La aprehensión de delincuentes que han tenido lugar a últimas fechas por grupos de habitantes de la ciudad de Aguascalientes no se ha concretado con entregarlos a la policía, sino que antes les propinan una golpiza sin que se conozca si fueron hospitalizados, pero que para los apologistas de esta medida es el castigo que merecen.

El asunto estriba en que si ya se dio el primer paso y no hay consecuencias legales, el siguiente será el linchamiento, algo que jamás se ha dado en esta entidad y que sin embargo es una amenaza latente, toda vez que quien está enfurecido no mide las consecuencias y no para hasta saciar su sed de venganza.

La casi centenaria Constitución General de la República, en su Artículo 17, establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho”, por lo que bajo ninguna circunstancias se justifica que golpeen al ladrón y tampoco que lo retengan más del tiempo necesario en avisar a la autoridad, para que ésta se haga cargo del capturado (en los casos de flagrante delito cualquier persona puede aprehender a un delincuente y a sus cómplices y sin demora debe ponerlos a disposición de la autoridad inmediata, señala el Artículo 16).

Alentar, influir y apoyar a que previo a la llegada de los gendarmes se le de una “calentadita”, al ser sorprendidos cuando pretendían robar un vehículo, una batería o en un domicilio, o ya habían consumado el delito, es propiciar que se reedite aquí lo que sucede en varios poblados del Estado de México, Puebla y Michoacán y que incluso se llegue al asesinato de inocentes, como ocurrió hace unos meses con un par de hermanos encuestadores que presuntamente alguien dijo que eran secuestradores, o de los policías federales que hacían una investigación en una comunidad de la delegación capitalina de Tláhuac y fueron muertos por la turba al calificarlos de “sospechosos”.

Después de la tunda que le inflingieron hace unas semanas a un presumible malhechor y que no hubo efectos legales en contra de los ciudadanos aprehensores, se volvió a repetir la escena con otro, lo que fue festejado por algunos medios con el argumento que si la policía no actuaba la sociedad tenía derecho a tomar la justicia con propia mano.

El secretario de seguridad pública municipal, Pablo Godínez Hernández, reconoció que en 2015 se dieron dos casos y en lo que va de este año uno, aunque días después de su declaración hubo otro, por lo que sin rechazar esas medidas dijo que “golpearlos y retenerlos no se debe hacer, porque en determinado momento puede tener una responsabilidad legal ante una situación de que vayan a incurrir en un delito por darle una golpiza bastante fuerte. La recomendación que les hago es que si nos avisan de forma oportuna estamos en nuestra mejor disposición de multiplicar nuestro esfuerzo y llegar oportunamente para que ningún ciudadano se llegue a comprometer”.

El funcionario sólo pide que no le den una paliza “bastante fuerte”, por lo que cabría cuestionar cuál es el punto intermedio de la golpiza en que intervienen varios individuos contra uno. La Ley Suprema es muy clara, al citar que nadie puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para exigir un derecho, por consiguiente no cabe ni siquiera unos cuantos golpes.

Lo que hace falta es que la corporación policíaca cumpla con el compromiso de que en tres o cuatro minutos estará en el lugar de un acto delictivo, que pase de las promesas a los hechos para que los aguascalentenses sientan que están protegidos en su persona y sus bienes.

De poco sirve la espectacularidad, al arribar cinco o más patrullas y varios elementos en bicicleta y motocicleta después que se cometió un asalto, cuando los ladrones les llevan una ventaja de quince minutos y hasta media hora, en que fácilmente pueden estar al otro extremo de la ciudad, mientras le hacen al Tío Lolo recorriendo el sector tratando de ubicarlos.

Es elemental que en lugar de concentrarse en un solo punto se despliegue un operativo que abarque toda la mancha urbana, en el que participen todos los uniformados en el lugar que tienen asignado, que sin salirse de su área podrían detectar al o los maleantes, pero en lugar de ello se prefiere dar consejos que salen de toda lógica.

Que no se eche en saco roto: aún es tiempo de evitar una ejecución por ciudadanos furibundos, que aún cuando atrapen al ratero en plena faena deben entender que hacerle daño puede traerles consecuencias legales, que por cierto hasta el momento se han pasado por alto.

ATIBORRAN AL IMSS

Todo es cuestión que alguien comience para que otros sigan su ejemplo, por lo que si en el Estado de México ya se afilió a 500 mil estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social, no debe tardar en que se haga aquí, lo que vendría a incrementar los problemas de atención.

Aunque está en construcción el tercer hospital general, ubicado en Jesús María, a estas alturas resultará insuficiente ante el crecimiento que registra el número de asegurados y sus dependientes, por lo que si se llega a adoptar esa medida tendría que acelerarse la creación de un cuarto nosocomio y más unidades de medicina familiar.

El pasado 26 de enero el gobernador de Edomex, Eruviel Ávila Villegas, anunció que 509 mil alumnos de nivel medio superior y superior que acuden a centros escolares de la entidad fueron incorporados al IMSS, por lo que a partir de marzo podrán recibir atención médica y contarán con medicamentos totalmente gratis, además, en caso de ser necesario, podrán ser intervenidos quirúrgicamente.

Es una medida que tiene sustento en el Decreto expedido por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de fecha 14 de septiembre de 1998, por el que se incorpora al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social, y en el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1987.

Por alguna razón los gobiernos estatales y federal tardaron casi tres sexenios en desempolvar ese mandato, que por una parte beneficia al estudiantado de todo el país y por otra pone en serios aprietos al Seguro Social, que le puede pasar lo que a los servicios hospitalarios de las entidades, que con el Seguro Popular aumentaron los servicios pero no la infraestructura y el personal.

RIVALIDAD INTERMINABLE

El enfrentamiento que sostuvieron las porras de San Luis Potosí y Aguascalientes la noche del sábado, afuera del estadio potosino, luego que el Necaxa le ganara al equipo anfitrión, es una muesca más que no debería asombrar. Desde tiempos lejanos era algo común entre beisbolistas al grado que hay quien recuerde que al término de un partido salieron los aguascalentenses escoltados por policías hasta los límites con Jalisco y años después la escena se repitió, pero con las Cebras de futbol de la tercera división. En la parte local ocurría algo similar, como aquella ocasión en que afuera del campo del Deportivo Ferrocarrilero les “llovieron” ladrillazos a los cuatro autobuses en que se disponían a regresar los tuneros, obligando a tirarse al piso y así avanzaron las unidades por la Calzada Revolución hasta que pudieron escapar de la “furia” de los aficionados. Lo que cabe es que, para evitar que tomen venganza cuando acudan al Estadio Victoria, se disponga de suficientes elementos policíacos y los custodien desde su llegada hasta que salgan de la ciudad, tomándose las disposiciones necesarias para evitar que a la salida coincidan ambos grupos, que fue justamente lo que sucedió esta vez en San Luis..