El juez Primero de lo Familiar en el Estado, Mauro René Martínez de Luna, planteó la necesidad de que a nivel estatal se trabaje en un marco jurídico específico para el tema de la Sustracción Internacional de Menores, pues la entidad no cuenta con ello.

Al participar en la mesa de análisis sobre el tema, señaló que la finalidad principal es asegurar que las niñas y niños que se ven inmersos en el fenómeno de sustracción, sean integrados plenamente al estado y a su residencia habitual.

Durante el análisis realizado sobre el tema, efectuado en la Casa de la Cultura Jurídica, del Poder Judicial de la Federación, el juez de lo familiar recordó que todo caso de traslado ilícito de un mejor de un estado a otro, separándolo de su residencia habitual en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía su custodia, requiere de un procedimiento jurisdiccional.

Para ello hay leyes nacionales e internacionales aplicables en México, como la Convención de La Haya, sobre el tema en particular, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que data del año 1992.

Asimismo, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, sin embargo para casos específicos que se registren en menores del estado, no se cuenta con ninguna.

Si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis del rubro sostiene que en este procedimiento deben respetarse las formalidades esenciales para que el gobernado se defienda, luego, debe ser notificado, otorgarle el derecho de alegar, ofrecer y que se le desahoguen pruebas para que se dicte la resolución.

En ese sentido, el juez Martínez de Luna destacó que en esos casos la Secretaría de Relaciones Exteriores, como autoridad central, solicita al juez adoptar medidas y procedimiento disponibles para lograr la restitución del niño.

Y es que la propia Corte ha establecido que el interés superior del menor se ve protegido mediante la restitución inmediata a su lugar de origen, de tal forma que es conveniente impulsarse reformas al marco normativo para asegurar que esa integración plena a su residencia habitual se garantice con mayores elementos legales.