Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, la religión es un elemento fundamental de la condición humana, me atrevería a decir que es origen y esencia de la misma. Todo ser humano tiene esa irrestricta y legítima necesidad de creer en un ser supremo y guiar su conciencia como su vida conforme a los principios y mandatos que dicta esa divinidad. Ello implica la concepción de un derecho fundamental que tiene todo individuo y que es la libertad de culto religioso, prerrogativa que todos debemos gozar y que el Estado debe respetar y salvaguardar.

El Doctor Antonio Molina Meliá, en su ensayo titulado “Reflexiones en torno al concepto del Estado laico” (publicado en el libro titulado “Relaciones Estado-Iglesia, encuentros y desencuentros”, editado por la Secretaría de Gobernación en el año 2001), se refiere a la dimensión religiosa del hombre (“homo religiosus”) al mencionar que:

“…su influencia en la vida de los pueblos, de las más variadas culturas y civilizaciones, es inconmensurable… las convicciones religiosas sirven de identidad personal, de pauta de conducta y como proyecto de vida… la conciencia de la mayoría de la población está configurada, más o menos intensamente, por la fe religiosa…”

En ello radica la importancia de toda religión legalmente constituida, en ser quien muestra (y en algunos casos, impone) los criterios y pautas de conducta que orientan la vida pública y privada de las personas que la profesan. Es por ello que, en todo momento histórico, ha sido necesario determinar el ámbito de influencia de la religión con relación a los asuntos públicos de una colectividad, para fijar ciertos límites saludables que eviten que dicha injerencia ideológica trastoque los intereses supremos del Estado y su gobierno.

De ahí pues que surge la creación del Estado laico, el cual ha sido objeto de interminables debates sobre su concepción doctrinal y sus alcances normativos. En el caso de México, éste encuentra su fundamento constitucional en los artículos 24, 40 y 130 de nuestra Carta Magna, este último numeral comienza estableciendo que:

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley…”

Esta disposición constitucional determina los lineamientos bajo los cuales se hará efectiva esa separación del Estado mexicano y las iglesias de nuestro país, así como los criterios para normar las relaciones entre ambos, pudiendo sintetizarlos en dos puntos medulares:

  1. El Estado mexicano reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y las agrupaciones religiosas, absteniéndose de intervenir en la vida interna de las mismas.
  2. Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán participar en los asuntos políticos del Estado ni oponerse a las leyes o instituciones del país.

Este marco constitucional, hoy en día vigente, es producto de la reforma impulsada, en 1992, por el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y desde el Vaticano, por el Papa Juan Pablo II.

De todo lo anterior debemos concluir que la laicidad del Estado se funda en la libertad religiosa, entendida como un derecho humano consagrado en el artículo 24 de nuestra Ley Suprema, y el principio histórico de la separación absoluta entre Estado e iglesias previsto en el 130 constitucional, es decir, se debe desligar la política del doga y la norma civil del canon religioso. El Estado laico es, pues, un Estado de neutralidad e imparcialidad de lo político hacia lo religioso y viceversa.

En otras palabras, las instituciones públicas de nuestro país no deben tener injerencia en los asuntos internos de las agrupaciones religiosas y éstas no deben involucrarse en el ámbito político del Estado mexicano. Por el contrario, las iglesias deben avocarse exclusivamente a los temas relacionados con la espiritualidad de las almas y la orientación de las conciencias, mientras que las autoridades son responsables de la gobernabilidad, la paz social y la prosperidad de un pueblo. Es decir, cada quien tiene sus propias finalidades y motivaciones.

Y ello no es una cuestión de imposición ideológica sino que emana de un elemento básico de todo Estado que es la supremacía de sus poderes públicos, así como de un reconocimiento expreso de la función social de las iglesias. En el caso de la religión católica, la propia Biblia, en el evangelio de San Marcos (capítulo 12, versículo 17), hace referencia a la distinción de lo terrenal y lo divino, al decirle Jesús a un grupo de fariseos: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

Por otro lado, y haciendo un análisis de los acontecimientos actuales, es factible concluir que la jerarquía católica de nuestro país no ha estado a la altura de lo que le mandata la Constitución Federal, particularmente debido a la estrategia hostil y mediática con la que han buscado denostar a la figura presidencial, y me refiero a las recientes publicaciones hechas por la Arquidiócesis Primada de México en su semanario informativo denominado “Desde la fe”. Una de ellas, la del domingo 12 de junio (7 días después de los comicios electorales), titulada “Merecido voto de castigo”, en donde la iglesia católica afirma que “desde los tiempos aciagos del Presidente José López Portillo, la sociedad mexicana no había vuelto a vivir un saqueo de sus recursos como viene aconteciendo con en el actual gobierno”, y va más allá al señalar que “la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral (iniciativa presidencial en pro de los matrimonios igualitarios), ha reaccionado, y ha emitido un voto de castigo al Presidente y a su partido político”.

Aunado a ello, en la edición del pasado domingo 17 de julio, la Arquidiócesis publicó el artículo titulado “Reformas, un barco que hace agua”, en el cual proclaman que “en México se acentúan profundas brechas de desigualdad e injusticia, poniendo en tela de juicio esas reformas estructurales que están haciendo agua”.

Lo anterior acredita fehacientemente que el clero católico mexicano tiene un afán desmedido por ser partícipe de la vida política de nuestro país. Una cosa es hacer un llamado a la conciencia colectiva de las condiciones actuales en las que vive México y otra el hacer una crítica directa e insana al Presidente de la República, titular de uno de los tres Poderes de la Unión, y peor aún, mofándose del fracaso electoral del partido político en el que milita éste y, de forma velada, celebrando el triunfo del instituto político con el que históricamente ha coincidido la jerarquía católica de nuestro país, lo cual, a todas luces, violenta la esencia de cualquier Estado que pretenda ser laico.

A todo ello, habría que abonarle la actitud irresponsable y simplona con la que el Obispo de Aguascalientes aborda algunos de los temas públicos controvertidos, pareciéndose más a un inquisidor moderno que a un pastor religioso. Se entiende la claridad con la que busca transmitir sus mensajes pero es inadmisible e impropio de una persona que debiera servir de modelo para los cristianos, conducirse de una manera tan intolerante que a los homosexuales los compare con los “perros”, que al Presidente le reclame “haberla zurrado” y “que tenga poca madre”, o que al Secretario de Gobernación lo tache de “partidor de madres”.

Por este tipo de conductas ajenas a la vocación diocesana y debido a la disfrazada campaña para la defensa de la familia “natural” que intencionalmente desplegó el clero durante la pasada campaña electoral, es que hoy, más que nunca, se cuestiona la vigencia del Estado laico en nuestro país. No hay que perder de vista que los comicios locales del pasado domingo 5 de junio fueron impugnados, en buena parte, por estas actuaciones irregulares de la jerarquía católica local, con el auxilio de sus ministros de culto y su grupo de voceros “laicos”.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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