Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

La creación de la Secretaría de Cultura en nuestro país ha generado importantes cuestionamientos respecto a sus alcances y beneficios esperados. Si bien aún falta conocer a detalle la manera en que ésta funcionará y la forma en que habrá de coordinarse con las demás dependencias de gobierno, las justificaciones en torno a su instauración y el contenido del decreto que ordena su entrada en vigor permiten fundamentar algunas reflexiones en la materia.

En general, existe coincidencia en torno a la idea de que el desarrollo de la cultura en nuestro país es deseable y de interés público; sin embargo, el esquema institucional que se propone muestra importantes limitaciones al revisar la visión que han mantenido de las autoridades mexicanas al respecto, sus prioridades y restricciones presupuestarias, así como los antecedentes de política pública en este importante tema.

Como ha ocurrido en muchos otros sectores durante la presente administración, el aspecto central que justifica la creación de la nueva secretaría se relaciona con la autonomía que ésta puede adquirir al mantener un nuevo estatus en el marco de la Administración Pública Federal. Se sostiene que al no conservar la dependencia que tenía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura podrá implementar una política con objetivos mejor definidos y acciones más sólidas que destaquen tanto la importancia de la cultura en el marco del sistema educativo, como su valor de forma complementaria e independiente de éste.

En el mismo sentido, se hace referencia a la capacidad que la nueva secretaría tendrá para coordinar a las múltiples dependencias vinculadas con la cultura que funcionan en la actualidad. Se cree que una instancia superior, podrá encauzar de mejor manera las labores que realizan dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. La lógica que subyace en los planteamientos anteriores tiene una justificación teórica clara que, no obstante debe cumplir con diversos requisitos para funcionar en la práctica.

Autonomía institucional, expresada en el marco legal, no necesariamente se transforma en autonomía operativa. La independencia que la Secretaría de Cultura ha adquirido de la Secretaría de Educación Pública podría resultar perjudicial si no se impulsa desde la Presidencia de la República una verdadera política cultural, con un esfuerzo presupuestario acorde y con el respaldo político necesario para su funcionamiento. Lamentablemente, en una época de austeridad y recortes, con importantes programas y proyectos pendientes, se vislumbra lejana la posibilidad de que estos aspectos sean abordados por el presente gobierno.

En lo que respecta a la visión administrativa de coordinación de funciones, se corre un enorme riesgo de fomentar el crecimiento de una estructura burocrática que además de ineficiente resulte onerosa. Sin duda, es posible crear un esquema funcional que trabaje de manera óptima, pero ejemplos recientes —como la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano— muestran que no se ha trabajado con mucho tino en la materia en años recientes.

La creación de la Secretaría de Cultura muestra más retos que oportunidades y, nuevamente, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto apuesta su prestigio a una propuesta que no era observada como un compromiso de su administración. Las razones que llevaron al actual gobierno a proponer la creación de la nueva secretaría no resultan claras para nadie, esperemos que el trabajo que se lleva a cabo para que dicha decisión genere buenos resultados sea tan sólido como la convicción que se mostró al proponer el proyecto.