Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

El gobierno federal ha retomado los temas del combate a la corrupción, el impulsar la ética en el servicio público y el prevenir el conflicto de interés. Ello a raíz de la polémica que surgió hace un año en torno a la adquisición de casas por parte de la esposa del presidente Peña y del Secretario de Hacienda, compradas a un contratista de los gobiernos del Estado de México y del federal (Grupo HIGA); de licitaciones poco claras en materia de obra pública como lo fue el caso del tren México a Querétaro que tuvo que ser cancelado; del caso de la empresa constructora española OHL involucrada en actividades de corrupción; y de una percepción generalizada de que la corrupción está incontenible en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes.

En este proceso se está reviviendo a una debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual había desaparecido con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013 y mantenida con vida mediante un artículo transitorio de dicha Ley. Para ello se nombró a su secretario ya que dicha Secretaría estaba en manos de un encargado del despacho; y se impulsaron las reformas constitucionales denominadas Reforma Anticorrupción. Sin embargo, el Congreso ha decidido posponer la discusión en torno a las leyes secundarias que den vida a estas reformas a pesar del clamor público de que se haga algo al respecto.

Mientras en el Congreso las reformas están detenidas, el nuevo Secretario de la Función Pública, el Mtro. Virgilio Andrade, publicó el pasado 20 de agosto un Acuerdo que tiene por objeto emitir un nuevo código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, las reglas de integridad y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones que favorezcan el comportamiento ético a través de comités de ética y de prevención de conflictos de interés. Los comités de ética ya existían en todo el gobierno federal pero ahora se les está dando la tarea de prevenir los conflictos de interés. Por otra parte, a fines de octubre se modificó el reglamento interior de dicha Secretaría y se creó la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Para encabezar a esta Unidad, el Secretario Andrade nombró al Mtro. Benjamín Hill quien es un experto en el tema.

Uno de los retos que enfrenta esta nueva Unidad es el cómo impulsar el tema de la ética cuando ni siquiera existe un estado de derecho. He mencionado en anteriores publicaciones, que las cifras de impunidad llegan al 98% de los delitos que se cometen. En materia de combate a la corrupción los resultados tampoco son halagüeños. La fiscalía anticorrupción cuenta con solo 40 ministerios públicos y consigna a alrededor de 25 averiguaciones previas al año (Fuente: Ensayo del Lic. César Chávez Flores en el proceso de selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción). Por lo que hace a las sanciones administrativas, en realidad no se castiga a la corrupción como tal, sino que lo que normalmente sancionan los Órganos Internos de Control, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación son las desviaciones del cumplimiento de la normatividad ocasionadas por negligencia, omisión, ignorancia o dolo, pero no necesariamente por actos de corrupción.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) no contempla la figura de actos de corrupción. Tampoco el Código Penal. Si bien algunas de las faltas al artículo 8 de esta Ley se pueden identificar como actos de corrupción (Ver http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2013/01/control-interno-y-combate-la-corrupcion.html) no se han tipificado como tales. No así en el caso del conflicto de interés que está definido en la fracción XII del Art. 8 de la LFRASP aunque su definición es limitada. Hace falta concretar las reformas anticorrupción a la brevedad posible para subsanar estas deficiencias.

¿Cómo impulsar la ética entre los servidores públicos? Lo primero que habría que enfatizar, aunque resulte obvio, es que cumplan con la Ley; que haya sanciones creíbles y palpables para quienes no lo hagan. Por ello el Código de Ética recientemente publicado por la SFP hace énfasis precisamente en que los servidores públicos cumplan con la Ley. El siguiente reto será que los comportamientos apegados a la ética se impulsen desde el nivel más alto. Quizá ayudaría para ello la creación de una Comisión Intersecretarial encabezada por el presidente Peña en donde se enfatice este mensaje con el ejemplo. Luego habrá que desarrollar tareas específicas para todos los comités de ética del gobierno federal a fin de que ayuden a crear un ambiente en las instituciones donde se premie el comportamiento ético. Finalmente, habrá que dar una gran capacitación a todos los servidores públicos sobre estos temas para que no haya dudas sobre lo que se espera de ellos.

La tarea por delante para la SFP y su nueva Unidad no será fácil. Tratar de impulsar comportamientos éticos cuando lo que se observa son altos niveles de corrupción, es un gran reto. Pero la tarea de concientización de los servidores públicos quizá pueda incidir en reducir esas prácticas que hoy se ven tan naturales y que están carcomiendo el tejido social como un cáncer. Ojalá tenga éxito.