Antonio Baranda y Héctor Gutiérrez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 18-Jun.- Especialistas y legisladores resaltaron la necesidad de que las autoridades federales y estatales fortalezcan sus mecanismos de combate al lavado de dinero.
Grupo REFORMA publicó ayer que sólo en los últimos dos años, el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado cuentas y bienes por al menos mil 222 millones de pesos a varios mexicanos que tejieron redes de corrupción en nuestro País.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, (hoy SEIDO), consideró que México está a la zaga en materia de incautación de bienes producto de actividades criminales.
“Nos falta mucho para lograr quitarle a los delincuentes todos los recursos que se han robado. Es realmente importante que el Gobierno trabaje muy duro en esa materia”, dijo en entrevista el especialista.
Agregó que México también debe hacer valer el acuerdo sobre compartimiento de bienes decomisados que tiene con Estados Unidos.
Se trata de un acuerdo entre la PGR y la Secretaría de Hacienda con los Departamentos de Justicia y del Tesoro de EU, sobre Compartimiento de Bienes Decomisados, firmado el 4 de septiembre de 2001.
“Siempre que los estadounidenses aseguran propiedades de los mexicanos, algo le toca a México. Entonces es muy importante que este acuerdo se siga respetando”, abundó.
En ese mismo sentido, el diputado federal Waldo Fernández, del PRD, sostuvo que las autoridades estatales tienen la obligación de recobrar parte de las incautaciones que se hacen en los Estados Unidos.
El legislador, quien es integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, explicó que la PGR y la SHCP han suscrito convenios internacionales que establecen que los países que hayan colaborado en las investigaciones de lavado de dinero tendrán el derecho a recibir una parte de los recursos confiscados.
“Es lamentable que este dinero que se queda allá, en Estados Unidos, no se recupere una parte en México, los convenios internacionales de lavado de dinero establecen que cuando se intercambia información entre naciones, las naciones que participan en el proceso de la localización de los fondos tienen un derecho a la participación de estos fondos”, refirió.
“Me parece que las autoridades tendrían que solicitar parte de estos, y la otra que no quede solo en un arreglo, son asuntos de interés público y me parecería que debiera en México investigarse a las personas que en Estados Unidos están siendo sujetas a proceso”.
El legislador perredista puntualizó que, debido a que en este caso los recursos no son federales, sino que provienen principalmente de Coahuila y la administración de Humberto Moreira, y en menor medida de Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas, las fiscalías estatales deberían de tomar un papel proactivo en las investigaciones, con la finalidad de recuperar parte del dinero.