Después de la queja que hizo pública Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), sobre el excesivo aumento de 1,140% a las tarifas de los servicios en el aeropuerto “Lic. Jesús Terán Peredo”, no ha habido pronunciamiento alguno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El problema radica que al incrementar los cobros no sólo limita la actividad de los negocios, sino que los costos o precios finales se incluyen en los productos y servicios que reciben los clientes, que aún cuando se ofrezca que se hará el esfuerzo de no hacerlo, los usuarios del puerto aéreo no pueden cargar solos con las nuevas tarifas.

Es una consecuencia que afecta principalmente al que está en la última parte de la sucesión, clientela que puede frenar su relación y que tardará en volverla a reanudar, mientras tanto se tiene que trabajar mucho para rehacer el vínculo.

Existe preocupación entre empresarios, socios y clientes de esta entidad y de otras partes del país y el extranjero, debido a que sin previo aviso el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera la terminal aérea local, determinó un alza de 1,140%, que sale de toda proporción y no permite su manejo.

Pedro de la Serna informó que hasta antes del aumento un aterrizaje se cobraba en 35 pesos y hoy cuesta 435 pesos; una noche de estancia de avión costaba 65 pesos y ahora es de 720 pesos; en cuanto a la estancia de una aeronave durante un mes en el aeropuerto se pagaba 1,800 pesos y actualmente es de 21,800 pesos.

Mientras que en enero de 2015 hubo un alza moderada en todos los aeropuertos, ahora fue un golpe brutal y que por lo inesperado impactó la economía de los usuarios, que en ese caso son en su mayoría empresarios y ejecutivos que requieren este tipo de servicios.

El CCEA ya ventiló la inquietud, por lo que corresponde a la SCT y Profeco actuar y en caso de que exista autorización se de marcha atrás, teniendo en cuenta el porcentaje tan desproporcionado que no se aplica en ningún servicio o producto.

Para el público que no utiliza los servicios aeroportuarios podría parecerle un asunto que no le atañe, sin embargo quienes sí lo hacen por razones de traslado común y para mayor rapidez en los negocios, lo reflejan más tarde en los precios que llegan a los anaqueles y exhibidores, de ahí la importancia que las autoridades intervengan, evitándose la famosa y tan dañina espiral inflacionaria.

LA INFORMALIDAD PEGA

Aunque parece una frase muy trillada por el uso que le da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe estar presente en aquellas personas que tienen un ingreso y no pagan impuestos, porque quiérase o no estar en la informalidad los margina de cualquier beneficio que puedan recibir y por otra parte deben estar en permanente alerta para que no les decomisen la mercancía e inclusive puedan ser encarcelados.

De ninguna manera es una actitud ilegal o abusiva de la autoridad, en virtud que es una obligación establecida en la ley y no sólo eso sino que viene desde los tiempos bíblicos, en que era obligatorio pagar el tributo, de manera que no se puede argüir que es injustificada la actuación de auditores, inspectores o verificadores.

Aunque hay niveles, ya que unos lo hacen con una mínima inversión y otros al medio mayoreo y en gran escala, de cualquier manera todos son evasores, aplicándoles el correctivo según el porcentaje que eludieron al fisco.

En el caso de los transportistas de carga el hecho de no pagar tributo no pueden deducir de lo que pagan en combustible, el peaje de autopistas y no tienen acceso a créditos preferenciales para la compra de nuevas unidades, al igual que otros beneficios.

Asegura el ex líder nacional de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, que quienes tienen uno o varios vehículos y no están dados de alta en Hacienda pierden con el tiempo en competitividad, dado que sólo los carburantes y las autopistas representan el 60% de los gastos operativos.

De igual manera, en el combustible es deducible el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que está de manera fija en tres pesos con 44 centavos que podrán ser acreditados por litro durante 2016. Lo que hacen los informales es adquirir el Diesel en cualquier lugar ilegal, que ciertamente, tiene un costo inferior al oficial, pero con la deducción del IEPS el costo es similar y no se comete ningún delito.

Sobre el particular es importante mencionar que con las recientes reformas a la ley aumentaron los castigos a quien robe combustible, al que lo comercialice y quien lo compre, de manera que lo que hoy es un acto indebido se convierte en un delito que saldrá muy caro, ya que no sólo pueden perder la inversión sino que irán a parar a la cárcel.

Otro punto favorable para que actúen dentro de la legalidad es que pueden acreditar contra impuestos federales el 50% de los egresos que tienen por el uso de autopistas y tienen opción de participar en el programa de “chatarrización”, al serle admitido el camión viejo que será destruido a cambio del financiamiento y un bono aproximado de 280 mil pesos, lo que ninguna institución bancaria otorgaría a un camionero informal, lo mismo que pueden acreditar hasta el 8% de sus ingresos por gastos “ciegos”, esto es, alimentos, refacciones y reparaciones.

Asimismo, Díaz Ruiz mencionó en el caso de la deducibilidad se hacen contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e inclusive contra el IVA, lo que significa un apoyo para los conocidos como “hombre-camión”, por lo que reiteró la convocatoria para que quienes están en la informalidad se acerquen a las autoridades y eviten problemas.

En lo que se refiere a tianguistas y vendedores ambulantes que trabajan sin permiso o licencia corren el riesgo de perder la mercancía y si no comprueban el lugar en que la compraron quedarán a disposición del Agente del Ministerio Público para ser investigados. Hay quienes toman a la ligera lo que puede pasar, al afirmar que durante varios años han sabido “torear” a los verificadores, pero en algún momento se les acaba la suerte, en cambio si se inscriben en la Secretaría de Hacienda trabajarán sin la zozobra de estar siempre preparados para salir huyendo.

VÍNCULO SOLIDARIO

A partir de que oficinas gubernamentales eliminaron de su nómina a los empleados de limpia se otorgan contratos a empresas particulares, que se encargan de hacer esa labor, por lo que esos trabajadores no tienen ninguna relación laboral con las dependencias. Esto ha dado entrada para que se cometan abusos que van desde el despido injustificado hasta dejar de pagar una o dos quincenas y que luego desaparezca la empresa. El caso más reciente de 300 personas que hacen el aseo en las oficinas del INEGI replantea la urgencia de legislar sobre la materia y que quien otorga el contrato se convierta en patrón solidario, con lo que estarían a salvo los derechos de la mano de obra. Una vía sería que antes de firmar el convenio el contratista deposite una garantía que permita hacerle frente en caso de que surja un problema con los haberes. Además que se de aviso al Seguro Social e Infonavit para que los incorporen. Es ofensivo que cuando ocurre este tipo de situaciones nadie responda del daño económico y emocional que viven quienes cumplen con una tarea indispensable en cualquier lugar como es mantener la limpieza, por lo que es el momento que los legisladores federales intervengan y los diputados locales estén atentos al desarrollo de que se solucione en lo general esta situación.