejar de ver a los pobres como irremediablemente flojos, y abrir las declaraciones fiscales de todos los ciudadanos, como un primer paso para impedir la corrupción y que algunos titulares del capital se sigan quedando con una parte cada vez más amplia de un pastel económico, que ya no crece.

El IETD propone a los legisladores aprovechar la convocatoria al presupuesto base cero para anclar una estructura que asegure un piso mínimo de derechos económicos y sociales fundamentales que pueda robustecerse con el tiempo. Urge crear una red de protección social universal que incluya educación de calidad, salud integral, vivienda digna, pensión y seguro de desempleo. Urge también una alianza del gobierno con los pequeños empresarios nacionales para la competencia, la creatividad, la innovación y la productividad. La meta será abatir la pobreza pero en serio.